Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para sacar adelante la reforma.
Las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que discutirá y aprobará el pleno este miércoles, con modificaciones que no alcanzaron el rango que pretendía la Presidenta para su reforma político electoral.
Durante ocho meses se realizaron consultas, foros, dos iniciativas presidenciales, un plan A, un plan B y negociaciones frustradas entre el partido gobernante y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
La coalición gobernante no pudo ponerse de acuerdo en todo lo que propuso el Ejcutivo, y relacionado con la campaña que el oficialismo ha hecho de reformas para reducir privilegios económicos, sólo serán modificados tres artículos de la Constitución para tratar de reducir el gasto en ayuntamientos, los Congresos estatales, el Senado de la República y las remuneraciones de los altos funcionarios electorales.
La oposición ha calificado la reforma electoral como las ruinas de la reforma.
El dictamen fue aprobado con los votos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, lo que indica que, como ocurrió en el Senado hace dos semanas, el oficialismo podrá reunir la mayoría calificada necesaria para sacarlo adelante en el pleno de la Cámara de Diputados, donde es seguro el voto en contra y las críticas de los partidos opositores, excluidos de las negociaciones durante todo el proceso.
Uno de los aspectos de mayor interés para el régimen era adelantar la consulta de revocación de mandato de Sheinbaum, pero ya no se incluye por presión del PT para respaldar la reforma.
Otros aspectos eliminados son: disminuir el financiamiento público a los partidos, eliminar 32 senadurías de representación proporcional, modificar la forma de designar a los 200 diputados plurinominales, fortalecer los mecanismos de democracia participativa, simplificar los pasos del proceso electoral y regular el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas.
En contraste con las intenciones originales de Sheinbaum, el dictamen que avanza en la Cámara de Diputados sólo incluye cuatro cambios: limita a 15 el número de regidurías que pueden tener los ayuntamientos del país, establece que los Congresos locales no podrán ejercer más del 0,7% del presupuesto de su entidad, limita los sueldos de los altos funcionarios electorales para que ganen menos que la presidenta y tengan prohibido contratar seguros de gastos médicos mayores con recursos públicos, y ordena al Senado de la República reducir en un 15% su gasto en un periodo de cuatro años.
Tortuoso proceso
Sheinbaum anunció la reforma en junio de 2025 y creó una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, con la participación de José Peña Merino, titular de la Agencia Digital; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la presidencia, y Ernestina Godoy, ex consejera jurídica y actual fiscal, que fue sustituida por Esthela Damián. Además de funcionarios cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, como Jesús Ramírez, Arturo Zaldívar y el propio Pablo Gómez, quien desde un inicio advirtió que el oficialismo usaría sus mayorías para imponer su proyecto.
La comisión presidencial llevó a cabo foros de consulta y levantó una encuesta para recoger la opinión de especialistas y de la población, y redactó un primer proyecto de reforma que se dio a conocer a principios de febrero, que de inmediato generó el rechazo de los aliados de Morena.
La presidenta sacó a Pablo Gómez de las negociaciones y le encargó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trabajar con las dirigencias del Verde, el PT y Morena en la redacción de una iniciativa que satisficiera a los tres partidos. Estas negociaciones se prolongaron durante más de un mes y fracasaron, pues la presidenta terminó enviando una iniciativa que buscó restar recursos e influencia a las cúpulas de los partidos. “No tuvo caso una reforma totalmente desdibujada”, declaró la presidenta horas antes de enviar su iniciativa, a sabiendas de que sus aliados no la respaldarían.
El 11 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial, pero sin los votos necesarios para conformar la mayoría calificada requerida para las reformas constitucionales. En total, 49 diputados del Verde y 47 del PT votaron en contra. Al día siguiente, la presidenta presentó un plan B, que originalmente contemplaba la posibilidad de adelantar la revocación de mandato presidencial para emparejarla con las elecciones federales de junio de 2027 y que ella pudiera hablar a favor de su permanencia en el cargo durante la campaña del revocatorio.
Ante el rechazo del PT, la presidenta volvió a encargar la negociación a la secretaria Rosa Icela Rodríguez, quien logró un acuerdo incluso firmado por las dirigencias de los tres partidos. Sin embargo, el PT se deslindó del compromiso, asegurando que el documento firmado no decía explícitamente que el revocatorio se celebrara en junio de 2027 y volvió a condicionar su apoyo al proyecto presidencial. Para que este se aprobara en el Senado, el pasado 25 de marzo, Morena tuvo que acceder a eliminar los cambios referentes a revocación de mandato.
Este martes, las Comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Política de la Cámara de Diputados dieron el penúltimo paso para que la reforma finalmente se concrete, al aprobar sin cambios la minuta enviada por el Senado. Durante el debate, los legisladores de los partidos de oposición (PAN, PRI y MC) calificaron la reforma como fallida, mínima e innecesaria.
“Es una reforma parcial, una cortina de humo para encubrir los verdaderos problemas del país”, dijo el diputado priista César Domínguez.
La diputada panista Nohemí Berenice Luna selló el proceso con una frase: “Estamos ante las ruinas de una reforma electoral. Por un lado, qué bueno, porque así se hace menos daño al sistema político, pero por otro lado, qué mal, porque perdimos la gran oportunidad de hacer una reforma que sí era necesaria”. La diputada señaló que con esta reforma ni siquiera va a generarse el ahorro de 4 mil millones de pesos que espera el Gobierno, pues son menos de 30 los municipios que tienen más de 15 regidurías y porque menos de la mitad de las entidades ejercen más del 0,7% del presupuesto estatal.
Con información de redes y El País
