Basura se suma a la obra que obstruye paso en Ruiz Cortines

Ruiz Cortines: Daniela Griego debe responder

Por Rubén Ricaño Escobar

En la avenida Ruiz Cortines, en Xalapa, una lona con emblemas municipales advierte: “Prohibido depositar basura en este lugar”. Debajo del anuncio se acumulan bolsas, cajas, empaques y residuos sueltos que ocupan parte de la banqueta. A unos pasos, otro letrero anuncia: “Precaución. Obra en proceso”.

Las fotografías muestran una situación que exige atención inmediata. Al problema de transitar junto a una obra se suma ahora la acumulación de desechos en el espacio por donde deben caminar los habitantes.

De acuerdo con el relato vecinal, al modificarse las condiciones de acceso por los trabajos urbanos se acordó concentrar temporalmente la basura en un punto aledaño, donde Limpia Pública pasaría a recogerla. Los vecinos señalan que ese arreglo funcionó durante unos cuantos días y después dejó de cumplirse con regularidad. También reportan olores insoportables y presencia de ratas en el lugar que identifican como su única salida disponible durante la obra.

Estos testimonios requieren una respuesta del Ayuntamiento. Las imágenes documentan la acumulación de residuos; corresponde a las autoridades explicar qué ocurrió con la recolección, verificar las condiciones sanitarias y resolver el problema.

La responsabilidad municipal tiene un fundamento inequívoco. El artículo 115, fracción III, inciso c), de la Constitución establece que los municipios tienen a su cargo los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. El artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos desarrolla esa competencia. Recoger la basura forma parte de las obligaciones del gobierno municipal.

A partir de esa obligación, resulta razonable exigir previsión: cuando una obra modifica las rutas habituales, el Ayuntamiento debe organizar una alternativa que permita mantener el servicio. Eso requiere coordinación entre Obras Públicas, Limpia Pública y las áreas responsables de atender a la población; también exige comunicar horarios, puntos de entrega y mecanismos para corregir las fallas.

La decisión de concentrar residuos en un punto temporal debe acompañarse de capacidad suficiente para retirarlos. Dejar que se acumulen termina convirtiendo una medida operativa en un problema para quienes viven y transitan alrededor.

Está comprometida, además, la protección de derechos fundamentales. El artículo 4 constitucional reconoce el derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano. Los reportes sobre roedores y malos olores deben motivar una verificación y las medidas que correspondan.

Existe otro señalamiento que merece aclaración. Según la información aportada por los vecinos, desde Limpia Pública se habría indicado a comerciantes del mercado que llevaran también sus residuos a ese lugar. El Ayuntamiento debe confirmar o desmentir esa instrucción y explicar, en su caso, quién la autorizó y cómo se previó atender el volumen adicional.

Los comerciantes necesitan un manejo adecuado de sus residuos, al igual que las familias necesitan condiciones salubres alrededor de sus viviendas. La autoridad debe organizar el servicio de manera que ambas necesidades sean atendidas. Concentrar basura sin garantizar su retiro favorece tensiones entre personas que comparten el mismo problema.

También deben aclararse las llamadas “cooperaciones” que, según el relato recibido, se solicitan a comerciantes. Hace falta conocer su concepto, fundamento, monto, comprobación y destino. La legislación contempla cobros municipales por el manejo de residuos y dispone que sus ingresos se destinen a operar y fortalecer esos servicios. Por ello, cualquier señalamiento sobre cobros exige información verificable y cuentas claras.

Los vecinos señalan que ya comunicaron el problema a distintas autoridades y que una de las respuestas recibidas consistió en agradecer el aviso e informar que el reporte sería turnado a la gerencia. Canalizar una queja puede iniciar su atención; hace falta darle seguimiento e informar qué se hará, quién lo hará y cuándo.

Para las peticiones formuladas por escrito, de manera pacífica y respetuosa, el artículo 8 constitucional exige un acuerdo escrito y que se comunique al peticionario en breve término. En este caso, además de revisar las respuestas administrativas, urge atender la situación material denunciada.

La inconformidad de los habitantes merece ser escuchada por sus razones. La libertad de expresión, protegida constitucionalmente, comprende la posibilidad de formular críticas sobre el desempeño del gobierno. La ciudadanía tiene capacidad para observar, documentar y cuestionar lo que ocurre en su entorno.

También puede evaluar políticamente a sus autoridades. La calidad de los servicios públicos influye legítimamente en la confianza y en las decisiones electorales. Un gobierno que recibe cuestionamientos debe responder con explicaciones y resultados, así como una ciudadanía que no es escuchada ni recibe resultados puede cambiar el sentido de su voto. Buscar una filiación partidista detrás de cada reclamo vecinal deteriora el diálogo y evade el contenido de las quejas, así es que Alcaldesa, dígale a sus subalternos que dejen de buscar partidos detrás de un reclamo que es cien por ciento ciudadano.

La presidenta municipal, Daniela Griego, debe asumir la conducción de esta respuesta: instruir el retiro de los residuos, recuperar el paso peatonal, verificar los reportes sanitarios y establecer un esquema de recolección que funcione durante el tiempo que reste de la obra. También corresponde aclarar las instrucciones atribuidas a Limpia Pública y los señalamientos sobre cobros.

Las familias de Ruiz Cortines merecen conocer una solución concreta y comprobar que se cumple. Su inconformidad con las decisiones municipales debe encontrar interlocución, seguimiento y respeto.

Alcaldesa: esa basura debe retirarse y la recolección debe sostenerse. La responsabilidad de su gobierno también se cumple en esa banqueta.

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