Foto de Riszard Rijkard Van Der Rich. Facebook.
Agencias
El Senado aprobó este jueves, por 85 votos contra 36, la creación de la nueva Ley General de Aguas y a diversas modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, tras ser aprobada en la Cámara de Diputados, que lo discutió durante más de 24 horas seguidas.
También el Senado avaló la Ley en fast track. La aplanadora de Morena y aliados la aprobaron sin cambios; el decreto pasa al Ejecutivo, mientras la oposición advierte sobre despojo al campo.
La propuesta se originó en una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es establecer un marco legal que garantice el derecho humano al agua —incluyendo acceso, disponibilidad y saneamiento— y que dé prioridad al uso doméstico por encima de cualquier permiso, concesión o asignación.
La decisión se tomó en medio de un panorama marcado por el estrés hídrico nacional: sequías prolongadas, disputas por concesiones, expansión de las ciudades y la fuerte demanda del sector agrícola.
Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, señaló que la reforma coloca a las personas por encima de los intereses de quienes concentran el recurso. Aseguró que impulsa una relación equilibrada entre tierra, agua y comunidades, y que se trata de una ley pensada para productores y campesinos. En sus palabras, la propuesta “rompe con la lógica del agua como mercancía” y la devuelve “al pueblo de México”.
Desde la oposición, surgieron fuertes críticas. Verónica Rodríguez, del PAN, afirmó que la reforma convierte al agua en un instrumento de control político y electoral. Argumentó que otorga al Gobierno Federal la capacidad de decidir, sin parámetros claros, quién mantiene su concesión, quién la pierde y a quién se le ajustan los volúmenes, lo cual, advirtió, representa un riesgo para la democracia, la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
Carolina Viggiano, legisladora del PRI, sostuvo que el proyecto carece de bases técnicas: no incluye análisis económicos ni presupuestales, no evalúa su impacto financiero y no garantiza recursos para infraestructura o supervisión. También criticó que no se consultara a comunidades indígenas.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, consideró que la reforma incrementa el poder discrecional del gobierno, genera más trámites y crea incertidumbre para el campo. Señaló que la concentración de facultades en la Comisión Nacional del Agua, sin mecanismos de control claros, abre espacio a decisiones arbitrarias, corrupción y favoritismos, además de afectar la seguridad jurídica para inversiones y proyectos de modernización.
Entre los cambios más relevantes, la nueva Ley General de Aguas prohíbe que las concesiones se transfieran entre particulares y establece que únicamente la Conagua podrá reasignarlas.
La aprobación de este nuevo marco legal ocurre mientras el país enfrenta una presión creciente sobre sus reservas de agua: sequías constantes, conflictos por el control del recurso, expansión urbana acelerada y un sector agrícola que utiliza cerca del 75% del volumen destinado al consumo.
Perpetúa ley salinista, dicen organizaciones
Organizaciones, que integran grupos sociales y comunidades que luchan por el derecho al agua en distintas entidades del país, como “Agua para Todos” y la “Contraloría Autónoma del Agua”, acusaron que, a pesar de los “anuncios triunfantes” en torno a la reforma en materia hídrica, ésta sólo perpetúa la ley salinista de 1992, y no contiene mecanismos para enfrentar el acaparamiento y la sobreexplotación, ni para garantizar el vital líquido para las poblaciones que sufren de marginación hídrica.
Desde un principio, apuntaron, el planteamiento de la Conagua fue “perpetuar” la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que fue emitida durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la cual ha generado la violación sistemática de los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano en todo el país durante sus 33 años en vigor.
“En resumen, la legislación que se está aprobando en la Cámara de Diputados dista mucho del mandato Constitucional de equidad, sustentabilidad y participación; de los logros que están anunciando; así como de la base legal que México necesita en estos momentos críticos”, afirmaron.
Entre las propuestas planteadas que no se incorporaron a la iniciativa, está el prohibir la privatización de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento; reconocer los derechos de pueblos indígenas al agua en la LAN; obligar a conformar consejos de cuenca con amplia representación; tipificar la contaminación como un delito; extinguir volúmenes de uso industrial que no han pagado derechos; proteger a los usuarios agropecuarios familiares de la extinción de derechos cuando no haya podido comprobar el uso de aguas por dos años.
Además, indicaron que, en esta reforma, no hay artículos que obliguen o permitan a la Conagua desmontar el actual acaparamiento y la sobreexplotación del recurso hídrico.
Con información de Proceso
