Observatorio Constitucional
José Ramón González Chávez
Resulta más que evidente que la propuesta de reglamentación al autodenominado “derecho de las audiencias” por su propia naturaleza ha sido recibida prácticamente por todos los sectores de la ciudadanía con un gran rechazo simplemente por ser absolutamente contradictoria de la libre expresión y del derecho a la información, derechos fundamentales que son de carácter universal, indisponible e inalienable y por ende forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad y ninguna disposición inferior puede estar por encima de ellos.
A partir de la lectura de la propuesta de la “Comisión” inventada por el ejecutivo para “proteger” el derecho de las audiencias (sea lo que sea lo que esto quiera decir), atrás de una aparente intención de regular la actividad de organismos y personas a fin de “proteger” a la población de la generación de posible información falsa por parte de quienes ejercen a su vez el derecho a la libre expresión de las ideas, existe un claro propósito de controlar lo que se piensa, dice se publica, en un sorprendente regreso a ese control autoritario que ejercían los gobiernos autoritarios de los años 60 del siglo pasado.
Después del secuestro del poder judicial y los órganos ciudadanos y jurisdiccionales electorales, de la demolición de los entes constitucionales autónomos, de la ficticia sobrerrepresentación del poder legislativo, de elecciones plagadas de irregularidades y delitos, ahora viene la sumisión al poder de lo que se piensa, se dice y se publica: “solo puedes pensar y decir lo que yo diga, de lo contrario eres mi enemigo y caerá sobre ti todo el peso del poder publico y las instancias que ya controlo”. Así la visión autócrata del Estado de Derecho y más aún del Estado Constitucional del régimen en turno.
La relatoría del organismo ad-hoc para la libertad de expresión de la ONU ha comentado que solo en los países más autoritarios y fundamentalistas que existen hoy como Nicaragua, Sudán, Tailandia, por señalar solo algunos ejemplos, han aprobado este tipo de normativas totalmente contrarias a cualquier régimen que se jacte de autodenominarse “democrático”. ¿Cuál es entonces la frontera entre una información y una opinión? ¿por qué el gobierno no va a ser sujeto de la norma? ¿quién va a decidir sobre estos límites?
Ahora el gobierno a través de una Comisión que es más bien un medio “inquisidor”, podrá multar a los medios que según él sea falsa, fuera de contexto, tendenciosa, sin fundamento, lo cual llevará, repito, como en los peores años del autoritarismo priísta, a una “autocensura” que impedirá cualquier publicación que pudiera ser susceptible de ser censurada por el gobierno e incluso de despedir, tal como ya ha sucedido recientemente y seguramente seguirá sucediendo, a comunicadores que tengan la osadía de criticar el régimen, sin contar a los más de 60 periodistas asesinados simplemente por ejercer su labor comunicativa.
El intento de regulación controladora es además totalmente contradictoria de los propios dichos y hechos gubernamentales, pues trata de impedir que se difunda información descontextualizada en el tiempo y la materia cuando el propio ejecutivo publica este tipo de información y comentarios, como sucedió recientemente con un mero dicho del informador y comentarista Sarmiento, entre otros. ¿La titular del ejecutivo federal pretende “cuidar a las audiencias pasando sistemáticamente todos los días en su matiné por encima de quien le plazca?
Los medios serán sujetos de censura de lo que piensan y dicen, pero ¿el gobierno quedará exento de esa misma responsabilidad ante la publicación de información falsa siendo que hay hasta libros completos que muestran con pruebas cuantos miles de veces en estos ocho años han mentido hasta la saciedad?
