El último clavo al ataúd de la justicia
José Manuel de Alba de Alba
Magistrado en retiro forzado
Hay reformas que cambian instituciones. Otras sólo cambian el discurso.
Artículo
El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Veracruz pretende convencer a los veracruzanos de que la nueva iniciativa representa un perfeccionamiento de la reforma judicial federal. Afirma que incorpora las lecciones aprendidas, fortalece la democracia, profesionaliza la judicatura y consolida un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía.
Sin embargo, una lectura crítica del documento conduce a una conclusión distinta. La iniciativa no corrige los errores de la reforma de 2025. Los reproduce. Y, en algunos aspectos, los profundiza. No estamos frente a una nueva reforma judicial. Estamos frente al maquillaje constitucional de una reforma que ya demostró sus deficiencias.
Cuando el diagnóstico es incorrecto, la solución también lo será.
Toda política pública comienza con un diagnóstico. Si un médico diagnostica equivocadamente una enfermedad, difícilmente acertará con el tratamiento. Lo mismo ocurre con las reformas constitucionales.
El dictamen parte de una premisa nunca demostrada: que los problemas del Poder Judicial se solucionan modificando la forma en que se eligen los jueces. Pero jamás responde la pregunta esencial: ¿era realmente ese el problema de la justicia en Veracruz?
Los ciudadanos no reclamaban elecciones judiciales. Reclamaban procesos más rápidos, sentencias oportunas, expedientes electrónicos funcionales, menos formalismos, audiencias eficaces, menos corrupción y mayor calidad técnica. Nada de eso constituye el eje central de la iniciativa.
Cambian el maquillaje, no el modelo. El dictamen anuncia nuevos comités, una Comisión Coordinadora, reglas de paridad, calendarios distintos y procedimientos de evaluación. Todo ello puede modificar la administración del proceso electoral, pero no modifica el problema estructural: la idea de que la elección popular producirá mejores jueces continúa sin demostrarse.
Las campañas judiciales, la escasa información disponible para el electorado, la circulación de listas de voto conocidas popularmente como ‘acordeones’ y las dudas sobre la preparación de diversos candidatos generaron un amplio debate público. Frente a ello, lo esperable habría sido una evaluación rigurosa del modelo. El dictamen no la ofrece.
La justicia no se construye con campañas. Un gobernante necesita convencer; un juez necesita decidir conforme a la Constitución. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía de los ciudadanos.
Quizá la mayor debilidad de la iniciativa sea aquello de lo que no habla. Una verdadera reforma judicial debería preguntarse cómo hacer los juicios más rápidos, sencillos y eficaces, cómo incorporar plenamente la justicia digital, cómo reducir el exceso de formalismos y cómo asegurar el cumplimiento oportuno de las sentencias. Sobre esos temas, el dictamen guarda silencio.
La política invade nuevamente a la justicia. Podrán cambiarse los filtros y calendarios, pero mientras el acceso a la judicatura dependa de una competencia electoral, la dimensión política seguirá formando parte del sistema.
El dictamen afirma haber aprendido de la experiencia del primer proceso electoral judicial, pero no presenta estudios, indicadores ni evaluaciones que permitan verificar esa afirmación.
La justicia mexicana necesita reformas, pero dirigidas al ciudadano: procedimientos sencillos, tecnología, capacitación, carrera judicial sólida, sentencias comprensibles, mecanismos eficaces de ejecución y una independencia judicial capaz de proteger los derechos incluso frente al poder político.
Las constituciones son pactos de confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Mientras los verdaderos problemas de la justicia permanezcan sin atender, cualquier reforma que concentre el debate exclusivamente en la forma de elegir jueces corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de ingeniería política y no de transformación judicial.
Porque la justicia no mejora cambiando las urnas. Mejora cuando el ciudadano obtiene una resolución pronta, imparcial, técnicamente sólida y efectivamente cumplida. Y quizá esa sea la mayor crítica que merece esta iniciativa: no coloca el primer ladrillo de una nueva justicia; coloca, más bien, el último clavo al ataúd de un modelo que aún no ha demostrado responder a las necesidades reales de los veracruzanos.
José Manuel de Alba de Alba
Magistrado en retiro forzado
Nota del autor: Este artículo fue elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial como auxiliar de investigación, redacción y sistematización, bajo la revisión, dirección y responsabilidad intelectual exclusiva del autor.
