No debería depender del color político en turno, sino consolidarse como una verdadera política de Estado
El tema central en la edición número 54 de revista Jurista fue dedicado a conocer las actividades de uno de los más importantes bufetes jurídicos del país, la firma Carrasco | Barrera | Rodríguez | Heredia Abogados. En esta ocasión reproducimos la charla con el abogado José Víctor Rodríguez Barrera, publicada en la página 52. Las entrevistas tuvieron como cabeza de portada “El derecho exige a los mejores”.
Con más de tres décadas de ejercicio profesional, José Víctor Rodríguez Barrera se ha consolidado como uno de los abogados mexicanos con mayor experiencia en litigio mercantil, reestructuración financiera e insolvencia empresarial.
Su trayectoria refleja una constante participación en algunos de los asuntos jurídicos más complejos del país, combinando la práctica del litigio estratégico con el arbitraje comercial, el derecho corporativo, los conflictos inmobiliarios y el sector energético. Formado en la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo la licenciatura en Derecho, ha construido una carrera caracterizada por el rigor técnico, la visión estratégica y un profundo conocimiento del sistema judicial mexicano.
Socio del despacho Carrasco | Barrera | Rodríguez | Heredia | Mora Abogados, José Víctor Rodríguez ha desarrollado una reconocida práctica en la conducción de litigios de alta especialización y procedimientos concursales, después de haber participado durante más de veinte años con firmas jurídicas de reconocido prestigio.
Su experiencia comprende la representación de empresas nacionales e internacionales en controversias comerciales, corporativas y patrimoniales, así como la intervención en procesos de reestructuración financiera que han marcado precedentes dentro del ámbito empresarial mexicano.
A ello se suma una sólida vocación académica que lo llevó a formar parte del Consejo Académico del Departamento de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y a impartir cátedra tanto en esa institución como en su alma mater, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de juristas.
Su prestigio profesional ha trascendido las fronteras nacionales. Ha sido llamado como experto en derecho mexicano por tribunales de los Estados Unidos y del Reino Unido en procedimientos de relevancia internacional relacionados con reestructuraciones corporativas e insolvencia transfronteriza, además de haber integrado tribunales arbitrales bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).
Esa combinación de experiencia judicial, arbitral, académica, notarial e internacional convierte a José Víctor Rodríguez Barrera en una voz autorizada para reflexionar sobre los grandes desafíos que enfrenta hoy el derecho mercantil, la justicia empresarial y la evolución de los mecanismos de solución de controversias en un entorno económico cada vez más globalizado.
Es un gusto para Jurista charlar con este distinguido abogado.
1.- México busca consolidarse como uno de los principales destinos de inversión en el contexto del fenómeno de relocalización de empresas. Desde la perspectiva jurídica, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país para ofrecer certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros?
La certeza jurídica es, hoy más que nunca, el activo más valioso que un país puede ofrecer en la competencia global por capital. México cuenta con ventajas estructurales extraordinarias —el T-MEC, una base manufacturera consolidada, cercanía con Estados Unidos y mano de obra calificada—, pero enfrenta retos que pueden opacar esas fortalezas. El primero es la transición del Poder Judicial: la elección popular de jueces iniciada en 2025 y el reciente aplazamiento de la siguiente elección a 2028 generan un periodo de ajuste institucional cuya duración e impacto en la previsibilidad de los criterios judiciales aún no pueden dimensionarse del todo.
El segundo es el propio proceso de revisión conjunta del T-MEC, iniciado el 1 de julio de este año, en el que Estados Unidos ya descartó una renovación automática por dieciséis años y optó por revisiones anuales hasta 2036; esto añade una variable de riesgo país que exige estructuras contractuales más flexibles. El tercero es de índole material: el 91% de las empresas reporta dificultades para garantizar suministro eléctrico en parques industriales, existe escasez de agua en estados del norte y persisten problemas de seguridad que encarecen la operación logística. Ninguno de estos retos es insalvable, pero exigen que el marco normativo transmita estabilidad de largo plazo, precisamente lo que buscan los proyectos de inversión con horizontes de diez o más años.
2.- Usted ha participado en procedimientos internacionales de gran relevancia relacionados con empresas mexicanas. ¿Cómo ha evolucionado la percepción del sistema jurídico mexicano en tribunales y foros internacionales durante los últimos años?
Durante décadas, México construyó una reputación razonable como sede confiable para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, apoyada en la adhesión a la Convención de Nueva York y en una comunidad arbitral consolidada. Sin embargo, la reforma judicial ha introducido un factor de cautela en los foros internacionales: tanto la Relatoría Especial de la ONU sobre independencia judicial como la CIDH han expresado inquietud pública sobre el riesgo de politización de la impartición de justicia derivado de la elección popular de juzgadores. Esa percepción importa, porque los abogados, árbitros e inversionistas extranjeros evalúan constantemente el entorno judicial local como referencia indirecta —aun cuando ellos mismos operen bajo arbitraje— de la solidez institucional del país.
El reto para México en los próximos años será demostrar, con hechos y no sólo con narrativa oficial, que la nueva integración del Poder Judicial mantiene independencia técnica y predictibilidad de criterio; de lograrlo, la confianza puede recuperarse con relativa rapidez, dado el peso que sigue teniendo la economía mexicana en el comercio internacional.
3.- Los conflictos societarios y las disputas entre accionistas parecen ser cada vez más frecuentes. ¿Cuáles son las causas más comunes de estas controversias y cómo pueden prevenirse desde una adecuada estructura corporativa?
La causa más recurrente, con mucho, es la ausencia de convenios entre accionistas verdaderamente robustos: documentos que se firman como formalidad, sin mecanismos claros de gobierno corporativo, deadlock, valuación o salida. Esto se agrava en el contexto actual de nearshoring, donde muchas empresas —nacionales y extranjeras— aceleran la formación de asociaciones o joint ventures sin el tiempo suficiente para una debida diligencia legal completa. También son comunes los conflictos en empresas familiares que crecen sin profesionalizar su consejo de administración, y las controversias derivadas de rondas de inversión donde los derechos de veto, tag-along, drag-along y las cláusulas anti-dilución no quedaron correctamente calibrados.
La prevención pasa por invertir tiempo —y honorarios— al inicio de la relación societaria: consejos con consejeros independientes, cláusulas arbitrales bien redactadas, mecanismos de resolución de impasses (como el shotgun o buy-sell), y políticas de compliance que reduzcan la discrecionalidad. La experiencia demuestra que el costo de estructurar bien un vehículo societario es mínimo comparado con el de litigar su ruptura.
4.- México ha experimentado importantes cambios regulatorios en sectores estratégicos como el energético. ¿Qué retos legales enfrentan actualmente las empresas que participan en esta industria? (si gusta puede aludir a otros sectores).
El sector energético vive uno de los cambios estructurales más profundos de las últimas dos décadas. Las leyes secundarias publicadas en marzo de 2025 transformaron a CFE y Pemex en empresas públicas del Estado, extinguieron a la CRE y a la CNH —cuyas funciones absorbió la Secretaría de Energía—, declararon al litio como recurso exclusivo del Estado, y establecieron que al menos el 54% de la energía inyectada a la red provenga de la CFE, dejando a los privados esquemas mixtos o de asociación. Para las empresas ya establecidas bajo el marco de 2014, el reto principal es la certeza sobre permisos, contratos de interconexión y esquemas tarifarios previamente otorgados, así como la eventual necesidad de recurrir a mecanismos de protección de inversión ante cambios regulatorios sobrevenidos.
Para quienes buscan invertir hoy, el reto es navegar una autoridad regulatoria concentrada y procesos de permisos que compiten con la urgencia del nearshoring. En bienes raíces industriales —otro sector que conozco de cerca— el reto es distinto pero igual de relevante: la disponibilidad de agua y capacidad eléctrica ya condiciona la viabilidad de nuevos parques industriales, lo que obliga a incorporar cláusulas contractuales que anticipen escenarios de desabasto.
5.- Después de haber intervenido en algunos de los procesos de insolvencia y reestructuración más complejos, ¿considera que el régimen mexicano de concursos mercantiles responde adecuadamente a las necesidades del mercado actual o requiere ajustes importantes?
La Ley de Concursos Mercantiles mexicana tiene fundamentos técnicos razonables, pero el mercado actual exige ajustes que no pueden posponerse más. Los tiempos procesales siguen siendo largos frente a los estándares de jurisdicciones comparables; el número de especialistas certificados —visitadores, conciliadores y síndicos— es insuficiente para la demanda; y, sobre todo, la ley carece de un marco robusto y predecible para el financiamiento durante el concurso (DIP financing), que en la práctica internacional resulta clave para preservar el valor de la empresa como negocio en marcha. También sería deseable fortalecer los mecanismos de reconocimiento de procedimientos extranjeros, en línea con la Ley Modelo de la CNUDMI, para dar mayor previsibilidad a los casos transfronterizos, cada vez más frecuentes dada la integración productiva de México con Norteamérica.
Un régimen de insolvencia moderno y ágil no sólo protege a los acreedores; es también una pieza de infraestructura legal que da confianza a quien invierte, porque le permite anticipar qué sucede si el negocio no funciona como se planeó.
6.- Usted ha fungido como árbitro y ha participado en procedimientos internacionales. ¿Qué ventajas ofrece el arbitraje frente al litigio tradicional cuando se trata de controversias empresariales de gran complejidad?
El arbitraje ofrece ventajas que se vuelven más valiosas precisamente en el entorno actual: confidencialidad, posibilidad de elegir árbitros con experiencia técnica específica en la materia en disputa, mayor control de las partes sobre el procedimiento, y ejecutabilidad del laudo en más de 170 países gracias a la Convención de Nueva York.
En un momento en que el Poder Judicial mexicano atraviesa una transición institucional cuyo desenlace aún genera cautela entre inversionistas, el arbitraje adquiere un valor adicional como mecanismo que permite a las partes sustraerse, dentro de lo permitido por la ley, de la incertidumbre coyuntural del sistema de justicia ordinario. Esto no significa que el arbitraje sea ajeno a los tribunales locales —siguen siendo indispensables para medidas cautelares y para el reconocimiento o eventual nulidad de laudos—, pero sí explica por qué cada vez más contratos complejos, sobre todo los transfronterizos vinculados al nearshoring, incorporan cláusulas arbitrales como estándar y no como excepción.
7.- ¿Qué opina de los anuncios o intenciones de algunos países del sur, como Colombia, de abandonar el sistema internacional de arbitraje de inversiones?
Con respeto a la soberanía de cada Estado para definir su política de inversión, considero que el anuncio del presidente Petro de retirar a Colombia del CIADI —hecho el pasado 26 de marzo— envía una señal que probablemente resulte contraproducente para sus propios objetivos. La experiencia de Bolivia, Ecuador, Venezuela y, más recientemente, Honduras muestra que la denuncia del Convenio no reduce el número de reclamaciones; al contrario, suele precipitar una ola de nuevas demandas durante los seis meses que, conforme al artículo 71 del propio Convenio, deben transcurrir antes de que la salida surta efectos.
Además, la desconexión del CIADI no elimina la exposición al arbitraje de inversión, porque la mayoría de los tratados bilaterales colombianos contemplan foros alternativos como la CNUDMI o la Cámara de Comercio Internacional. Desde una perspectiva de política pública orientada a atraer capital, este tipo de señales —incluso cuando no se materializan en su totalidad— elevan la prima de riesgo percibida para toda la región, y representan, en todo caso, una oportunidad para que México se diferencie como una jurisdicción previsible y respetuosa de sus compromisos internacionales.
8.- Cada vez más empresas extranjeras establecen operaciones en México. ¿Cuáles son los errores legales más frecuentes que observa en inversionistas internacionales al ingresar al mercado mexicano?
El error más común es subestimar la complejidad regulatoria local pensando que un contrato modelo, redactado bajo otra jurisdicción, funcionará igual en México; con frecuencia ese documento omite formalidades esenciales —poderes notariales correctamente otorgados, cláusulas arbitrales ejecutables, o el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo tras la reforma de subcontratación de 2021—.
El segundo error es no realizar una debida diligencia inmobiliaria completa antes de adquirir o arrendar naves industriales, lo que después deriva en disputas sobre uso de suelo, concesiones de agua o régimen de propiedad (incluyendo antecedentes ejidales). El tercero es una estructuración fiscal y societaria deficiente que expone innecesariamente a la matriz extranjera a responsabilidades que pudieron limitarse con un vehículo mexicano adecuado. Y el cuarto, cada vez más relevante en el contexto del nearshoring, es no anticipar contractualmente los riesgos de suministro energético e hídrico de la región elegida, factores que hoy condicionan directamente la viabilidad operativa de cualquier planta.
9.- La digitalización de la economía ha generado nuevas formas de contratación y de relación comercial. ¿Cómo están impactando estos cambios en los litigios mercantiles y corporativos que llegan a los tribunales?
La digitalización ha traído consigo nuevas categorías de conflicto: disputas sobre validez de contratos celebrados mediante firma electrónica avanzada, controversias derivadas de la Ley Fintech y de la normativa de protección de datos personales, y litigios donde la evidencia central ya no es documental en sentido tradicional, sino registros electrónicos, correos, chats corporativos o incluso trazabilidad en blockchain. Los tribunales mexicanos han avanzado, aunque de forma desigual, en aceptar y valorar este tipo de evidencia, y el juicio en línea sigue siendo, en la práctica, más una promesa que una realidad homogénea en todo el país.
Este es un frente donde la modernización procesal resulta indispensable, sobre todo si se considera que el sistema judicial atraviesa simultáneamente una transición institucional que podría generar rezago adicional; una infraestructura digital robusta para la gestión de casos ayudaría a compensar, al menos parcialmente, la presión que dicha transición impone sobre la capacidad de respuesta de los tribunales.
10.- El bufete Carrasco-Barrera-Rodríguez-Heredia reúne experiencia en litigio, insolvencia, energía, bienes raíces y controversias corporativas. ¿Qué ventajas representa para los clientes contar con una firma multidisciplinaria para atender asuntos complejos?
Los asuntos verdaderamente complejos casi nunca se limitan a una sola materia. Una disputa sobre un parque industrial, por ejemplo, puede involucrar simultáneamente temas de arrendamiento inmobiliario, suministro energético, gobierno corporativo entre los socios del proyecto y, en escenarios adversos, un eventual proceso concursal. Contar con equipos que dominan estas materias bajo una misma estrategia evita los costos de coordinación, las contradicciones de criterio y los tiempos muertos que surgen cuando el cliente debe consultar despachos distintos para cada frente.
Además, en el entorno actual —marcado por la revisión del T-MEC, la transformación del sector energético y la transición del Poder Judicial— los clientes valoran cada vez más contar con un solo asesor que entienda el panorama completo y pueda anticipar cómo un cambio regulatorio en una materia repercute en las demás.
11.- Además de su práctica profesional, usted ha desarrollado una importante actividad académica en instituciones como la Universidad Iberoamericana y el CIDE. ¿Qué cambios considera indispensables en la formación de los abogados para responder a los desafíos jurídicos del siglo XXI?
La formación jurídica tradicional, centrada en la memorización de códigos, ya no es suficiente. Los abogados de hoy necesitan formación práctica en negociación y comprensión de finanzas y economía para asesorar adecuadamente en materia corporativa, dominio de un segundo idioma para litigios y arbitrajes transfronterizos, y alfabetización tecnológica suficiente para aprovechar herramientas de inteligencia artificial e investigación jurídica sin perder rigor analítico. Pero quizá lo más importante, en el momento particular que vive México, es formar profesionales capaces de adaptarse a marcos normativos que cambian con una velocidad inusual —el sector energético se rediseñó en un año, el propio Poder Judicial está siendo reconfigurado en tiempo real-. Eso exige currículas que prioricen el pensamiento crítico y la capacidad de aprendizaje continuo por encima de la memorización de un marco legal que, para cuando el estudiante egrese, probablemente ya habrá cambiado.
12.- Tras más de tres décadas de trayectoria profesional y participación en asuntos con impacto nacional e internacional, ¿cuál es la visión de futuro del despacho y qué tipo de soluciones busca ofrecer a empresas mexicanas y extranjeras que operan en un entorno cada vez más competitivo?
Nuestra visión es seguir siendo el puente entre el capital internacional que México necesita atraer y la complejidad regulatoria que debe navegarse para invertir con éxito en el país. Esto implica seguir fortaleciendo nuestras áreas de energía, insolvencia, bienes raíces, litigio y controversias corporativas de manera integrada, e invertir decididamente en la formación de las nuevas generaciones de abogados, en un momento en que el propio entorno institucional —judicial, energético, comercial— se está redefiniendo.
El objetivo de fondo no ha cambiado en tres décadas: convertir la incertidumbre regulatoria en riesgo manejable para nuestros clientes, de forma que puedan tomar decisiones de inversión de largo plazo con la información y las estructuras jurídicas adecuadas, incluso en un entorno tan dinámico como el que vive México actualmente.
13.- A la luz de la reforma judicial y de los cambios institucionales que vive México, ¿qué tan importante será la seguridad jurídica para aprovechar las oportunidades económicas derivadas del nearshoring y de la integración comercial con Estados Unidos y Canadá?
Diría que es, sencillamente, la variable determinante. México vive un momento paradójico: por un lado, una oportunidad histórica derivada del nearshoring y de la integración con Norteamérica, reforzada por el inicio, apenas el pasado 1 de julio, del mecanismo de revisión conjunta del T-MEC —que continuará con revisiones anuales hasta 2036—; por otro, un proceso de transformación institucional interna, con la elección judicial ya aplazada a 2028, cuyo resultado final aún no puede evaluarse con certeza.
Los proyectos de inversión que trae consigo el nearshoring —plantas manufactureras, parques industriales, infraestructura energética— exigen horizontes de diez, quince o veinte años, y ese tipo de capital sólo se compromete cuando existe confianza en que las reglas del juego, incluyendo la independencia del Poder Judicial y la interpretación previsible de los contratos, se mantendrán estables más allá de los ciclos políticos.
El reto de México, en síntesis, es demostrar que puede ofrecer esa estabilidad institucional al mismo tiempo que transforma sus instituciones; de lograrlo, la ventana de oportunidad frente a otros destinos competidores por la relocalización de inversión seguirá abierta. De no lograrlo, corremos el riesgo real de que la oportunidad histórica se traduzca en inversión moderada, condicionada y reversible, en lugar de en el salto de desarrollo que el país necesita.
¿Desea usted añadir algún tema que considere de relevancia?
Me gustaría cerrar subrayando que la certeza jurídica no debería depender del color político en turno, sino consolidarse como una verdadera política de Estado. México compite hoy por capital con destinos que ofrecen reglas más predecibles, y cada señal de discrecionalidad regulatoria —por bien intencionada que sea— tiene un costo medible en la decisión de inversión de una empresa extranjera.
La conversación pública suele concentrarse en los anuncios de grandes proyectos o cifras récord de inversión extranjera directa, pero el verdadero indicador de éxito de la relocalización de empresas será si, dentro de cinco o diez años, esas inversiones siguen operando, creciendo y reinvirtiendo en México. Esa es, a mi juicio, la métrica que debería guiar tanto la política pública como el ejercicio profesional de quienes asesoramos a empresas mexicanas y extranjeras en este momento tan particular de nuestro país.
