Observatorio Constitucional
José Ramón González Chávez
En estos días recientes se ha hablado mucho de la denominada “Ley anti memes”, diciéndose una y mil ocurrencias de uno y otro lado, siendo que su contenido -hay que decirlo- en la mayoría de los casos se desconoce.
De inicio, el pasado 30 de septiembre el Senado de la República aprobó una modificación tanto a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial como al Código Penal Federal, mismas que según los legisladores y el Ejecutivo federal no prohíbe los memes, ni la sátira ni la crítica política, sino que busca sancionar el uso indebido de la identidad gráfica e institucional del gobierno con el fin de cometer fraudes.
Así pues desde la óptica gubernamental, la reforma pretende sancionar a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore logotipos, escudos, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas en los tres ámbitos de gobierno (municipal estatal, federal) bajo los siguientes supuestos: 1) Que haya un propósito comercial, lucrativo; 2) Que busque inducir al engaño o al error a los ciudadanos haciéndoles creer que se trata de un comunicado o sitio oficial; y 3) Que tenga como fin cometer delitos como fraude o suplantación de identidad, por ejemplo, páginas falsas que simulan ser un órgano oficial o programas sociales, y cuyas sanciones pueden ser: a) Corporales, de 1 a 5 años de prisión (con lo que alcanzarían fianza), penalidad que originalmente en la iniciativa presidencial era más alta, de tres a siete años pero que por la presión mediática, política y social ya en comisiones los legisladores se vieron obligados a disminuir y precisar los supuestos de la comisión del delito; y b) Económicas, de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UDIs), es decir, en términos actuales, entre 117,310 y 1,173,100 pesos.
Opositores, legisladores, periodistas y organizaciones civiles, han advertido que la redacción de estas reformas es ambigua y podría ser utilizada desde el gobierno para intimidar o censurar a creadores de contenido, caricaturistas, activistas o usuarios que utilicen imágenes oficiales en críticas o parodias, dejando un amplio margen de interpretación que pudiera afectar expresiones de crítica política. Sin embargo, el gobierno federal y los legisladores que han impulsado la reforma, como el ex gobernador panista ahora pintado de guinda Javier Corral o la propia presidentA Claudia Sheinbaum han negado que estén en contra del humor, dado que en sí, un meme no pretende de entrada implicar el engaño ni buscar los fines comerciales que prevé la normativa en cuestión.
Pero quienes están en contra como la Senadora panista Guadalupe Murguía sostienen que la redacción es tramposa, pues ha sido redactada de forma tal que contiene conceptos vagos, ambiguos e imprecisos, y que permite al gobierno usarlos a su modo para censurar las críticas de opositores que utilicen parodias, caricaturas, cartones, memes y otras expresiones utilizadas en medios y redes.
También hay quienes sostienen que la reforma tiene un efecto inhibidor, que induce a la auto censura, práctica común en la época autoritaria del PRI de los años 60, en la que los propios medios y autores e incluso los propios ciudadanos limitaban su expresión por temor a represalias.
Así que si bien la reforma como tal no incluye la palabra “meme” entre sus conductas sancionadas, por su ambigüedad y falta de claridad deja abierta la puerta para que la autoridad pueda sancionar a su libre apreciación a los críticos y adversarios que por cualquier medio, ya sea textual o gráfico, digan algo que les incomode, lo cual es a todas luces violatorio del derecho fundamental a la libre expresión de las ideas, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la normativa de la Comision Interamericana de los Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia.
Además de todos es conocido que un meme o caricatura, esta relacionado de manera casi indefectible, con un logo, con una cara de un actor político, con un comunicado oficial, así que la reforma tal como está planteada bloquea de manera velada la producción de cualquier tipo de reproducción gráfica en redes contra el gobierno y los gobernantes.
En adición, tal como viene sucediendo con otras modificaciones legales aprobadas recientemente, las reformas en cuestión prevén sanciones a los ciudadanos, pero omiten de manera sorprendente a los servidores públicos que puedan realizar los mismos actos que se pretende sancionar contra la imagen institucional de empresas, grupos y personas, dejándolos en un pleno estado de indefensión y en una aplicación unilateral y subjetiva de la nueva normativa.
