Foto de archivo Excélsior.
Cada año, alrededor de 30 mil niñas, niños y adolescentes son reclutados por el crimen organizado en México, de acuerdo con organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Pese a la magnitud del problema, no existe una tipificación penal que castigue el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales, a pesar de que desde 2011 el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado mexicano hacerlo y establecer sanciones de entre 20 y 140 años de prisión para quienes incurran en esta práctica, de acuerdo con información de El Universal.
La activista Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, ha reiterado la urgencia de que el Congreso incorpore este delito al Código Penal Federal. Busca que la reforma no sólo fortalezca el marco legal, sino que también impulse una estrategia integral para desmovilizar y atender a los menores ya vinculados con la delincuencia.
Sin embargo, ningún gobierno federal ha priorizado este tema. Ni durante la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, ni en los sexenios de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador —con su política de “abrazos, no balazos”—, ni en la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo, se ha presentado una iniciativa presidencial para tipificar el reclutamiento de menores.
Aunque legisladores de todos los partidos, incluidos morenistas como Ricardo Monreal, han propuesto reformas, ninguna ha sido dictaminada.
Según datos de Reinserta, el 62% de los adolescentes en conflicto con la ley tuvo contacto con grupos criminales antes de cumplir 15 años.
Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, el fenómeno es “alarmante”: entre 30 y 35 mil menores ingresan cada año a las filas del crimen.
Pérez lamenta la falta de estudios oficiales sobre la magnitud del reclutamiento y advierte que la captación de menores ahora ocurre también en redes sociales y videojuegos. Estimaciones de 2020 apuntaban a entre 140 mil y 250 mil menores en riesgo, cifras que podrían ser mucho mayores hoy.
El activista recuerda que el reclutamiento forzado de menores es considerado un crimen de lesa humanidad, por el que la Corte Penal Internacional ha procesado a líderes militares y políticos en otros países.
En México, en cambio, “han pasado 13 años desde que la ONU pidió tipificar este delito, y seguimos sin una ley que lo castigue”, señala.
Tampoco está en la agenda del gobierno federal, la oposición ni los congresos locales: “Es como si no existieran los miles de menores desaparecidos o forzados a trabajar como halcones, sicarios o traficantes”.
Desde 2011, México ha recibido al menos 78 recomendaciones internacionales para tipificar el delito, sin que se haya concretado ninguna.
Una revisión realizada por EL UNIVERSAL identificó más de 50 iniciativas y puntos de acuerdo presentados por diputados y senadores de distintos partidos para sancionar a los reclutadores o exhortar a las autoridades a actuar.
Tras el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco —donde se encontraron pertenencias de menores presuntamente reclutados y desaparecidos—, se presentaron 15 nuevas iniciativas, todas aún pendientes de dictamen.
Entre las más recientes destacan:
- 17 de julio de 2025: el senador priista Pablo Angulo Briseño propuso reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con penas de hasta 45 años de prisión.
- 3 de agosto de 2025: el diputado del PT Ricardo Mejía Berdeja propuso castigos de hasta 30 años de cárcel, duplicables en caso de agravantes.
- abril de 2025: la senadora panista Laura Esquivel planteó penas de 20 a 40 años de prisión y multas de hasta 3 mil días de salario, con agravantes si los responsables son funcionarios, policías o militares.
- marzo de 2020: el morenista Ricardo Monreal presentó una propuesta similar.
- El priista Rubén Moreira sugirió sanciones de 15 a 30 años, que se duplicarían si la víctima es menor de edad.
- La panista Kenia López Rabadán distinguió entre “reclutamiento criminal” (voluntario) y “reclutamiento criminal forzado” (bajo coacción o engaño).
- El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez planteó las penas más altas, de 80 a 140 años de prisión, para quien utilice o fuerce a menores a participar en delitos o actividades violentas.
Otras propuestas han sido impulsadas por legisladores de distintos partidos, como Miguel Alonso Reyes, Ivonne Ortega, Juan Carlos Natale, Guillermo Anaya, Julio Scherer, Ernesto Núñez Aguilar, Pablo Vázquez, y los senadores Luisa Cortés García, Carolina Viggiano, Néstor Camarillo e Indira Rosales.
En abril de 2022, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y Federal contra la Delincuencia Organizada para combatir el uso de menores por grupos criminales. Sin embargo, no se incluyó la tipificación del reclutamiento forzado ni se modificó el Código Penal Federal.
El Senado de la República nunca dictaminó esas reformas.
