Centro histórico de Puebla. Foto de Facebook.
Un juez federal resolvió que, para efectos del amparo promovido por el abogado César Pineda Zárate, el artículo 480 del Código Penal de Puebla —que tipifica el “ciberasedio” y contempla hasta tres años de prisión por insultos en redes sociales— es inconstitucional. Aunque la norma permanece vigente, la resolución abre la puerta para que otras personas denunciadas bajo esta figura puedan buscar la misma protección.
El fallo fue emitido por el juez Horacio Óscar Rosete Mentado, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Puebla. En su análisis, concluyó que la redacción del delito es vaga e imprecisa, lo que genera inseguridad jurídica y un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión. Señaló que el legislador local no incorporó los elementos necesarios para delimitar claramente la conducta sancionada, dejando a la autoridad un amplio margen de discrecionalidad.
Por ello, determinó que el artículo 480 —reformado el 11 de julio de 2025— no puede ser aplicado en ningún momento al quejoso, al resultar contrario al artículo 14 de la Constitución mexicana y al artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La protección, sin embargo, es individual, por lo que la disposición legal continúa vigente para el resto de la población.
Abre la Puerta a otras personas
En entrevista con E-Consulta, Pineda Zárate destacó que esta resolución genera un precedente relevante: cualquier persona denunciada por ciberasedio puede promover un amparo y argumentar la misma inconstitucionalidad. También subrayó que el fallo representa un avance para la libertad de expresión, al evitar que la autoridad utilice normas ambiguas para inhibir o castigar críticas, especialmente en un contexto de altos niveles de corrupción.
Ley, porque funcionaria se sintió ofendida
La figura del ciberasedio fue incorporada al Código Penal de Puebla tras un episodio en el que una funcionaria del gobierno estatal fue insultada en redes sociales. Después de la controversia, el Ejecutivo envió la iniciativa al Congreso, que terminó aprobándola. El tema llegó incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recomendó que la ley no se utilizara para proteger a funcionarios públicos. Aunque el Congreso hizo ajustes, estos fueron considerados meramente cosméticos.
Pese a las críticas, la reforma se publicó y continúa en vigor. Por ello, actualmente cualquier persona puede ser denunciada si otra asegura sentirse ofendida por comentarios hechos en redes sociales, salvo quienes consigan un amparo individual como el otorgado a Pineda Zárate.
