José Ramón González Chávez
Al leer el texto de la escritora española Miriam Martínez Bascuñan, titulado “El fin del mundo común: Ana Harendt y la Postverdad”, me ha hecho reflexionar sobre un tema que ya he comentado en otras ocasiones, aunque desde una nueva perspectiva para comprender la denominada verdad e intentar acerarse a posibles respuestas a las grandes preguntas existenciales de hoy, y en lo que toca a los que apreciamos y practicamos el Derecho a como incide esa nueva perspectiva en sus variadas y complejas expresiones, particularmente en el sistema constitucional.
Postverdad en términos generales -ya lo hemos comentado en pasadas entregas- no es otra cosa que una o varias falacias de tipo visceral, es decir, dirigidas al hígado o al corazón, cuyo propósito es manipular y distorsionar deliberadamente una verdad, de tal suerte que para el manipulador los datos reales y objetivos tienen menos valor que las apreciaciones subjetivas y las reacciones, creencias, sensaciones, sentimientos y resentimientos individuales y colectivos que provocan, y de tal forma influir en la conducta de la opinión pública (la audiencia, el auditorio, los lectores, los medios) para reaccionar de determinada forma.
Si bien el tema no es nuevo, un ejemplo claro de su preexistencia es la maquinaria propagandística del régimen nazi-, Watergate en los años 70, o más cercanamente el caso del referéndum sobre Brexit en Reino Unido en los 90, la primer campaña presidencial de Trump, en el contexto actual, sumada a los medios de difusión masiva de información y las llamadas “redes sociales” la postverdad cobra una dimensión muy distinta, pues su propósito es construir líneas de discurso populistas que permitan a los políticos generar, mantener y aumentar simpatías y confianzas entre los seguidores e indecisos, así como falsas expectativas mediante mentiras disfrazadas de verdad pero que tienen una alta carga emotiva, construyendo una especie de realidad paralela afín a la ideología de quien la usa. Y en México, para muestra los 80 mil “botones” de mentiras dichas en el sexenio anterior por el entonces ejecutivo federal a las que se suman las proferidas en lo que va del actual.
La propia estructura y dinámica de medios y redes en la actualidad hace que a la ciudadanía –sobre todo en aquellos sectores más manipulables por razones socioeconómicas, educativas, culturales, etc.– le sea difícil corroborar esos datos y afirmaciones, más aún si van acompañados de imágenes de reforzamiento, aunque no tengan relación de coherencia entre lo dicho, visto y hecho. Pero eso sí, cuando a alguien se le ocurre demostrar públicamente que esas declaraciones o notas son falsas o invalidas, además de que el que las ha expresado queda totalmente impune, éste se va en contra de quien lo ha descubierto, tachándolo de adversario, enemigo, creando en su contra nuevas emociones dirigidas a la audiencia, con lo que elimina el debate y lo que parece increíble: refuerza también su discurso falaz.
Si todos estuviéramos de acuerdo en todo, si hubiera un pensamiento único, no se necesitaría de la política. Por eso el disenso es un elemento imprescindible de la democracia; de hecho, es su razón de ser y por eso la política es la forma de buscar y encontrar acuerdos en lo fundamental, independientemente de las preferencias y expectativas personales y de grupo; y por ello también, quien conduce el Estado y el gobierno debe ser por obligación y responsabilidad política, su principal garante. Tal es la razón por la que la autora, siguiendo a Ana Arendt (“Los orígenes del autoritarismo”), afirma que en la actualidad existen instituciones “no visibles, como la confianza, la autoridad, la legitimidad que no están inscritas en ninguna Constitución pero que son columnas que le dan sustento y sentido a la democracia.
“El fin del mundo común” es ese piso compartido sobre el que es posible que tengan efecto los hechos públicos, hechos que basados en el respeto a la Ley nos dan Estado, Derecho y Constitución…
