Renovar la democracia sin destruir la institucionalidad
Diana Gabriela Campos Pizarro
Especialista en Mediación y MSC por la UNAM. Medidora Privada certificada y con fe pública. Máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesora de asignatura en la UNAM en materias de MASC, Acto Jurídico y Personas. Fundadora del Colectivo Soluciones Pacíficas y Colaborativas.
Hoy lo electoral parece paralizarlo todo, como si la vida nacional dependiera únicamente de las urnas. Es una ceguera institucional guiada, diseñada desde el poder para convertir al país en un carrusel político, donde las élites giran a su antojo y la ciudadanía queda atrapada en un mareo político.
Pero aún en el mareo ciudadano inducido, no podemos dejar de observar que la atención prioritaria de este gobierno debe ser la seguridad pública: sin el efectivo derecho y protección del Estado, todos los demás derechos se hacen nugatorios. Garantizar condiciones óptimas de seguridad es condición indispensable: de ello dependen no solo las elecciones de 2027, sino la vida misma de mexicanas y mexicanos, así como la posibilidad de que las elecciones vuelvan a ser una auténtica fiesta democrática y un cauce para el desarrollo económico y social del país. Sin condiciones mínimas de seguridad, cualquier reforma electoral o la implementación de MSC carecerá de eficacia real y se convierte en un ejercicio meramente formal, cuando no en un cosmético caro y de moda que maquille la crisis sin resolverla.
Frente a este escenario, se requiere un proyecto político conjunto que devuelva legitimidad a la acción ciudadana y abra un nuevo cauce democrático en México. No se trata de esfuerzos aislados ni de parches a la Constitución o a las leyes electorales, sino de una transformación de fondo. Solo un proyecto de esa magnitud puede romper la inercia de simulaciones y devolver sentido a la participación social.
No pretendo ofrecer una visión exhaustiva, tarea que excede los límites de este ejercicio académico. Mi propósito es aportar elementos que abran un cauce democrático distinto, sustentado en la legitimidad pública y en la posibilidad real de que los Mecanismos de Solución de Conflictos (MSC) fortalezcan la vida democrática. Las reflexiones y propuestas aquí presentadas se apoyan en dos décadas de trabajo en materia electoral y en la práctica profesional de los MSC.
Así que agradezco a JURISTA por este espacio en donde hago un diagnóstico, y analizo la oportunidad de los MSC, la reforma electoral con MSC, los principios no negociables, las propuestas indispensables y posibles líneas de acción.
I. Diagnóstico
El sistema político mexicano enfrenta una crisis de legitimidad marcada por la opacidad y la captura institucional. Los acuerdos políticos se fraguan al margen de la ciudadanía, en componendas entre élites partidistas que han vaciado de contenido democrático a la política y reducido a las personas a meros espectadores pasivos. El partido en el poder ha asumido una paternidad colectiva, proclamándose voz única de la voluntad popular, mientras una gran parte de la práctica electoral se sostiene en mecanismos clientelares y otra parte en la influencia corrosiva del dinero ilícito.
La fragilidad institucional se refleja en autoridades electorales debilitadas y manipuladas, lo que refuerza la percepción de un callejón sin salida. Frente a este déficit democrático, surge la pregunta urgente: ¿cómo transformar la negociación política en un proceso abierto, transparente y sujeto a reglas? La transición democrática creó organismos electorales especializados e independientes, que en su momento dotaron de transparencia y legitimidad a los procesos electorales. Ese legado, aunque hoy debilitado, constituye una base indispensable para reconstruir la confianza ciudadana y revertir la regresión democrática.
El intento fallido de la reciente reforma electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum —incluido el llamado Plan B, aún sujeto al regateo político en las cámaras al momento de escribir estas líneas— evidencia la desintegración política y demuestra que incluso el partido en el poder requiere diálogo y apertura, bajo condiciones previas claras y no negociables. Este fracaso no constituye un episodio aislado, sino un síntoma de cómo la fragilidad institucional se traduce en riesgos para la estabilidad democrática: la naturaleza, composición y actuación de un organismo electoral pueden determinar si unas elecciones se convierten en fuente de cambio pacífico o, por el contrario, generan una grave inestabilidad. Cuando la administración electoral carece de autonomía, credibilidad o capacidad técnica, los actores políticos recurren a otras formas de lucha para conquistar el poder, con el consiguiente riesgo de polarización, conflicto y violencia.
En este contexto, surge la prueba del ácido para los partidos políticos: las organizaciones partidistas enfrentan el dilema de renovarse o morir. La democratización interna se vuelve condición indispensable para su supervivencia, y una vía concreta es la incorporación de los MSC en sus estatutos internos. Solo así podrán garantizar procesos de deliberación abiertos, resolver conflictos internos con imparcialidad y recuperar legitimidad frente a la ciudadanía. La reforma electoral no puede limitarse a las instituciones estatales; debe alcanzar también a los partidos, que son actores de la vida democrática.
II. Oportunidad de los Mecanismos de Solución de Conflictos (MSC)
Los MSC forman parte del catálogo de derechos humanos y no pueden considerarse “alternativos”, pues los derechos son irrenunciables. Su valor central reside en colocar a las personas en el centro de las soluciones y fortalecer a las comunidades como espacios de justicia viva. En este sentido, resulta indispensable que los MSC se diseñen para fortalecer la cohesión comunitaria mediante acuerdos que reflejen necesidades y valores sociales, garantizando la participación efectiva de la ciudadanía.
No basta con dejar los procesos en manos de partidos o autoridades, pues ello equivaldría a que la persona mediadora y el abogado patrono del mismo conflicto coincidieran en un solo rol, anulando cualquier garantía de imparcialidad y equilibrio. Toda persona debe tener la posibilidad de acceder, estar presente e incidir en las mediaciones y mesas de diálogo, con derechos de información, observación y participación que refuercen la voz pública y recuperen la confianza ciudadana.
En este marco, los Comités de Acción Ciudadana (COPACOS) [1]—órganos de representación vecinal en cada unidad territorial de la CDMX, encargados de consultar y canalizar los intereses colectivos— pueden convertirse en espacios piloto para ensayar modelos de MSC electorales con legitimidad comunitaria y participación directa.
III. Reforma Electoral con MSC
La inserción de los MSC en el ámbito electoral exige condiciones institucionales y normativas claras. De acuerdo con la legislación vigente, las reformas deben realizarse antes del inicio del proceso electoral de 2027. Si existe una propuesta ética y verdaderamente democrática, el cambio normativo debe hacerse con precisión técnica, evitando vacíos legales o interpretaciones discrecionales. Lo ideal sería, como he venido señalando, diseñarlos como espacios de legitimidad comunitaria y participación directa. Sería un grave error repetir la experiencia de la Reforma Judicial del 2024. Los MSC deben probarse primero en ámbitos locales y comunitarios, con protocolos claros y observación ciudadana, antes de escalarse a nivel nacional.
El reto es renovar nuestra democracia observando principios esenciales: independencia e imparcialidad en las decisiones, eficacia en la gestión de los procesos, profesionalidad en los equipos que los conducen, resolución rápida y equitativa de las disputas, y transparencia como garantía de confianza pública. Solo así podrá generarse un movimiento social capaz de cambiar el rumbo del país, con la apertura del poder a la escucha activa de la ciudadanía. Se trata de renovar la democracia sin destruir la institucionalidad, obligando al poder a reconocer que la ciudadanía es el verdadero contrapeso en una democracia participativa. Apostar por un poder absoluto ya no es posible: la legitimidad depende de la apertura, la rendición de cuentas y la capacidad de dialogar con la sociedad.
IV. Principios No Negociables y Parámetros Indispensables
La democracia mexicana solo puede renovarse si se observan parámetros indispensables que no admiten negociación. Entre ellos:
1. Restricción de los períodos de precampaña: los llamados “coordinadores” o “precandidatos” deben actuar dentro de los tiempos que marca la ley, evitando simulaciones que vulneran la equidad.
2. Fiscalización estricta del dinero: sin controles efectivos, los recursos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado contaminan la competencia electoral y destruyen la confianza ciudadana.
3. Libertad de expresión irrestricta: lo público debe ser más público y lo privado más privado. Cualquier intento de limitarla erosiona el debate democrático y debilita la posibilidad de que la ciudadanía ejerza plenamente sus derechos políticos.
4. Paridad de género sustantiva: no basta con candidaturas testimoniales; se requiere garantizar espacios efectivos de representación y decisión para las mujeres.
Estos parámetros no son accesorios ni complementarios: constituyen puntos de inflexibilidad que marcan la diferencia entre elecciones democráticas y procesos meramente formales. Porque los MSC no son una varita mágica: representan solo una de las muchas mejoras que podrían comenzar a trazar caminos más amplios hacia la justicia.
Y reitero, junto con su implementación, debe renovarse la atención a temas urgentes como la seguridad pública, la salud, el empleo y otras necesidades inmediatas. Solo así podrán volver a levantarse los cimientos de un nuevo pacto social entre las y los mexicanos. Reestablecer el Estado de Derecho, recuperar el imperio de la ley, garantizar transparencia, planeación y fiscalización son tareas ineludibles para que la democracia mexicana deje de ser un simulacro y se convierta en una realidad compartida.
V. Posibles Líneas de Acción
En el camino hacia una democracia renovada, es necesario establecer líneas de acción concretas que delimiten con claridad los alcances de los MSC electorales y sus límites:
1. Definir protocolos claros: establecer qué casos son mediables y cuáles no. En situaciones de violencia política en razón de género, debe existir corresponsabilidad institucional y mecanismos de respuesta rápida. Los MSC no pueden sustituir la obligación del Estado de proteger a las víctimas, pero sí puede complementarse con procesos de justicia restaurativa para la reparación simbólica y material.
2. Sesiones informativas para los MSC: promover espacios de capacitación y difusión que fortalezcan la comprensión ciudadana de los MSC electorales. No debe imponerse como condición de procedencia, pues hacerlo sería inconstitucional y repetiría errores del pasado, como el requisito del “escrito de protesta” en casilla para el juicio de inconformidad, que restringió injustamente derechos políticos.
3. Reconocimiento de las acciones colectivas: consolidar la validez de experiencias comunitarias como la del caso Cherán, resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral, que abrió la puerta a formas comunitarias de participación política. Los diálogos comunitarios y círculos de paz pueden dar cauce a este renovado constructo de nuestros pueblos originarios.
4. Implementar MSC con perspectiva de género: garantizar que las mujeres tengan espacios reales de éxito y acceso a lugares públicos de decisión. No deben ser simulaciones, sino oportunidades efectivas que aseguren representación sustantiva y equitativa.
A modo de conclusión y ya para cerrar, los MSC pueden ser el antídoto contra la democracia “en lo oscurito”, solo si se insertan con reglas que prioricen transparencia, participación ciudadana, control jurisdiccional y protección de personas vulnerables. La Ley General de MSC ofrece la base normativa; la tarea pendiente es traducirla en protocolos, centros especializados, registros públicos, certificación de personas mediadoras o facilitadoras públicas y privadas, mecanismos de ejecución y sistemas de observación ciudadana que impidan que los MSC se convierta en una nueva forma de blindaje de élites. La elección de 2027 será una prueba de estrés para nuestras instituciones: si apostamos por los MSC en materia electoral con garantías democráticas, pueden contribuir a recuperar legitimidad; si no, será otra herramienta para negociar en lo oscurito. Es hora de que los acuerdos políticos se hagan de cara a la sociedad.
Los MSC electorales deben plantearse como participación abierta, transparente y con respeto irrestricto a la ley. No son cabildeo ni componenda. Si se diseñan con principios democráticos y garantías —incluida la incorporación formal de la observación ciudadana y la reforma urgente de la administración electoral—, los MSC pueden devolver a la ciudadanía un papel activo en la resolución de conflictos electorales y fortalecer la confianza en la política.
En última instancia, está en juego la vida democrática del país y, para algunos partidos, incluso su propia sobrevivencia. La disyuntiva es clara: democratizarse o desaparecer. Aquellos que no logren evolucionar con la sociedad y atender sus necesidades quedarán fuera del cauce histórico, incapaces de sostener su legitimidad en un México que exige instituciones vivas, abiertas y responsables.
[1] COPACO | Plataforma Digital de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México
