Por años hemos sostenido la idea de que la justicia se encuentra en los tribunales. Que es ahí, en la decisión de un juez, donde los conflictos alcanzan su punto de cierre y las personas encuentran respuesta a sus diferencias.
Esa idea, sin embargo, merece ser replanteada.
Hemos sobrecargado a los tribunales con una expectativa que simplemente no pueden cumplir.
El modelo tradicional de justicia ha sido construido bajo una lógica adversarial: dos partes enfrentadas, una verdad procesal y una resolución que, inevitablemente, favorece a uno y deja al otro en una posición de pérdida. Este esquema ha permitido ordenar jurídicamente los conflictos, pero no necesariamente pacificarlos. En la práctica cotidiana —en conflictos familiares, comunitarios o incluso socioambientales— lo que vemos no es la desaparición del conflicto, sino su transformación o, en muchos casos, su agravamiento.
Porque el conflicto no es únicamente un problema jurídico; es, ante todo, una expresión de relaciones sociales fracturadas.
En ese sentido, los tribunales cumplen una función indispensable, pero limitada. Pueden emitir resoluciones, establecer responsabilidades y dar certeza jurídica. Lo que difícilmente pueden hacer es reconstruir el diálogo, restablecer la confianza o atender las causas profundas que originaron el conflicto.
Y es justamente ahí donde el modelo empieza a quedarse corto.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias —particularmente la mediación— representan una oportunidad real para transitar de una justicia impuesta a una justicia construida. No se trata únicamente de despresurizar a los tribunales, sino de reconocer que existen formas más humanas, más participativas y, en muchos casos, más efectivas de abordar los conflictos.
Sin embargo, también hay que decirlo con claridad: cuando la mediación se incorpora sin transformar la cultura jurídica, corre el riesgo de convertirse en una simulación. En un requisito más. En un paso previo al juicio.
La mediación no es un trámite. Es un espacio de diálogo.
Y el diálogo exige algo que no siempre estamos formando: preparación, ética y una comprensión profunda del conflicto como fenómeno social.
Si aspiramos a una justicia distinta, debemos dejar de pensar exclusivamente en términos de litigio y comenzar a construir una verdadera cultura de paz. Esto implica formar operadores jurídicos con una visión integral, capaces de reconocer que la solución de un conflicto no siempre pasa por una sentencia, sino por la posibilidad de que las partes participen activamente en la construcción de acuerdos.
La justicia que necesitamos no está ausente de los tribunales, pero tampoco se agota en ellos.
Se construye en la capacidad de transformar el conflicto, de generar entendimiento y de sostener acuerdos en el tiempo.
Porque, en última instancia, la justicia no es únicamente una decisión jurídica.
Es la manera en que decidimos convivir, incluso cuando estamos en desacuerdo.
Dr. Octavio Ruiz Méndez es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Ambiental y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Su trayectoria combina la investigación jurídica con la promoción de una cultura de paz y justicia ecológica. Ha participado en proyectos de innovación normativa y mediación socioambiental, impulsando la integración de los principios de sostenibilidad y empatía inter-especie en el ámbito jurídico. Su trabajo académico se centra en la transformación del derecho hacia modelos más inclusivos, participativos y respetuosos con todas las formas de vida.
