Por Marco Montero Suárez
La reforma judicial de Morena comienza a ser corregida por sus propios autores. No por un ejercicio de autocrítica, sino por la presión de la realidad.
En el Congreso, figuras centrales del oficialismo como Ricardo Monreal e Ignacio Mier han planteado la necesidad de endurecer los requisitos para acceder a cargos judiciales, así como revisar el calendario de las elecciones, incluso con la posibilidad de trasladarlas hacia 2029. Lo que hace meses se defendía como un modelo acabado, hoy se reconoce, en los hechos, como incompleto.
El diagnóstico implícito es contundente: la elección popular de jueces no garantizó perfiles idóneos.
Desde el punto de vista constitucional, el desenlace era previsible. El artículo 94 de la Constitución no es una formalidad retórica; establece las bases de un Poder Judicial sustentado en la independencia, la profesionalización y la capacidad técnica. No es casualidad: la función jurisdiccional no responde a mayorías, responde al derecho.
La reforma invirtió esa lógica.
Al trasladar la designación judicial al terreno electoral, subordinó la idoneidad al respaldo político. La justicia dejó de estructurarse sobre criterios técnicos para abrirse a dinámicas de competencia, exposición pública y validación mayoritaria. El resultado, hoy reconocido por el propio oficialismo, obliga a reintroducir filtros, evaluaciones y controles que habían sido desmantelados bajo el discurso de la “democratización”.
Pero la corrección no resuelve el problema de fondo.
Porque no se trata únicamente de exigir más experiencia o aplicar exámenes. El vicio está en el diseño. Cuando el acceso a la judicatura depende de una lógica electoral, la independencia deja de ser una garantía estructural y se convierte en una condición frágil, expuesta a incentivos políticos y presiones externas.
La discusión actual —impulsada desde Morena— sobre modificar perfiles y aplazar procesos revela algo más profundo: la reforma no sólo está siendo ajustada, está siendo contenida.
Incluso la apertura desde el entorno de Claudia Sheinbaum a revisar los tiempos y condiciones de implementación confirma que no estamos ante un perfeccionamiento técnico, sino frente a una reforma que no resistió su primera prueba.
Y aquí radica la contradicción central.
El oficialismo intenta reconstruir controles sin renunciar al modelo que los hizo necesarios. Busca corregir los efectos sin alterar la causa. Endurecer filtros en un sistema politizado no fortalece la justicia; redefine quién controla su acceso.
En términos constitucionales, el riesgo es evidente: un Poder Judicial que pierde independencia, ya sea por lógica electoral o por control político en la selección, deja de ser contrapeso y se convierte en instrumento.
Morena enfrenta así una decisión que trasciende lo legislativo. Puede reconocer que la elección judicial, tal como fue diseñada, vulnera los principios del artículo 94, o puede insistir en un modelo que ya obligó a su propia corrección.
Porque en el constitucionalismo, hay advertencias que no admiten reinterpretación.
Y el artículo 94 nunca fue una sugerencia.
