Más de 6 millones a 177 candidaturas ganadoras
El Consejo General del INE impuso multas por 6.3 millones de pesos a 177 personas candidatas que resultaron electas en la reciente elección judicial, debido a su aparición en los llamados “acordeones”, tanto impresos como digitales, que fueron utilizados para orientar el voto en diversos niveles: federal y local. Las sanciones alcanzan a quienes integrarán la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como otros cargos en Salas Regionales, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
En una votación dividida, el INE también acordó amonestar públicamente a las candidaturas no electas que también aparecieron en los acordeones, aunque por mayoría se rechazó imponerles sanciones económicas equivalentes al 5% del tope de gastos de campaña.
Las multas a los ganadores fueron calculadas con base en el 10% del tope de gastos aplicable a cada contienda, ajustadas según la capacidad económica individual, lo que provocó que incluso aspirantes al mismo cargo enfrentaran montos distintos. En los casos donde las sanciones superen la solvencia del sancionado, podrán pagarse en plazos definidos por la Unidad Técnica de Fiscalización. De no cubrirse, se turnarán al SAT para su cobro.
Corte completa, sancionada
En el caso de la Suprema Corte, toda su próxima integración fue multada doblemente por figurar tanto en listas impresas como en versiones digitales. Las sanciones más elevadas fueron:
- Loretta Ortiz: $255,017
- Yasmín Esquivel: $190,980
- Irene Herrerías: $138,030
- María Estela Ríos: $125,811
También figuran:
- Giovanni Figueroa: $94,358
- Lenia Batres: $89,380
- Arístides Guerrero: $80,555
- Hugo Aguilar (presidente entrante): $79,424
- Irving Espinosa Betanzo: $79,198
Divisiones en el Consejo
La consejera presidenta Guadalupe Taddei votó en contra del proyecto sancionador, al considerar que carece de respaldo legal. Cuestionó el uso de topes de campaña para establecer multas en este tipo de elecciones y anticipó que la resolución podría ser revertida por el Tribunal Electoral.
“No hay fundamento jurídico para imponer este tipo de sanciones. Esta medida podría resultar más dañina que útil para la credibilidad del Instituto”, expresó.
Otros consejeros advirtieron sobre la gravedad de los hechos. Jaime Rivera señaló que la masiva distribución de los acordeones no pudo haberse dado sin el apoyo de actores poderosos como partidos políticos, gobiernos, organizaciones gremiales o incluso el crimen organizado, todos prohibidos de intervenir en elecciones judiciales.
Aunque la Unidad Técnica de Fiscalización no logró determinar quién financió ni organizó la impresión y reparto de los materiales, Rivera pidió que la Fiscalía Electoral asuma la investigación, dada su mayor capacidad.
Por su parte, Uuc-kib Espadas subrayó que los acordeones, aunque no definieron por sí mismos el resultado, sí generaron beneficios ilegítimos:
“No hay acordeones mágicos… pero tampoco podemos fingir que no existieron ni que no influyeron”.
Consejeras como Claudia Zavala y Norma de la Cruz apuntaron a la falta de tiempo para investigar a fondo. La Unidad sólo tuvo mes y medio para revisar los hechos, lo que limitó el alcance de las indagatorias.
Zavala fue enfática:
“Es inaceptable que, pese a que otras autoridades sí identificaron responsables de la distribución, el INE no actúe con la seriedad necesaria. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante una posible violación grave al sistema electoral”.
En contraste, Norma de la Cruz cuestionó que las sanciones solo se apliquen a candidaturas ganadoras y a quienes aparecieron en determinados formatos de propaganda, lo que, a su juicio, vulnera el principio de legalidad.
