Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y cuenta con una maestría en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad por la Universidad de Salamanca, España, cursa el doctorado en Administración, Hacienda y Justicia. Con más de 18 años de experiencia en la administración pública y la práctica jurídica, ha ocupado diversos cargos en instituciones como el SAT, la Secretaría de Economía, la Oficina del Abogado General Federal y la Correduría Pública, además de destacar como docente en materias relacionadas con el combate a la corrupción, es conferencista y panelista activo.
La corrupción no es un acto de pasión, sino un acto de cálculo que constituye tanto un delito como una infracción administrativa. Quienes son proclives a cometerla, evalúan constantemente la probabilidad de ser detectados, investigados, sancionados, despojados de sus ganancias ilícitas o incluso de perder su empleo, patrimonio o libertad.
Es indispensable abordar la corrupción como un fenómeno criminológico complejo. Para combatirla de manera frontal, debemos comprender qué es, cuáles son sus causas, qué efectos produce, cómo operan las redes de corrupción, y qué nivel de tecnificación requieren las instituciones encargadas de su investigación y sanción.
El combate eficaz contra la corrupción debe librarse desde dos trincheras fundamentales:
1. La trinchera institucional y normativa.
Implica diseñar estructuras institucionales sólidas, capaces de generar sistemas de rendición de cuentas eficaces y eficientes. Esto incluye procedimientos legales —tanto sustantivos (hipótesis legales) como procesales— que creen condiciones idóneas para incrementar exponencialmente la probabilidad de detección, investigación y sanción de actos corruptos. Las penas deben ser disuasorias, eficaces y proporcionales, tal como lo establece la Convención de Mérida.
2. La trinchera social.
Se trata de incidir en los destinatarios de las normas: la sociedad mexicana. Es necesario transformar la percepción colectiva sobre la corrupción y reconocer que este fenómeno deteriora la calidad de vida de todos. La clave está en la educación, basada no solo en principios e integridad, sino también en la concientización de que la corrupción genera desconfianza en las autoridades, erosiona la inversión pública y privada, reduce la calidad de los servicios públicos, alimenta la impunidad y, en consecuencia, debilita la seguridad pública.
En el interior del Poder Judicial Federal y de los tribunales locales, el Consejo de la Judicatura ha sido, desde 1994, el primer sistema formal de rendición de cuentas y control de la corrupción. Sin embargo, a más de 30 años de su creación, la percepción ciudadana es que no ha cumplido su cometido y que no existe un verdadero control sobre los impartidores de justicia.
La Reforma Constitucional de 2024 plantea la extinción de dicho órgano para dar paso al Tribunal de Disciplina Judicial, un ente técnico y especializado en la prevención y el combate a la corrupción, la preservación de la disciplina y la evaluación del desempeño dentro del sistema judicial mexicano.
El éxito de esta profunda reestructuración dependerá de la consolidación del nuevo órgano. Para ello, se requiere la designación de perfiles idóneos, comprometidos con una política de cero tolerancia a la corrupción, con procesos legales desarrollados en los tiempos adecuados, decisiones imparciales y sin favoritismos, y con un verdadero acceso a la justicia para todos los mexicanos.
En suma, la finalidad es cumplir con la máxima consagrada en nuestra Constitución: una justicia pronta, completa, imparcial y expedita.
