Ángel Aguirre Rivero.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido por su probable participación en ocultar evidencias en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Su arresto se llevó a cabo como parte del nuevo modelo de investigación, en el que se desarrolló un reanálisis de las actuaciones llevadas a cabo en aquel entonces por la desaparición de los normalistas.
La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que: “como parte del nuevo modelo de investigación emprendido por la Fiscalía a mi cargo, ordené el reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación”.
“Trabajo de reanálisis que acreditó con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación de Ángel “N”, ex gobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”.
Era gobernador cuando desaparecieron los 43 estudiantes
Ángel Aguirre Rivero comenzó su vida política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1980, pero años más tarde se sumó al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 2011 asumió la gubernatura de Guerrero, pero tras la desaparición de los 43 normalistas renunció a su cargo meses antes de finalizar su gestión.
Cabe recordar que en distintos momentos, Aguirre se deslindó públicamente de la destrucción de evidencias del caso, como fue la presunta desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
En mayo de 2025, tras la captura de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, el exgobernador difundió un comunicado en el negó tener alguna responsabilidad en los hechos y declaró que “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.
Su gestión estuvo marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, como lo fue la detención y posterior desaparición en diciembre de 2011 de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en la Costa Grande. Según testigos, personas que vestían como militares participaron en el secuestro junto a hombres vestidos de negro.
Además, ese mismo mes fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa que se manifestaban en la Autopista del Sol para solicitar una audiencia con el gobernador, luego de que policías estatales les dispararan. Alberto López Rosas, exprocurador, habría acusado a los estudiantes de iniciar el ataque y matar a sus compañeros.
Aunque su gobierno también estuvo marcado por la represión, violencia y el desplazamiento forzado, el hecho que marcó su administración fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que llevó a Aguirre Rivero a presentar su renuncia el 23 de octubre de 2014.
Debido a la presión pública que provocó el caso, Aguirre Rivero se mantuvo lejos de puestos políticos, aunque en 2018 intentó postularse como diputado federal, pero finalmente abandonó la precampaña.
El año pasado, el exgobernador aseguró que “ha cargado con una loza muy pesada” por el caso, además de destacar que las autoridades no habían encontrado pruebas que lo involucraran a 11 años del caso.
“Si en 11 años las investigaciones no han apuntado hacia Ángel Aguirre, creo que es evidente que no han encontrado elementos que me involucren. Esto me ha pesado mucho; he cargado con una loza muy pesada”, dijo a medios de comunicación.
A poco más de un mes de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue sin esclarecerse a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió darles respuesta a los padres y madres, quienes han denunciado en diversas ocasiones que fueron abandonados.
El mes pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026, que generó el rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales debido a que exoneró de responsabilidad al Ejército Mexicano de la desaparición de los estudiantes, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Puntos que destaca la Fiscal
La fiscal Godoy resaltó los momentos importantes del reanálisis:
“Destaco los puntos relevantes de este trabajo de investigación:
“Primero. La noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús “Estrella de Oro” número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del estado en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales.
“Segundo. Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema; sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.
“Tercero. En enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel “N”, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo.
“Cuarto. En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que Ángel “N” ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Y
“Quinto. La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
“Estos y otros elementos contenidos en la investigación, permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal.
“Por lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Ángel “N”, por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, misma que fue cumplimentada este día en el Estado de México con pleno respeto a sus derechos humanos.
“Mantendremos al tanto a las familias de los 43 jóvenes y al Pueblo de México sobre nuevos avances en las investigaciones, conforme nos lo permita el debido proceso.
“Continuaremos las investigaciones con toda la seriedad, profesionalismo y rigor científico que se requieren. No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos.
“Lo reitero. Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.
