Por OCTAVIO RUIZ MARTÍNEZ Y JAIME RÍOS OTERO
21 de mayo de 2025
* Comercialización de las personas, delito con gran presencia global, ya que es un ilícito sofisticado que implica la existencia de poderosas redes internacionales
* Debemos buscar que escuelas privadas logren la excelencia que se requiere para formar profesionistas que estén a la altura de las necesidades actuales
* El humanismo constitucional mexicano busca no sólo la limitación tradicional del poder, sino que pretende la igualdad, el compromiso y el bienestar social
Entrevista publicada en la edición número 49 de revista Jurista
El doctor Édgar Corzo Sosa es un profesional de la Ciencia Jurídica con un carácter universalista por el desempeño de responsabilidades en distintos ámbitos. Ha transitado de la docencia en prestigiosas universidades, a la actividad editorial; de la investigación, a la actividad jurisdiccional; de la protección nacional de los derechos humanos, a la protección internacional de los migrantes; y de los primeros estudios en la sedeña Cuenca del Papaloapan, a ser alumno destacado de algunas de las mejores universidades, como la UNAM y la Sorbona, además de otras instituciones de España, Alemania e Italia.
Corzo Sosa es veracruzano. Nació en Cosamaloapan, Veracruz, el 4 de noviembre de 1965. Su madre, Rita María Sosa Lázaro, originaria de Tlacotalpan, Veracruz, y su padre, Ángel Manuel Corzo Aguilar, originario de Lerdo de Tejada, Veracruz. Ambos finados.
Vivió en Lerdo de Tejada, Veracruz, hasta los 9 años. Después se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde estudió el cuarto año y los restantes de la primaria en la Escuela Emiliano Zapata, en la Colonia Industrial, Alcaldía Gustavo A. Madero.
Su formación la obtuvo de escuelas públicas. La educación básica la cursó en Veracruz y en la Ciudad de México. Los tres primeros años escolares, en la Escuela Primaria Benito Juárez, de Lerdo de Tejada, Veracruz, y del cuarto al sexto año en la Ciudad de México, en la Escuela Emiliano Zapata. La educación secundaria la hizo en la Escuela Secundaria número 78 República del Paraguay. La educación preparatoria, la acreditó en la Escuela Nacional Preparatoria número 3, Justo Sierra, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde se graduó como licenciado en Derecho en 1992, con la tesis “La Justicia constitucional en el derecho comparado”, habiendo obtenido un promedio de 9.78.
Realizó estudios de especialización en Amparo en el anterior Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Gracias al apoyo de una beca otorgada por la UNAM cursó la maestría en la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne, en Derecho Público Comparado de los Estados Europeos, con la tesis “L’exception d’inconstitutionnalité”, graduándose en 1995 y obteniendo la calificación de Assez Bien. Cursó el doctorado en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Madrid, se graduó en 1997 con la tesis “La Cuestión de Constitucionalidad”, con calificación “Apto Cum Laude”.
Como parte de su perfil académico se puede citar que por más de 20 años ha sido profesor en la licenciatura y en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y por cerca de 10 años fue profesor en la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es profesor de las materias Teoría de la Constitución y Derecho Constitucional Mexicano en las Facultades de Derecho de la UNAM y de la Universidad Panamericana. Es investigador titular B en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel más alto, el III.
Coordinó, durante cuatro años, el Doctorado en Derecho Público organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Es integrante del Comité editorial de diversas revistas nacionales e internacionales y ha sido presidente de la Comisión Dictaminadora en el Sistema Nacional de Investigadores y en una decena más de otros Consejos, Comités y Comisiones académicas.
A lo largo de su vida académica ha dirigido la investigación y apoyado en la titulación de 8 licenciados, 4 maestros y 6 doctores, lo que hace un total de 18 estudiantes graduados bajo su dirección. Asimismo, ha participado en la revisión y en exámenes de 16 doctores, 21 maestros, 20 especialistas y 8 licenciados, lo que hace un total de 65 alumnos graduados en cuyo proceso participó.
Durante los años de docencia e investigación ha publicado ocho libros y coordinado quince más. Ha elaborado más de 40 capítulos de libros y escrito más de 40 artículos en revistas científicas y de difusión. Ha escrito 8 prólogos a libros y participado en la presentación de más de 25. Por su importancia, sobresale la creación, en julio de 1999, y posterior dirección durante 26 años, hasta ahora, de la publicación periódica Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional.
En materia de difusión ha impartido cerca de 400 conferencias y organizado una treintena de congresos y seminarios.
Ha realizado diversas estancias de investigación en prestigiosas universidades del mundo, como el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en Provence, Francia; en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra; en la Universidad de Sevilla; en la Universidad de Alcalá de Henares; en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España; en el Instituto Max Planck de Derecho Comparado Público y Derecho Internacional Público en Heidelberg, Alemania, y en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario, en San Remo, Italia.
Durante su vida académica ha obtenido los siguientes reconocimientos: Tercer lugar en el concurso de ensayos organizado por la UNAM en 1987, con el tema La responsabilidad social del universitario; el Premio Felipe Tena Ramírez, edición 1991, a la mejor tesis de licenciatura en materia de derechos humanos, organizado por el Fideicomiso de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Escuela Libre de Derecho; el Premio “Octavio A. Hernández” a la mejor tesis de doctorado en materia de derecho constitucional, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, otorgado en 1997; la Cátedra Extraordinaria “Andrés Serra Rojas”, otorgada por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, en 2008; la cátedra “Raúl Cervantes Ahumada”, con base en el mérito académico y aportaciones profesionales dentro de la trayectoria personal, por parte del Colegio de Sinaloa, en 2012, y el reconocimiento otorgado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con motivo del nombramiento de Presidente de los Presidentes de los Comités de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en junio de 2022.
Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y fue integrante, por más de quince años, del Consejo Directivo del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, A.C. (CONAED).
Jurista conversa con el destacado académico e investigador:
En estas épocas de predominio de los intereses económicos, sectarismos y modernidad líquida, ¿se puede hablar de que deba existir una responsabilidad social del universitario y cómo puede ser manifestado un compromiso de esa índole?
En realidad, en todas las épocas hemos visto la presencia y el predominio de los intereses económicos, así como de grupos de interés y de poder, con la consiguiente monetarización de los intercambios de bienes y servicios. La preocupación es, más bien, saber cuál es la responsabilidad social que tienen los diferentes sectores que están presentes en nuestra comunidad. Desde mi perspectiva, el compromiso social debe venir de todos los que integramos la sociedad, incluso, también desde el sector económico, ya que, sin el componente social, poco o nada se puede hacer. Si no hay una sociedad que prospere, tampoco habrá quienes puedan mover la economía. En este contexto, las universidades están llamadas a formar personas para que puedan aplicar sus conocimientos al engrandecimiento de la sociedad en sus diferentes manifestaciones. Sin el impulso de la educación y las ciencias en general, el desarrollo de la sociedad no estará al alcance de los nuevos tiempos de impulso económico global. La Universidad y los universitarios tenemos la responsabilidad de contribuir al avance educativo, buscando siempre el compromiso social, la no discriminación y la posición igualitaria de los diversos sectores que la conforman.
Hay una profusión gigantesca de universidades, muchas privadas, que ofrecen la licenciatura y posgrados en Derecho, cuyos planes de estudio, programas y exigencias metodológicas varían. ¿Cómo podría lograrse una estandarización o un sistema de acreditación que sea válido en términos de calidad para que los abogados egresen realmente preparados?
Entre más preparada esté una sociedad, mejor desarrollo se logrará en todos los ámbitos del quehacer humano. Por obligación, ha sido la escuela pública la encargada de impartir educación en nuestro país. Sin embargo, muy rápido advertimos que el Estado no podía darse abasto con esta encomienda, así que empezamos a incursionar con las escuelas privadas. Su existencia es positiva, pues están ayudando al Estado a dar cumplimiento a uno de nuestros derechos más importantes, como lo es la educación, pero hay que preocuparse porque realicen esta actividad de la mejor manera posible. No sólo se trata de que el Estado les otorgue la autorización correespondiente para que impartan educación, lo que ya en sí es un avance importante, pues se deben cumplir requisitos legales que aseguran la seriedad de los proyectos educativos, sino que debemos buscar que las escuelas privadas ya constituidas logren la excelencia que se requiere para formar profesionistas que estén a la altura de las necesidades profesionales actuales. Este es un esfuerzo que la misma sociedad está realizando.
Por ejemplo, yo formé parte durante más de dos décadas del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, A. C., institución reconocida por el gobierno para otorgar reconocimiento formal a organizaciones que buscan acreditar programas académicos de educación superior, ofrecidos por instituciones públicas y particulares. En este Consejo se hace una revisión exhaustiva de múltiples componentes educativos, con el objeto de certificar que la escuela de que se trate cumple con lo mínimo para impartir educación de excelencia a los estudiantes. Con ello se está contribuyendo a la estandarización de los programas y la enseñanza de las escuelas de derecho. Existen otras instituciones certificadoras y todas forman parte a su vez del Sistema de Acreditración de la Educación Superior (SEAES), un gran esfuerzo institucional en beneficio de la educación.
Obtuvo usted el reconocimiento a la mejor tesis de licenciatura en materia de derechos humanos. ¿En qué sentido ha variado la concepción sobre esos derechos desde aquellas fechas hasta ahora?
El premio a que hace referencia lo obtuve hace más de treinta años, así que puedo decir que cuando escribí mi tesis de licenciatura, el tema de la proteccion de los derechos humanos empezaba a tener un importante auge en nuestro país. Desde entonces mucho se ha avanzado y nuestro país está inmerso en la ola de los derechos humanos. Ahora tenemos un marco constitucional mayor de los derechos humanos, producto de varias reformas constitucionales e interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también hemos visto cómo el sistema regional, constituido por la Comisión y la Corte interamericanas de derechos humanos, han ganado presencia en nuestro país, no sólo con sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana, sino también con el monitoreo de las obligaciones internacionales que derivan de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lo mismo hay que decir del sistema universal de protección de los derechos humanos, ya que nuestro país ha ratificado los diez instrumentos más importantes de Naciones Unidas que hay en materia de derechos humanos. En consecuencia, puedo indicar que la presencia de los derechos humanos no ha dejado de crecer en nuestro país, y eso es bueno, esperando que en la nueva etapa en la que estamos ingresando, se mantenga este nivel de compromiso y protección de los derechos humanos.
Igualmente, elaboró la mejor tesis de doctorado, ésta en materia constitucional. ¿Cuál es el futuro del constitucionalismo, qué nuevas ideas y aportaciones existen en el mundo?
Desde mis estudios de maestría y doctorado en el extranjero, y con el posterior ejecicio profesional en mi país, he podido advertir que el constitucionalismo es la fuente de limitación del ejercicio del poder. Las constituciones son elaboradas precisamente para contenerlo y, por ello, encontramos en las mismas dividido al poder y establecidos los derechos humanos. Pero el constitucionalismo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ahora vemos que, además de la preocupación por la limitación del poder, también hay que considerar que la población debe tomar parte de las decisiones, acentuándose el aspecto democrático del mismo.
En los últimos años, a partir del cambio que tuvo lugar en Sudáfrica, advertimos que mediante el constitucionalismo también se pueden lograr importantes cambios, transformaciones completas de una sociedad, poniendo como centro de todo al texto constitucional. En nuestro país, hoy en día el constitucionalismo está adquiriendo una nueva presencia, ya que en el último año se ha reformado la Constitución de manera importante, grabando en la misma varios principios de lo que se ha dado en llamar el humanismo mexicano. Si esto es así, si la Constitucion se ha reformado para dar cabida a la paridad de género e igualdad sustantiva, a las cuestiones de bienestar, a la vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, a la vivienda para personas trabajadoras, a una nueva protección de la salud y a la protección del maíz nativo, por ejemplo, entonces estamos ante la presencia de lo que podría denominarse un humanismo constitucional mexicano. Es el mismo constitucionalismo que conocemos desde sus orígenes como limitación del poder, sólo que ahora encaminado a buscar la igualdad, el compromiso y el bienestar social.
Vio usted muy de cerca la Reforma Constitucional mexicana de 1999, ¿qué temas quedaron pendientes? ¿Se resolvieron en las subsecuentes reformas?
En junio de 1999 se reformó, una vez más, nuestro texto constitucional. Esa reforma constituyó la respuesta a la anterior reforma constitucional de diciembre de 1994, por lo cual se buscó adaptar algunas cuestiones que habían quedado mal diseñadas, especialmente en la relación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el entonces recién creado Consejo de la Judicatura Federal. Se trató de una reforma que resolvió algunos de los puntos controvertidos, pero no alcanzó para incluir un nuevo cambio que trajera como consecuencia un novedoso diseño institucional. Presenciar la elaboración e implementación de esta reforma constitucional me permitió ver de cerca la manera en que se relacionan los distintos óganos del Poder, una gran experiencia, sin duda. Quedaron temas pendientes, por supuesto, y los mismos se fueron resolviendo. Sin embargo, con la reforma constitucional de 15 de septiembre de 2024 tenemos ya un nuevo diseño de Poder Judicial.
¿Qué tipo de medidas cautelares y otras gestiones se hicieron ante autoridades de los tres órdenes de gobierno para beneficiar a los componentes de la carava migrante que transitó por México hacia Estados Unidos en 2018?
Aquí entramos al tema de la protección de los derechos de las personas migrantes. Recordemos que México es país de origen, tránsito, retorno y ahora también es de destino. El paso de las caravanas por nuestro país tiene que ver con que México es un país de tránsito, ya que se pasa por él para llegar a los Estados Unidos.
La idea de caminar en caravana tiene que ver con la protección de las propias personas migrantes. Entre más personas vengan juntas, menor será el grado de extorsión o de delitos cometidos en su contra.
A mí me correspondió, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando era Quinto Visitador General, llevar a cabo la protección de derechos humanos de una caravana que rondaba alrededor de 7,000 personas. Fue un suceso muy especial, ya que venían caminando más personas que las que pudieran constituir uno o varios municipios, con los desafíos que eso implicaba.
En general, utilizamos el instrumento de las medidas cautelares para evitar la violación de los derechos humanos, de manera que las dirigíamos a los tres órdenes de gobierno para que tomaran previsiones a la llegada de la caravana, tomando en consideración que la misma estaba integrada por jóvenes, pero también por personas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres, mujeres embarazadas o con niños en los brazos, personas en silla de ruedas. Era un pueblo caminante, sin lugar a dudas. Por eso era muy imporante que se tomaran las medidas necesarias para, por lo menos, apoyarlos con la atención humanitaria.
Otro tipo de medidas cautelares que tuvimos que utilizar tuvieron que ver con la detención de las personas migrantes, ya que en varias ocasiones se enviaron fuerzas policiales con el objetivo de parar la caravana, pero se quería hacer a media carretera, cuando más peligraba su vida, por ello, tuvimos que emitir medidas cautelares, algunas de las cuales se hicieron de manera verbal, en el lugar mismo en que se quería detener a las personas migrantes.
Llama mucho la atención que en el periodo de 2015 a 2019 realizó usted actividades como visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la protección de las personas mexicanas migrantes en Estados Unidos, pero también se apoyó a latinoamericanos de otros países. ¿Revelaría esto una nueva forma de concebir el ámbito personal de validez del derecho, extensivo por un país a personas que no tienen su nacionalidad, justificadas esas acciones en conceptos de solidaridad, humanitarismo o filantropía?
En esa época, el primer mandato del presidente Donald Trump hizo que nuestro país, y junto con nosotros el resto de los países de América Latina, nos preocupáramos por la suerte que seguirían nuestros nacionales en Estados Unidos. Esto hizo que compartiéramos sentimientos de solidaridad. Y, en muchas ocasiones, las acciones que realizamos beneficiaban no sólo a nuestros connacionales, sino también a nuestros hermanos de la región. Es el caso, por ejemplo, de las medidas cautelares que solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que lo hicimos junto con otras Comisiones de Derechos Humanos de la zona. Esta forma de actuar puso en evidencia que hay un área de oportunidad al unirnos los diferentes países de la región. Mediante la colaboración y la cooperación es como mejor podemos expresar nuestros deseos de protección de los derechos humanos.
¿En qué condiciones estaban o están los temas de protección de los derechos de las personas migrantes, atención a periodistas y defensores de derechos humanos, y trata de personas? En términos llanos, ¿ha habido avance o retroceso?
Los temas de migración, atención a periodistas y defensores de derechos humanos y la trata de personas, llevan en sí grandes preocupaciones. En ellos se reflejan los riesgos en que se encuentra nuestra sociedad y no son menores. La migración seguirá estando presente porque las causas de la misma no han sido abordadas correctamente, las agresiones a periodistas siguen existiendo porque también son producto del nivel de inseguridad que en general existe en determinados lugares, y mientras no se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables, seguirán actuando los defensores de derechos humanos. Desafortunadamente, la comercialización de las personas sigue siendo uno de los delitos internacionales con gran presencia global, ya que es un ilícito sofisticado, que implica la existencia de redes internacionales muy fuertes. Por tanto, aquí la respuesta que puedo dar es de redoblar esfuerzos para avanzar en disminuir todas estas cuestiones, en el entendido que falta mucho por hacer.
El doctor Corzo ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1999, como asesor de la Presidencia, en donde realizaba dictámenes para los asuntos a discutir en el Pleno, así como realizar gestiones judiciales encomendadas por la Presidencia o por el Tribunal Pleno, sobresaliendo, de manera especial, el acompañamiento hecho a la reforma constitucional de 11 de junio de 1999.
Después se le dio el encargo de ser el primer titular para estar al frente de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Federación, abarcando tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al Consejo de la Judicatura Federal.
Son de mencionarse las actividades que se realizaron en conjunto con las Supremas Cortes de Justicia y Tribunales Constitucionales de la región de Iberoamérica y con los Consejos de la Judicatura Federal de esta misma región. En especial, vale la pena destacar la cooperación internacional efectuada para que jueces de todos los países de Centroamérica tomaran el curso, junto con los aspirantes mexicanos, para ser jueces de distrito, así como la colaboración con la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, habiéndose firmado un Acuerdo de Cooperación y tenido una reunión en Guanajuato, México, entre los Presidentes de las Cortes Supremas de Estados Unidos y México. Con la American Bar Association se mantuvieron encuentros y actividades estrechas de cooperación.
En esta etapa sobresale el haber presenciado, desde el Poder Judicial, el cambio de titular del Poder Ejecutivo Federal, de Ernesto Zedillo Ponce de León a Vicente Fox, con las actividades propias de adaptación ante un nuevo gobierno.
Con posterioridad, en 2003, obtuvo el nombramiento de Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, donde elaboró múltiples proyectos, y fue comisionado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para realizar una estancia de seis meses en un Juzgado de Distrito y otros seis meses en un Tribunal Colegiado de Circuito. En 2004 fue nombrado coordinador de Ponencia, cargo que implicó no sólo proyectar asuntos, sino también llevar todo el proceso de trámite interno de los expedientes asignados a la ponencia.
De enero de 2015 a diciembre de 2019 se desempeñó como Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, teniendo a su cargo los temas de protección de los derechos de las personas migrantes, de atención a periodistas y defensores de derechos humanos, así como asuntos sobre trata de personas.
En este periodo sobresalen de manera especial las actividades que se llevaron a cabo para la protección de los derechos de las personas mexicanas migrantes en Estados Unidos, habiéndoseles atendido desde la frontera mexicana y asesorado sobre su situación en Estados Unidos, destacándose que ese apoyo se les ofreció igualmente a los latinoamericanos en aquel país. En defensa de las personas migrantes se presentó, junto con las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de la región, una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se asistió a una audiencia sobre protección de sus derechos en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sobresalen, igualmente, las relaciones de cooperación mantenidas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que se apoyó en la elaboración de peritajes para efecto de mantenimiento de medidas provisionales sobre casos en territorio mexicano, y con la que se capacitó a todos los visitadores de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Un suceso de especial relevancia que ameritó toda la atención y capacidad de protección de derechos humanos fue la Caravana migrante que en 2018 transitó por México hacia los Estados Unidos, con cerca de 7,000 personas. Se le dio acompañamiento desde Tecunumán, Guatemala, hasta Tijuana, Baja California, atravesando todo el territorio mexicano, durante el cual se emitieron múltiples medidas cautelares y se realizaron innumerables gestiones, a efecto de que las autoridades municipales, estatales y federales ofrecieran atención humanitaria y se respetaran los derechos humanos, principalmente a la integridad personal y a la salud.
Vale la pena mencionar el primer informe que se emitió, por una autoridad mexicana, sobre el desplazamiento forzado interno en México; el Informe que se efectuó sobre la situación de la trata de personas y la emisión de recomendaciones generales y atención brindada a los periodistas que fueron agredidos durante el periodo que el doctor Corzo estuvo al frente de la Quinta Visitaduría general.
Gracias a la propuesta del gobierno de México, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo eligió como integrante del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU para el periodo 2020 a 2023. Su labor principal consistió en monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales contenidas en el Convenio Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
Por decisión de los 14 integrantes del Comité, fue electo como Presidente del mismo para el periodo 2022-2023, cargo que le permitió dirigir los trabajos en su labor ordinaria, pero también en su interacción con el resto de los Comités de Derechos Humanos. En este periodo se avanzó en la elaboración de la Observación General número 6 sobre la Convergencia entre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordinaria y Regular con la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, únicos instrumentos internacionales sobre migración.
Destaca, por su relevancia, la firma del Memorándum de Entendimiento con la Universidad Libre de Ámsterdam, lo que abrió la puerta para que el Comité realice actividades de colaboración con diversas universidades del mundo.
Al mismo tiempo fue nombrado Presidente de la Reunión de las diez presidencias de los Comités de Derechos Humanos, para el periodo 2022-2023, cargo que le permitió percibir de primera mano la problemática global inherente al cumplimiento de los derechos humanos en sus diversas materias, así como contribuir de manera importante el fortalecimiento del sistema de Comités de Derechos Humanos de la ONU, en aspectos como el presupuesto y los recursos humanos, el calendario previsible de revisión de obligaciones internacionales de todos los Comités de Derechos Humanos, las mejoras en la armonización de sus métodos de trabajo interno y el avance digital.
Con base en una nueva propuesta del gobierno de México, en junio de 2023 fue reelecto por la Asamblea General de las Naciones Unidas para un segundo periodo como integrante del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU, de 2024 a 2027.
¿De qué manera o cuáles son los mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones internacionales contenidas en el Convenio Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares?
Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre los cuales está el que se menciona, cuentan con mecanismos para monitorear el cumplimiento de los derechos humanos establecidos en los mismos, los que se denominan Comités de Derechos Humanos u Órganos de Tratados. Los Comités reciben un informe de los Estados que han ratificado el tratado internacional correspondiente, en el que señalan la manera en que han cumplido con sus obligaciones internacionales. Después, una delegación del Estado irá a donde está el Comité en cuestión para tener un diálogo constructivo, en el que se harán preguntas sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Hay que tomar en consideración que el Comité cuenta, además del Informe, con la información que le puedan hacer llegar las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de Naciones Unidas en el país en cuestión. Con todo ello se lleva a cabo un intercambio de puntos de vista y, al final, el Comité de Derechos Humanos emitirá sus recomendaciones al Estado.
Otro mecanismo importante son las comunicaciones individuales, una especie de queja que puede presentarse directamente ante los Comités de Derechos Humanos, con ocasión de un caso particular de violación de derechos humanos. Para ello hay que agotar los recursos nacionales que existan para resolver el problema, pero si no se tiene respuesta o la misma ha sido indebidamente retrasada, se puede acudir directamente al Comité, quien solicitará información al Estado sobre el caso en cuestión y realizará el trámite correspondiente.
¿En qué consiste la Observación General número 6 sobre la Convergencia entre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordinaria y Regular, y la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, únicos instrumentos internacionales sobre migración?
Otro mecanismo que utilizan los Comités para dar a coocer los estándares de protección de los derechos humanos son las Observaciones Generales, documentos aprobados por los Comités, en donde normalmente se vierten las recomendaciones que anteriormente han reiterado a los Estados o la interpretación que puede darse a algunas de las disposiciones de los tratados internacionales. En el caso del Comité de Trabajadores Migratorios, recientemente se aprobó la Observación general número 6, que tiene que ver con la Convergencia que existe entre dos instrumentos internacionales en materia de migración. Por un lado, la Convención Internacional mencionada, pero por otro, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, instrumento este último que busca avanzar en lo que se denomina la gobernanza de la migración.
Como consecuencia de esta convergencia, puede indicarse que, si bien los gobiernos tienen preocupaciones para manejar los flujos migratorios cuando entren a su país, y por ello piden información y sugieren una serie de acciones, todo esto debe realizarse con estricto apego a los derechos humanos, sin olvidar que es la persona la que requiere del apoyo de los gobiernos y de la sociedad en general.
¿Cuáles han sido, en los últimos años, las posturas políticas o jurídicas de los gobiernos que tienen mayor inmigración, para garantizarles derechos humanos a los migrantes?
Cada país tiene su política migratoria propia. Si volteamos al norte de nuestro país, advertimos que la política migratoria del gobierno entrante es bastante restrictiva, sin darse cuenta que eso provocará que las redes de tráfico de personas activen nuevos mecanismos para seguir realizando sus actividades. Se trata de una política basada en la detención de las personas migrantes no documentadas, pero también es una política negatoria de derechos humanos, ya que al cerrar la frontera busca acabar con las solicitudes de asilo y, al mismo tiempo, niega la nacionalidad a quienes nacieron en terrirorio norteamericano de padres migrantes no documentados, lo que va incluso en contra de la Constitución de aquel país.
Este tipo de políticas migratorias no son aceptables, sobre todo porque ponen en entredicho el cumplimiento de los derechos humanos, por lo que la defensa de los derechos humanos tendrá que pasar necesariamenrte por la judicialización, deberá acudirse a los jueces para buscar la protección de los derechos humanos.
¿Cómo visualiza usted, que ha estudiado en varias universidades extranjeras, el desarrollo de la investigación en la Ciencia Jurídica? ¿Qué países tienen avances o aportaciones relevantes? Y, claro, ¿cuál es el nivel de México en ese contexto?
He tenido la fortuna, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, de estudiar en universidades extranjeras, lo cual agradezco enormemente. La experiencia que obtuve fue muy enriquecedora, ya que cada país y universidad tienen su propio desarrollo científico. Así, por ejemplo, puedo señalar que, en Francia, la metodología es una de sus grandes aportaciones, el método de Descartes se sigue en toda la educación, y la universidad no es la excepción, así que el análisis sistemático de la información es algo que tienen muy arraigado. En España, en cambio, si bien no es la metodología la gran prepcupación, puedo señalar que el estudio profundo de los temas, con seriedad y de manera monográfica, hace que se tengan avances muy precisos en cada uno de los temas que se abordan. Además de lo anterior, hay que tomar en cuenta la existencia de escuelas teóricas en cada país que ofrecen un determinado entendimiento del derecho.
¿Existe colaboración fluida, oportuna y de buena fe entre los tribunales de las diversas naciones para la aplicación del derecho en materias transnacionales, o existe aislamiento en sus propias esferas?
Siempre ha existido la cooperación internacional, incluida la de tribunales. Son conocidos los diversos instrumentos internacionales que se celebran en esta materia, recuérdese, por ejemplo, los de extradición, pero igualmenrte los hay en otras materias. Además de estos instrumentos internacionales, vale la pena mencionar que existen reuniones continentales entre los diversos poderes judiciales, sobre diversos aspectos temáticos y de cooperación, no tan formales como los tratados internacionales, pero mediante los cuales se realizan acciones de colaboración a nivel internacional muy interesantes.
¿En qué área del desempeño de sus actividades jurídicas ha sentido usted mayores satisfacciones?
Puedo decir que, por fortuna, en todas mis actividades profesionales he tenido satisfacciones, unas son diferentes que las otras. En la academia, es frecuente que los alumnos tengan muestras de agradecimiento que hacen que uno se sienta bien, cuando das la clase, cuando les ayudas a titularse, cuando publican un artículo o un libro. En el ejercicio judicial es más complicado, pues siempre habrá uno que gane y otro que pierda, pero en ocasiones incluso quien pierde te agradece la seriedad con que se resolvió el caso, lo que te hace sentir bien. En la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, cuando ves su cara después de habérseles respetado sus derechos, sientes una sensación muy especial de satisfación. O cuando en Naciones Unidas acabas un periodo de evaluación de varios Estados, sientes una satisfacción motivada por haber ayudado a buena parte de la población de esos países.
En todo caso, mi mayor satisfacción es, sin lugar a dudas, tener la oportunidad de poder ayudar a los demás.
¿Qué opina sobre la reforma judicial?
A partir del 15 de septiembre de 2024 tenemos un nuevo modelo de impartición de justicia en el que la ciudadanía elige a sus jueces. Le toca a la sociedad votar y decidir quiénes serán sus juzgadores y, a ellos, por su parte, actuar construyendo espacios de corresponsabilidad y con respeto a la convivencia de una sociedad informada. Es un momento histórico, inédito, en el que la justicia tendrá un nuevo rostro, el de la justicia social, la justicia igualitaria, de compromiso social, evitando la opulencia y reduciendo al mínimo los privilegios, pero siempre con apego a la ley y a la certeza juridica que todos buscamos.
