Magistrado Gilberto Constituyente, del Tribunal Electoral de Veracruz.
*Candidatos piden intervención del Ministerio Público
*Refieren fraude estructural en elección de magistraturas.
08/07/2025.
Xalapa, Veracruz.- Por inconformidad con los resultados de la elección judicial estatal, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) ha recibido 38 medios de impugnación los cuales se centran en el actuar del Organismo Público Local Electoral (OPLE) cuyas omisiones y fallas no reparables antes, durante y después de la jornada electoral, derivaron en inconsistencias graves en los cómputos, alteración de actas, falta de custodia en paquetes electorales, y prácticas que vulneraron la equidad de la contienda.
Una de las impugnaciones señala irregularidades en el proceso de elección de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y evidencia un esquema sistemático de manipulación electoral que, medió dolo en el escrutinio y cómputo para beneficiar a algunos candidatos lo que fue determinante para el resultado de la votación.
La impugnación señala discrepancias flagrantes entre el número de votantes registrados y la cantidad de votos computados en las actas de varias casillas mientras que, en algunos centros de votación, los votos registrados superaron a la cantidad de personas que efectivamente acudieron a sufragar, situación que consideran determinante en el resultado de la contienda, y que favorecieron a dos candidatos, uno de ellos Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, esposo de María Fernanda Sánchez Rubio, consejera del OPLE de Veracruz.
De acuerdo al análisis presentado en la impugnación, las casillas donde resultaron ganadores algunos candidatos, reportaron una participación ciudadana atípica —entre el 30% y el 33%— mientras que el promedio estatal fue apenas del 19%. Además, se detectó que, en esas mismas casillas, cerca del 20% de las boletas contenían votos nulos, en contraste con solo el 2% en las casillas donde hubo otros ganadores.
La impugnación destaca qué, esta anomalía no sólo fue estadística, sino que en las transmisiones oficiales del OPLE y videos en redes sociales se evidencian patrones de voto altamente improbables, tales como coincidencias exactas en los votos emitidos por múltiples candidaturas y una distribución uniforme e idéntica entre boletas en centros de votación con características muy distintas entre sí. “Es estadísticamente imposible que un patrón tan homogéneo ocurra sin una intervención directa del órgano electoral”.
Una de las acusaciones más serias gira en torno al uso ilegal de boletas en blanco y es que el documentos detalla que de acuerdo a testimonios de integrantes de consejos municipales habilitados, boletas previamente separadas por no contener votos fueron posteriormente encontradas ya marcadas a favor de los candidatos 5, 8, 38 y 40 de La elección de magistraturas del Poder Judicial, alteración que habría ocurrido fuera del horario de la jornada electoral y sin presencia de notarios públicos, lo que pone en duda la legalidad de los resultados asentados.
Se menciona también que se detectó que en el 60% de las casillas ganadas por los candidatos Rodrigo Edmundo Galán Martínez y Máximo Lozano Ordoñez, hubo un 12% de boletas en blanco, mientras que en las casillas donde otro candidato resultó triunfador, sólo el 0.2% estaban inutilizadas, lo cual “refuerza la hipótesis de manipulación”.
Otra arista señalada como preocupante es la supuesta reconfiguración del sistema de cómputo del OPLE, que habría operado de forma inversa: distribuyendo votos desde un resultado deseado hacia las actas para simular legitimidad y que esta mecánica se habría evidenciado con la “caída del sistema”, momento tras el cual los resultados favorecieron de forma definitiva a los mismos candidatos que lideraban previamente, con cifras prácticamente idénticas.
Destaca el documento un hecho importante: el que, la consejera María Fernanda Sánchez Rubio, integrante de la Comisión de Innovación del OPLE y esposa de uno de los candidatos beneficiados, habría dejado de participar activamente en sesiones clave mientras que en las sesiones en las que sí intervino lo hizo sin cámara, en una actitud que califican como “inédita y sospechosa”.
La impugnación señala irregularidades casilla por casilla, detalla fechas, horas, situaciones, nombres de los involucrados, beneficiados y pide al Tribunal Electoral de Veracruz, la nulidad de las casillas donde se documentaron las irregularidades, la revocación del acta de cómputo de Consejos Municipales Habilitados, la realización de una elección extraordinaria para la Sala Constitucional y demás cargos masculinos involucrados así como dar vista a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General del Estado y, en su caso, a la Fiscalía General de la República por posibles delitos electorales cometidos por los consejeros del OPLE.
El documento de impugnación señala como directamente responsables de las irregularidades a los integrantes del Consejo General del OPLE: Marisol Alicia Delgadillo Morales, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez, Fernando García Ramos y María Fernanda Sánchez Rubio, quienes —según la denuncia— habrían permitido la alteración dolosa de los resultados electorales mediante la omisión deliberada del informe sobre boletas sobrantes, lo cual permitió su uso indebido.
La impugnación refiere que lo ocurrido no puede explicarse por errores humanos ni por simples fallas del sistema. Sino que se trata de una “arquitectura digital del fraude” diseñada desde dentro del organismo electoral, con una finalidad clara: alterar la voluntad ciudadana.
“La verdad matemática no se impone; se descubre. Y cuando los números se ordenan de forma idéntica en geografías distintas, el fraude se delata a sí mismo”, señala la impugnación.
De acuerdo a declaraciones del magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, Gilberto Constituyente, del total de impugnaciones, 32 son recursos de inconformidad; 23 de los cuales son en contra de resultados de Consejos Municipales Habilitados mientras que 6 corresponden a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
La decisión está en manos del Tribunal Electoral que, deberá determinar si basados en las impugnaciones se revierte el resultado o si los valida, aunque debe recordarse que existe una segunda instancia que será la que resuelva de forma definitiva en caso de que los inconformes no acepten el resolutivo de la primera instancia.
Mientras tanto el OPLE se prepara para atender los cientos de señalamientos que se le hacen y por esta razón, ayer martes personal de la Secretaría Ejecutiva, así como de las direcciones de Asuntos Jurídicos y de Organización Electoral del OPLE Veracruz, se reunieron los magistrados que integran el Tribunal Electoral. De acuerdo a la difusión que hizo el TEV, el objetivo fue “establecer lazos de colaboración interinstitucional para la debida sustanciación de los medios de impugnación”.
