Diana Gabriela Campos Pizarro
Cuando la justicia se retrasa, no son sólo expedientes los que esperan: son familias que sufren, niñas y niños que no tienen lo suficiente para comer. Cada pensión alimenticia retrasada significa hambre en los hogares. Cada juicio lento es una tragedia que se acumula en silencio. La justicia no puede seguir siendo un lujo distante; es una necesidad urgente y cotidiana.
Acudí a los Tribunales Familiares de Netzahualcóyotl. Llegué temprano, a las 8:30 am, y ya había una fila larga para ingresar. Conforme avanzaban las horas, la cantidad de personas aumentaba hasta rebasar cualquier noción de espacio vital. Los pasillos, aunque amplios, se convirtieron en un hervidero de cuerpos, voces y tensiones. La persona a quien asesoro es invidente, y en medio de la multitud fue empujada sin consideración. Esa escena me hizo comprender que la saturación es ya parte de la rutina judicial, un peso que recae sobre quienes más necesitan respuestas rápidas.
Al salir, después del mediodía, me detuve frente al letrero rosa que anuncia el Centro de Mediación. Sillas ordenadas, espacios limpios, silencio absoluto. Vacío. Ni una sola persona esperando. La imagen era brutal: mientras los juzgados se desbordan, los espacios destinados a la solución pacífica de conflictos permanecen como piezas decorativas, símbolos sin vida. Allí entendí que la saturación y la simulación conviven en el mismo sistema: juzgados desbordados y un centro vacío.
Creo en la mediación, creo en el poder de las personas para resolver sus propios conflictos familiares, mercantiles, comunitarios y otros tantos. Pero mientras las autoridades judiciales mantengan a la mediación como un recurso simbólico, sin presupuesto, sin información para la ciudadanía, sin autonomía real de sus centros, la llamada justicia alternativa seguirá estancada. Emitir una ley general de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no transforma estructuras, no cambia prácticas, no garantiza acceso. Es un gesto político, no una transformación sustantiva.
El contraste resulta innegable si observamos la experiencia del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Bajo la dirección del Dr. Guillermo Zepeda Lecuona, se ha consolidado como la entidad con mayor número de personas facilitadoras o mediadores certificados en el país —más de mil profesionales acreditados— y con una amplia oferta de capacitación respaldada institucionalmente. Además, han impulsado espacios de difusión como los programas transmitidos en Judicial TV Jalisco, acercando los mecanismos de solución pacífica a la sociedad de manera cotidiana. Este ejemplo demuestra que, cuando existen autonomía, recursos y voluntad institucional, los resultados son visibles y sostenibles.
Lo que necesitamos no es seguir simulando con centros vacíos y leyes simbólicas, sino replicar buenas prácticas y dar vida auténtica a la solución pacífica de conflictos. El problema de la falta de acceso a la justicia es demasiado masivo para seguir ignorándolo. Las familias esperan meses para obtener una pensión alimenticia provisional. ¿Y mientras qué? ¿De qué se alimentan las niñas y niños, de qué se sostienen las familias? La lentitud judicial no es un dato técnico, es una tragedia cotidiana.
Si existe desconfianza hacia la mediación, hacia quienes ejercemos como personas mediadoras o facilitadoras, que se revisen perfiles, que se capacite más y mejor. Pero que se deje de simular. La mediación no puede seguir siendo un adorno institucional. Debe convertirse en un camino real, accesible y confiable.
La saturación de los tribunales y el vacío de los centros de mediación son dos caras de la misma moneda: un sistema que prefiere la burocracia al diálogo, la espera interminable al acuerdo pronto. Yo creo que hacer conciencias y actuar en consecuencia implica reconocer que la justicia no puede seguir siendo lenta ni simbólica. La solución pacífica de conflictos no es un lujo: es el derecho más urgente de nuestras familias.
