*México cuenta únicamente con 5.1 jueces por cada 100 mil habitantes, muy lejos del estándar de 65 recomendado por la OCDE
*Sanciones por corrupción representaron apenas el 0.036% del personal en cuatro años, desmintiendo la narrativa oficialista utilizada para atacar al PJF
*JUFED mantendrá la batalla en el ámbito internacional ante la Relatoría de Independencia Judicial de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Comunicado 22 / 2026
Ciudad de México, 14 de agosto de 2026.- Al realizar un profundo balance sobre la crisis institucional del país, la Magistrada Julia García González, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C. (JUFED), afirmó que la reforma judicial aprobada en 2024 y su posterior modificación se consumó una tormenta perfecta diseñada para eliminar los contrapesos institucionales y someter la impartición de justicia al poder político.
Durante la Cumbre nacional de abogados, organizada en Tijuana por la Alianza Mexicana de Abogados, la directora nacional de JUFED señaló que el cambio constitucional se impulsó mediante una campaña sistemática de descalificación basada en datos falsos. Estos ataques sistemáticos han sido debidamente documentados y verificados por organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa y la Fundación Konrad Adenauer.
“Se construyó una narrativa de polarización para presentar al Poder Judicial de la Federación (PJF), como el enemigo del pueblo, engañando a la ciudadanía sobre supuestos sueldos inflados y acusaciones generalizadas que no corresponden a la realidad” , aseveró la Magistrada.
Detalló que los datos reales de los informes del propio PJF desmienten el discurso oficialista. “De 2021 a 2024 se iniciaron 4,992 procedimientos disciplinarios, de los cuales solo 46 fueron por faltas graves de corrupción, representando el 0.92%. Más aún, solamente se sancionó a 18 personas, lo que equivale al 0.036% del total del personal. Es falso que la corrupción fuera la norma”, precisó.
García González hizo énfasis en que los verdaderos problemas estructurales de la justicia en México, como la alta carga operativa en la justicia local y federal, la falta de presupuesto y la deficiencia en las fiscalías, no sólo se ignoraron, sino que se agravaron.
“La operación fue simple: asfixia presupuestal, menos juzgados, más rezago y una justicia cada vez más lejana y lenta. Lejos de arreglar el sistema, se afectó a la única parte que funcionaba de manera técnica e independiente”, denunció. Asimismo, reprochó el abierto incumplimiento al artículo décimo transitorio de la Reforma judicial, vulnerando derechos como el pago extraordinario y las pensiones complementarias de las y los juzgadores.
La directora nacional de JUFED advirtió que la captura institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la pérdida de la carrera judicial han derivado en una evidente baja de productividad, una marcada curva de aprendizaje y resoluciones alineadas al Ejecutivo.
“Hoy vemos con profunda preocupación una Corte capturada, en más del 80% de los asuntos relevantes defiende los intereses del gobierno. El mérito y la capacidad técnica fueron sustituidos por la lealtad política, condenando al país a la degradación de sus valores democráticos”, sostuvo.
Denunció además la creciente ola de hostigamiento contra juzgadores de carrera, traducida en presiones, procedimientos administrativos disciplinarios e incluso denuncias penales impulsadas represivamente en contra de jueces y juezas por sostener criterios jurisdiccionales autónomos. A esto se suma el desconocimiento e inobservancia sistemática de las suspensiones y fallos dictados en juicios de amparo, lo que vulnera el Estado de derecho.
Ante la imposición de la inimpugnabilidad constitucional y la falta de vías jurídicas internas eficaces para la protección de derechos, la Magistrada aclaró que grupos de personas juzgadoras han llevado y continuarán llevando estos reclamos ante las instancias internacionales.
“Frente al atropello de los derechos fundamentales desde el propio texto constitucional, agotaremos las vías internacionales ante la Relatoría Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La defensa de la judicatura independiente no es un privilegio de grupo, es la última trinchera para proteger las libertades de las y los mexicanos”, concluyó.
Al hacer un firme llamado a la acción a la comunidad jurídica y a la ciudadanía, la Magistrada evocó la histórica frase de Angela Davis: “Ya no acepto las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”, e instó a la sociedad a no permanecer neutral ante el desmantelamiento democrático.
