Al hacer un análisis sobre el funcionamiento estructural del sistema judicial mexicano, el doctor Miguel Carbonell, uno de los máximos divulgadores y capacitadores en la ciencia jurídica en el país, encuentra ocho áreas en tensión, que incluyen sobrecarga en juzgados base, superposición de materias, brechas de género, litigiosidad constitucional creciente, picos de litigiosidad política y juzgados de distrito que son cuellos de botellas del sistema de justicia federal, entre otros aspectos.
Este análisis, lo realiza el académico con base en los resultados que arrojó el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2025, elaborado por el INEGI. A continuación presentamos el texto íntegro de tal entrega:
Una radiografía de la justicia mexicana
Miguel Carbonell
Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, A.C.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2025 elaborado por el INEGI constituye uno de los instrumentos estadísticos más relevantes para evaluar el funcionamiento real del sistema judicial en México. A diferencia de las encuestas de percepción, este ejercicio ofrece datos duros sobre estructura organizacional, recursos humanos, presupuesto y actividad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales estatales. Sus resultados permiten identificar no sólo avances, sino también tensiones estructurales que afectan la calidad, oportunidad y legitimidad de la impartición de justicia.
1. Arquitectura institucional: un sistema amplio, fragmentado y predominantemente de primera instancia
De acuerdo con el Censo, en 2024 el Poder Judicial de la Federación (PJF) se integró por 1,512 órganos, de los cuales 62.6 % fueron órganos jurisdiccionales y el resto administrativos. En el ámbito local, los poderes judiciales estatales (PJE) contaron con 5,470 órganos, con una proporción aún mayor de órganos jurisdiccionales (71.2 %). Un dato especialmente significativo es que, tanto a nivel federal como estatal, la gran mayoría de los órganos jurisdiccionales corresponde a primera instancia, lo que confirma que el sistema judicial mexicano se sostiene, fundamentalmente, sobre juzgados de base.
Esta estructura tiene implicaciones claras: la carga de trabajo se concentra en los órganos que tienen contacto directo con la ciudadanía, mientras que los niveles de revisión y control operan con menor volumen relativo, pero con alta complejidad técnica.
2. Materias atendidas: persistencia del sistema escrito y heterogeneidad funcional
En el ámbito federal, una proporción relevante de los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal tuvo competencia mixta, lo que refleja una organización todavía marcada por la superposición de materias. En los poderes judiciales estatales, los datos muestran que la materia civil sigue siendo la más extendida, seguida de la penal y la mercantil.
Resulta particularmente relevante que, en materia civil y familiar, el sistema escrito continúa teniendo un peso muy significativo, pese a los esfuerzos de transición hacia modelos orales. Este dato sugiere que la transformación procesal ha sido desigual y que, en muchos estados, la oralidad aún no se traduce en un cambio estructural en la forma de impartir justicia.
3. Recursos humanos: crecimiento moderado y brechas de género en la judicatura
Al cierre de 2024, el sistema judicial mexicano estuvo integrado por 130,704 personas servidoras públicas, con un crecimiento anual de apenas 1.1 %. De ese total, 55.5 % fueron mujeres, lo que refleja una presencia femenina mayoritaria en el conjunto del personal judicial.
Sin embargo, esta paridad se diluye al analizar los cargos jurisdiccionales de mayor jerarquía. En el ámbito federal, solo 23.6 % de las personas magistradas fueron mujeres, y 38.9 % de las personas juzgadoras. En los poderes judiciales estatales, las cifras mejoran ligeramente, pero siguen mostrando una subrepresentación femenina en los niveles más altos de decisión jurisdiccional.
Estos datos confirman que el reto de la igualdad de género en la justicia no se limita al acceso al empleo público, sino que exige políticas activas de carrera judicial, promoción y liderazgo.
4. Presupuesto judicial: crecimiento real limitado frente a una demanda creciente
En 2024, el presupuesto total ejercido por el PJF y los PJE ascendió a 134.9 mil millones de pesos corrientes. A precios constantes de 2018, el presupuesto conjunto fue de 99.9 mil millones de pesos, con un crecimiento real de apenas 1 % respecto de 2023.
Este dato resulta especialmente relevante cuando se contrasta con el aumento sostenido en la carga de trabajo jurisdiccional. En términos reales, el sistema judicial enfrenta una expansión de la demanda sin un incremento proporcional de recursos, lo que inevitablemente impacta en tiempos de resolución, calidad de las sentencias y condiciones laborales del personal.
5. Suprema Corte de Justicia de la Nación: menor ingreso, alta complejidad
Durante 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió 16,370 asuntos jurisdiccionales y resolvió 13,979, lo que representa una disminución respecto del año anterior. No obstante, el análisis cualitativo muestra que el amparo directo en revisión sigue concentrando la mayor parte de los asuntos, tanto ingresados como resueltos.
Este dato confirma el papel central de la Corte como órgano de cierre del sistema constitucional, más que como tribunal de acceso directo. La elevada proporción de desechamientos y resoluciones sin análisis de fondo en ciertos rubros también evidencia la función filtradora que cumple el máximo tribunal ante una litigiosidad constitucional creciente.
6. Tribunal Electoral: un año excepcional y sobrecarga coyuntural
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación registró en 2024 un fenómeno extraordinario: 40,018 asuntos ingresados, lo que representó un incremento de más del 400 % respecto de 2023. Este aumento se explica por la intensidad del ciclo electoral, pero también pone de relieve la fragilidad estructural del sistema ante picos de litigiosidad política.
Aunque el Tribunal logró resolver una proporción significativa de los asuntos, el volumen registrado plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual y la necesidad de fortalecer capacidades institucionales para contextos electorales altamente judicializados.
7. Consejo de la Judicatura Federal: concentración de la carga jurisdiccional
Los órganos del Consejo de la Judicatura Federal atendieron en 2024 casi dos millones de asuntos ingresados, con un incremento cercano al 28 % respecto del año anterior. El dato más relevante es que más del 75 % de los asuntos ingresaron a los Juzgados de Distrito, confirmando que estos órganos constituyen el verdadero cuello de botella del sistema federal.
En particular, se observa un crecimiento exponencial de los procesos civiles y administrativos federales, así como una persistente centralidad del juicio de amparo indirecto. Este fenómeno sugiere una expansión del litigio estratégico y del uso del amparo como mecanismo ordinario de control, con impactos significativos en la carga de trabajo judicial.
8. Justicia estatal: alto volumen y capacidad resolutiva limitada
En el ámbito local, durante 2024 se reportaron más de 2.2 millones de asuntos ingresados y 1.4 millones concluidos en materias penal, civil, familiar y mercantil. Aunque el número de asuntos concluidos aumentó ligeramente, la brecha entre ingresos y resoluciones refleja una acumulación estructural de rezago, especialmente en primera instancia.
La justicia penal y familiar concentran buena parte de esta carga, lo que tiene efectos directos sobre derechos fundamentales, particularmente en contextos de violencia, conflicto familiar y privación de la libertad.
Conclusión
El Censo Nacional de Impartición de Justicia 2025 revela un sistema judicial que, pese a su amplitud institucional y a ciertos avances en profesionalización y cobertura, enfrenta tres desafíos estructurales: una carga de trabajo creciente, recursos presupuestales limitados y una transición procesal incompleta.
Los datos confirman que la crisis de la justicia en México no es solo normativa o discursiva, sino operativa e institucional. Sin una política integral que articule presupuesto, carrera judicial, rediseño organizacional y simplificación procesal, el sistema seguirá funcionando bajo una lógica de contención y no de resolución efectiva de los conflictos.
En este sentido, el Censo no solo describe la realidad: plantea, con cifras, la urgencia de una reforma judicial basada en evidencia .
