Cámara de Comercio Internacional, CCI. Foto de Winter – Dávila & Associés
La incertidumbre causada al limitarse la autonomía del sistema judicial mexicano, ha llevado a empresas transnacionales instaladas en México ha revisar sus contratos y agregar cláusulas preventivas, donde se acuerda que, para resolver conflictos mercantiles, se acudirá a cortes internacionales o mediante el sistema de arbitraje.
Sin embargo, esto implica para las empresas costos y tiempos adicionales, lo cual desestimula el interés internacional por venir a México a someterse a un ambiente de incertidumbre.
En este sentido, Estados Unidos no ha criticado directamente la elección judicial pero ha insistido en la necesidad de garantizar la imparcialidad del sistema judicial.
El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, advirtió que hay rezago en las inversiones desde el norte, que necesitan “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción” para seguir su curso.
Otro tema del que se quejan las empresas es que se han incrementado las auditorías fiscales “agresivas y dudosas”, que les niegan derechos tributarios como créditos y deducciones legítimas, así como mecanismos de resolución de disputas transparentes.
El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC, por sus siglas en inglés), que cuenta entre sus miembros a unas 300 empresas como Amazon, Ford o IBM, ha sostenido en una misiva reciente —enviada a la Secretaría de Hacienda— que se ha instaurado una exigencia de pagos para acceder a las apelaciones, así como solicitudes injustificadas por parte del SAT de información sensible de las empresas.
“Muchas empresas multinacionales sienten que tienen menos opciones para obtener reparación judicial ante los excesos del SAT, dados los recientes cambios legislativos que limitan la autonomía del sistema judicial mexicano”, agrega. El SAT contestó ante un requerimiento de información de EL PAÍS que no tiene un posicionamiento sobre la carta enviada en marzo.
“La presidenta, claramente, está preocupada porque el crecimiento no está donde le gustaría. El Plan México no ha resultado el gran catalizador de las inversiones que se esperaba”, señala Matías Gómez Léautaud, de Eurasia. “Para la iniciativa privada, muchos de los cambios de la presidenta se ven bien: el Plan México, el plan de infraestructura, las nuevas leyes para cooperar entre el sector privado y el público; porque muestran la disposición del Gobierno de interactuar con los inversionistas y con empresas.
Pero lo que siempre les acaba preocupando es que, en el mediano y largo plazo, muchas cosas dependen de la buena voluntad del gobierno de turno, cuando estos proyectos son a largo plazo. Ven en la composición del sistema judicial después de la reforma un riesgo latente y perpetuo”, añade.
En medio de este contexto, el crecimiento económico sigue dando señales débiles de recuperación. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que aproxima el comportamiento mensual del Producto Interno Bruto (PIB), apenas avanzó un 0,1% en febrero respecto a enero.
Hasta ahora, los negociadores estadounidenses no han llevado el tema a la mesa del TMEC, el acuerdo de libre comercio entre EE UU, México y Canadá. Se han enfocado en lograr apertura en el sector energético, de telecomunicaciones, en las barreras a la importación de maíz transgénico, el reforzamiento de las reglas de origen y la obstrucción a la inversión china en las cadenas de valor.
No obstante, sí han comenzado a elevar sus preocupaciones sobre la incertidumbre regulatoria en aduanas, la burocracia para sacar permisos sanitarios y, con mayor énfasis, el ámbito tributario. “Este problema, sin duda, ha ido escalando, porque no nada más son empresarios extranjeros, también son nacionales, que se están viendo victimizados por el SAT”, señala Jorge Guajardo, diplomático de carrera y socio de DGA Group.
La mandataria ha desestimado una reforma fiscal que implique aumentos de impuestos al consumo y, en cambio, ha instado al fisco a redoblar sus esfuerzos de recaudación en un país con una profunda cultura de evasión. La recaudación tributaria creció cerca de un 5% real el año pasado, impulsada por una mayor fiscalización. “Estamos viendo a muchas empresas extranjeras con problemas con el Gobierno mexicano, con el SAT o Pemex; y que tienen miedo a acudir a las cortes para litigar, pensando que pudieran estar predispuestas a fallar a favor del Gobierno”.
La 4T intenta revisar la reforma heredada del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, con el fin de posponer la segunda fase de comicios para que no coincida con las elecciones intermedias del próximo año. Sin embargo, el trasfondo del “perfeccionamiento” parece responder, al menos parcialmente, a las quejas sostenidas del empresariado, que ha expresado sus profundas preocupaciones por la ausencia de filtros efectivos para acreditar la capacidad técnica de los potenciales jueces.
Por ello, la propuesta legislativa introduce nuevos mecanismos de evaluación, como la aprobación de exámenes y la presentación de certificaciones de la Escuela Nacional de Formación Judicial, además de la exigencia de trayectorias profesionales más extensas.
La propuesta está en trámite legislativo, a la espera de materializarse.
Con información de El País
