Observatorio Constitucional
José Ramón Gonzalez Chavez
Uno de los grandes problemas de México, aun sin solución objetiva, es el de la llamada cultura de la legalidad, término que en el contexto del proceso de modernización integral del sistema jurídico que antes de llegar la autodenominada 4T (sea lo que sea que esto signifique) estábamos viviendo, es inadecuado ya que conlleva una contradicción implícita, debiendo llamarla más bien “cultura de la juridicidad”, puesto que actualmente pretendiéndonos alejar del modelo positivista clásico que ha imperado durante tantas décadas y al parecer se pretende reimplantar por su utilidad para sustentar regímenes autoritarios, lo jurídico abarca mucho pero mucho más que solo las leyes.
En México no existe, o mejor dicho, se ha perdido esta cultura de la juridicidad, cuando resulta indispensable para la construcción de todo Estado Constitucional; su ausencia es uno de los factores determinantes que impiden modernizar el sistema jurídico mexicano en general y en particular establecer y consolidad mecanismos como la oralidad y la justicia alternativa, la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad, instituciones constitucionales que hoy sin ningún recato se pretende destruir.
Buena parte de los problemas que vivimos actualmente en nuestro país se deben a esta carencia de Cultura de la Juridicidad, de la cual TODOS, ciudadanos y gobierno, somos corresponsables. Parafraseando a Luigi Ferrajoli en la construcción, aplicación y dación del Derecho TODOS tenemos algo qué decir, y yo añadiría: también algo qué hacer, pues hoy como nunca y de ellos tenemos pruebas fehacientes, lo jurídico es ante todo un producto colectivo, en el que deben participar no solo los jóvenes y las mujeres, también los adultos, los niños, los ancianos, los indígenas, los discapacitados, los trabajadores, los campesinos, las madres buscadoras y todos los demás grupos sociales cuyos miembros deben cumplir y hacer cumplir sus normas, principios y prácticas de nuestro sistema constitucional, ya no como sucedía antes por obligación, sino principalmente por persuasión y convencimiento del valor jurídico y político que estos productos jurídicos buscan proteger.
Para crear cultura de la juridicidad me parece que primero que nada hay que reconstruir, a pesar de las barreras gubernamentales, el pensamiento crítico; y para esto es indispensable echar mano de la poderosa herramienta de la argumentación, que como sujeto de enseñanza, aprendizaje y estudio es aún más antigua que el propio Derecho y que de acuerdo a las tendencias del Estado Constitucional en el mundo occidental, se erige en columna vertebral en el proceso creación, operación e interpretación de lo jurídico.
La construcción de un nuevo sistema constitucional y de justicia comienza por la aceptación por todos y cada uno d ellos miembros de esta sociedad del compromiso para que sus principios normas y prácticas se conviertan en hechos concretos y tangibles, en una forma de ver y vivir la vida; sola así se podrán eliminar los vicios arraigados y cambiar los paradigmas sobre el papel que tenemos todos.
El avance del Estado autoritario al Estado de Derecho y de este al Estado Constitucional no es tarea solo de abogados, ni de legisladores, ni de jueces, ni de gobernantes; implica la movilización y activación completa de la sociedad para que la cultura de la juridicidad deje de ser un sueño guajiro y se convierta en una forma de ver y vivir la vida y de por vida, en una actitud hacia sí mismo y los demás, ya que la transformación propia es en sí un resultado concreto en favor del cambio social.
En fin, independientemente de sus implicaciones logísticas y técnicas, un nuevo sistema constitucional y de justicia debe pasar de la retórica a los hechos cuando la propia ciudadanía actúe realmente para incluir dentro de su bagaje cultural, en su “chip” de cultura general, el respeto y cumplimiento de los principios, normas y prácticas que deben conformar nuestro Estado constitucional como una práctica cotidiana de vida.
