Con información de Diario Informativo de Veracruz y Gerardo Luna Martínez.
Córdoba, Veracruz, 20 de julio de 2026.— El Colegio de Licenciados en Derecho de Córdoba, Asociación Civil, expresó su rechazo al traslado de la Fiscalía Regional de esta ciudad a las nuevas instalaciones ubicadas en la calle 11, entre avenidas 1 y 3, al considerar que el inmueble no reúne las condiciones necesarias para prestar un servicio de procuración de justicia eficiente, digno y respetuoso de los derechos de la ciudadanía.
Mediante un comunicado oficial, el organismo sostuvo que las nuevas oficinas presentan una capacidad insuficiente y condiciones que calificó como inadecuadas para el desempeño de las funciones ministeriales, al tiempo que advirtió que la falta de espacios apropiados compromete la confidencialidad de las denuncias y dificulta la atención privada que deben recibir las víctimas, los usuarios y los profesionales del derecho.
El Colegio señaló que las características del inmueble afectan tanto la dignidad del personal que ahí labora como la calidad del servicio que la institución está obligada a brindar a la sociedad. Recordó que la Fiscalía General del Estado y los servidores públicos responsables de la investigación de los delitos tienen el deber constitucional de garantizar un trato respetuoso y adecuado a todas las personas con las que interactúan en el ejercicio de sus funciones, obligación que, afirmó, debe reflejarse también en la disponibilidad de instalaciones funcionales y acordes con la naturaleza de su labor.
En su pronunciamiento, el gremio jurídico hizo referencia al Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del Estado correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. Indicó que, dentro del capítulo de Servicios Generales, el rubro de Arrendamientos cuenta con una asignación de 47 millones 498 mil 775 pesos, de los cuales únicamente se habían ejercido 8 millones 704 mil 905 pesos, por lo que permanece un monto de 38 millones 793 mil 822 pesos sin aplicar.
A juicio del Colegio, estas cifras generan cuestionamientos sobre las razones que motivaron el cambio de sede a un inmueble que, sostiene, no satisface las necesidades operativas de la institución ni garantiza una atención adecuada a la población.
Por ello, la organización exigió a la Fiscalía General del Estado una explicación clara y transparente sobre los criterios que sustentaron la reubicación de la Fiscalía Regional, al amparo del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El posicionamiento fue suscrito por el presidente del Colegio de Licenciados en Derecho de Córdoba, Asociación Civil, licenciado Pablo Martínez Rodríguez.
