*El diferimiento es un reconocimiento del fracaso operativo y una nueva ambigüedad constitucional
*Posponer la elección de 2027 a 2028 no resuelve la crisis de legitimidad ni el colapso logístico; solo prolonga la agonía de un sistema de justicia bajo asedio.
*La reducción de candidaturas y la simplificación de boletas son intentos cosméticos que no eliminan la contaminación partidista ni garantizan el perfil técnico de las y los juzgadores.
*JUFED exige que la segunda ronda de elección, luego de la de 2025 no se celebre de forma masiva, sino que se limite estrictamente a vacantes reales para evitar la desarticulación total del Poder Judicial, por el bien del país.
Comunicado 9 /2026
Ciudad de México, 18 de mayo de 2026.- Ante el anuncio de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, para posponer la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028 y realizar ajustes al proceso de selección, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) considera que llevar a cabo una elección sin criterios específicos de funcionalidad, generará que colapse el sistema de impartición de justicia en el país.
Trasladar la elección a 2028 es la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original. Tal como JUFED lo ha informado con anterioridad, aplazar un año el ejercicio, equivale a posponer un error sistémico sin atender las causas de fondo.
La reducción, por ejemplo, del número de candidatos (de 81 a 54 para la SCJN y de 45 a 30 para el TDJ) y la “simplificación” de las boletas son medidas insuficientes. Estas modificaciones no resuelven la fatiga de boleta ni el riesgo de que la elección judicial quede atrapada en la dinámica de los partidos políticos durante los procesos ordinarios. Asimismo, la creación de una “Comisión Coordinadora” para homologar criterios de evaluación confirma que los Comités de Evaluación de 2025 carecieron de la metodología técnica necesaria para garantizar perfiles de excelencia.
Esta “reforma a la reforma” genera una zona de incertidumbre jurídica que solo incrementará la litigiosidad y la falta de certeza para la ciudadanía que busca justicia.
Nuestra organización demanda que, si ha de existir una elección, ésta se limite exclusivamente a las vacantes reales generadas por causas naturales (renuncia, jubilación o fallecimiento). Proponemos que se abra la posibilidad para que las personas cesadas en 2025 que deseen ostentar el cargo de juezas, jueces, o magistradas y magistrados, sean consideradas con reglas diferenciadas, toda vez que ya ocuparon esos cargos.
Obligar al cese masivo de juzgadores en activo solo para cumplir con un calendario político constituye un despojo que vulnera la profesionalización de la justicia.
Es urgente que el Estado reconozca que existe un grupo considerable de personas juzgadoras que desean concluir su ciclo profesional en 2027. La incertidumbre del aplazamiento a 2028 rompe los planes de vida de quienes esperaban las fechas de declinación para retirarse dignamente. El hostigamiento administrativo actual ha llegado al extremo de forzar renuncias de compañeros que prefieren retirarse antes que seguir soportando la presión institucional.
Exigimos que se permita la salida voluntaria de quienes así lo decidan, garantizando de manera inmediata el pago de sus prestaciones correspondientes. No es ético ni legal retener por la fuerza a profesionales mediante el acoso, ni utilizar el calendario electoral como moneda de cambio para violentar derechos. Dejen ir con dignidad a quienes ya no desean formar parte de este nuevo sistema.
Respecto a la propuesta de capacitación permanente obligatoria, JUFED señala que el Poder Judicial de la Federación ya contaba con uno de los sistemas de formación y carrera judicial más robustos de Iberoamérica, el cual fue desmantelado por la propia reforma. Imponer programas de capacitación a quienes ya cuentan con décadas de experiencia jurisdiccional resulta contradictorio cuando, al mismo tiempo, se permite la llegada de perfiles sin experiencia mediante el voto popular.
Consideramos pertinente la capacitación y realización de exámenes a quienes no cuentan con carrera judicial, previo a ser seleccionados para aparecer en una boleta para ser votados.
Cada año de aplazamiento y cada cambio de reglas confirma que el oficialismo diseñó un experimento costoso sin un beneficio claro para el pueblo de México. Los miles de millones de pesos que se pretenden gastar en el año 2028 deberían destinarse a crear juzgados nuevos, mejorar la defensoría pública o fortalecer la infraestructura judicial y reducir el rezago judicial que hoy asfixia a millones de mexicanos.
No aceptará JUFED paliativos temporales que mantienen el riesgo de contaminación partidista y la destrucción de la carrera judicial, proponemos un replanteamiento de fondo que ponga en primer lugar la independencia de las personas juzgadoras y la estabilidad del sistema de justicia.
