Ronald Johnson.
Publicado en inglés por Los Angeles Times
26 de abril de 2026
LOS MOCHIS, Sinaloa.- Los comentarios la semana pasa del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en Los Mochis, parecen indicar el inicio de una campaña anticorrupción de gran alcance por parte de la administración de Donald Trump dirigida a funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con el diario The Los Angeles Times.
Johnson acudió a Sinaloa para la colocación de la primera piedra de una fábrica cerca de la ciudad de Los Mochis.
El fondo de sus comentarios podría sacudir las relaciones bilaterales en un momento clave, cuando negociadores de Estados Unidos, México y Canadá se reúnen para revisar el tratado de libre comercio de América del Norte, un pilar de la economía mexicana dependiente de las exportaciones.
El evento del jueves tenía como objetivo celebrar la construcción de una planta de metanol de mil millones de dólares, una de las mayores inversiones privadas estadounidenses en México en tiempos recientes.
Dirigiéndose a ejecutivos, inversionistas y funcionarios estatales Johnson inició sus comentarios destacando el proyecto y la importancia de la relación entre ambos países.
“El proyecto Pacífico Mexinol representa una inversión de 3,300 millones de dólares durante su construcción y desarrollo”, dijo Johnson. “Se convertirá en la mayor planta de metanol de emisiones ultrabajas del mundo”.
Pero luego cambió el tono hacia la corrupción, un tema delicado en México.
“La corrupción no sólo frena el progreso, lo distorsiona. Aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas”, afirmó Johnson. “Y es un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”.
El embajador envió entonces un mensaje poco sutil: México necesita actuar frente a su problema de corrupción —desde policías de calle hasta alcaldes, gobernadores y legisladores federales presuntamente en nóminas de cárteles— si quiere asegurar la estabilidad financiera del país de 133 millones de habitantes. Dejó claro que Estados Unidos perseguirá a políticos mexicanos presuntamente corruptos.
“La inversión es como el agua”, dijo Johnson. “Fluye cuando las condiciones son adecuadas y se seca cuando no lo son”.
El acuerdo comercial entre Estados Unidos y México “exige que nuestros gobiernos tipifiquen como delito el soborno y la corrupción y hagan cumplir códigos de conducta para los funcionarios públicos”, señaló el embajador al cerrar. “Podríamos ver pronto acciones significativas en este frente. Así que manténganse atentos”.
Sus declaraciones reflejan la magnitud de la iniciativa anticorrupción. Se espera que vaya más allá de sanciones tradicionales como la cancelación de visas para quienes se sospecha tienen vínculos con cárteles.
Esta vez, la ofensiva podría incluir acusaciones formales contra políticos mexicanos en tribunales federales de Estados Unidos, incluidos miembros del partido gobernante Morena, un movimiento fundado sobre una plataforma de “no corrupción”. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato.
Las respuestas oficiales fueron moderadas.
Cuando se le preguntó sobre los comentarios del embajador el viernes, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se rio.
“Es precisamente en lo que estamos trabajando”, dijo, refiriéndose a la agenda anticorrupción. “Estados Unidos debería hacer lo mismo”.
Los fiscales estadounidenses podrían recurrir a una amplia red de posibles informantes.
Decenas de exoperadores de cárteles —incluidos los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, legendario fundador del cartel de Sinaloa— permanecen bajo custodia en Estados Unidos. Muchos estarían dispuestos a colaborar contra antiguos socios, incluidos políticos y policías corruptos.
Para enviar su mensaje, Johnson eligió el estado de Sinaloa, base del cártel del mismo nombre, uno de los grupos de narcotráfico más notorios del mundo.
Como otros sindicatos criminales, el cártel ha lubricado durante años la corrupción mediante sobornos. Cientos, quizá miles, de políticos y agentes del orden estarían en su nómina, según expertos.
El mensaje de que Washington ya no aceptará la situación actual representa una advertencia clara para Sheinbaum, una académica y científica formada en Estados Unidos que, según diversas versiones, está libre de señalamientos de corrupción. Sin embargo, lo mismo no puede decirse de su bloque dominante de Morena, en Sinaloa y en todo el país.
Sheinbaum, conocida por su habilidad para tratar con Trump, deberá mantener un delicado equilibrio entre apaciguar al expresidente y resistir la presión de su base política, especialmente si figuras destacadas quedan envueltas en esta ofensiva anticorrupción impulsada por Estados Unidos.
El Departamento de Estado ya ha revocado visas a varios legisladores de Morena, incluido el gobernador de Baja California.
Entre quienes han perdido su visa estadounidense, según las fuentes, está el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado reiteradamente vínculos con el narcotráfico. La visa fue cancelada el año pasado.
El gobernador, septuagenario, ha sobrevivido a diversos escándalos políticos, señalan observadores mexicanos, debido a un factor clave: su larga amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, predecesor y mentor de Sheinbaum.
Rocha Moya es uno de varios políticos considerados protegidos por su cercanía con López Obrador.
Entre las principales amenazas a su permanencia en el cargo estuvo la indignación por el asesinato en 2024 de su antiguo rival político, Héctor Melesio Cuén Ojeda, exlegislador y rector universitario.
El crimen sigue sin resolverse. Fiscales federales concluyeron que la investigación estatal fue una simulación. Entre las inconsistencias: la elaboración de un video falso para ocultar dónde, cuándo y cómo ocurrió el asesinato.
El escándalo provocó la renuncia de la fiscal estatal de Sinaloa. Sin embargo, Rocha Moya permaneció en el cargo pese a los llamados a dimitir. Él negó cualquier vínculo con la muerte de Cuén Ojeda.
El jueves, Rocha Moya tenía previsto participar junto al embajador en la ceremonia.
Pero antes de la llegada de Johnson, manifestantes irrumpieron en el lugar acusando al gobernador de “corrupto”.
“Estoy de su lado”, aseguró Rocha Moya a los manifestantes, agregando que se quedaría a dialogar con ellos en lugar de asistir al evento, que fue reubicado debido a la protesta.
La ceremonia finalmente se llevó a cabo en una sala de conferencias de un hotel en Los Mochis. Allí, Johnson, hablando en español e inglés, ofreció sus breves declaraciones.
Este artículo fue publicado conjuntamente con Puente News Collaborative, una redacción bilingüe sin fines de lucro que cubre historias de México y la frontera entre México y Estados Unidos. Fisher es corresponsal especial. El periodista del Los Angeles Times Patrick J. McDonnell contribuyó a este reportaje.
