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Desde el 16 de octubre comenzaron los trámites para obtener la nueva CURP biométrica, la versión renovada de la Clave Única de Registro de Población, la cual incorpora datos biométricos como huellas dactilares, escaneo del iris, firma electrónica y fotografía digital. Tiene los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, y ahora podrá tramitarse tanto en formato físico como digital.
El documento entró en vigor el 17 de julio, y las instituciones públicas cuentan con 90 días naturales para adoptar las medidas necesarias para su implementación. El proceso será gradual, con el objetivo de que en febrero de 2026 todos los módulos del país estén habilitados para emitir la nueva CURP. Una vez consolidada, esta servirá como identificación oficial válida en todo México, aplicable a gestiones tanto públicas como privadas.
Es voluntaria
Uno de los principales temas de debate ha sido su carácter obligatorio. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el uso de datos biométricos será voluntario, permitiendo que cada persona decida si desea proporcionar su información.
Sin embargo, el Artículo 91 Bis del decreto que modifica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada dispone que la CURP biométrica “será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el país, disponible en formato físico y digital”.
Esto significa que, aunque el trámite no es forzoso en esta etapa inicial, el marco legal establece que en el futuro sí será un requisito obligatorio. Por lo tanto, tanto instituciones públicas como privadas deberán prepararse para su uso generalizado.
Trámites que podrían requerir la CURP biométrica
Al adquirir el rango de documento nacional de identidad, todas las dependencias y entidades estarán obligadas a aceptar la CURP biométrica como medio de identificación.
Por ahora no se contemplan sanciones para quienes aún no la tramiten, pero su ausencia podría generar dificultades para acceder a diversos servicios conforme avance su implementación. Entre los trámites que podrían verse afectados se encuentran:
- Registro o acceso a servicios públicos de salud
- Inscripción escolar en instituciones educativas
- Acceso a programas sociales y apoyos gubernamentales
- Apertura de cuentas bancarias o contratación de servicios financieros
- Gestiones laborales o fiscales que requieran verificación de identidad
Del mismo modo, cualquier institución pública o privada que se niegue a aceptar la CURP biométrica como identificación oficial podría recibir multas de entre 10,000 y 20,000 UMAs, equivalentes a hasta dos millones de pesos.
