Protestas en 2024.
Redacción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita al Estado mexicano que responda una petición relacionada con reforma judicial y con ello ha activado un proceso que coloca a México bajo el escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos.
El Colectivo Artículo 41, integrado por 65 impartidores de justicia que se oponen a la enmienda aprobada en septiembre de 2024, dijo que fueron informados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH que emplazó al Estado mexicano para atender la petición que presentaron ante el organismo internacional, donde acusaron al gobierno federal de “cometer violaciones graves a derechos humanos mediante la reforma judicial.
Los sesenta y cinco juzgadores removidos de su cargo han denunciado la posible vulneración de la independencia judicial.
Si prosperan sus planteamientos, este procedimiento podría derivar en una declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano por afectar la independencia judicial, desmantelar el modelo de carrera judicial que la sustentaba y vulnerar los derechos laborales.
Reiteraron que la acusación sostiene que la enmienda “impactó gravemente” a miles de proyectos de vida de juzgadores que fueron cesados de manera arbitraria.
En el escrito remitido al representante de las víctimas, el abogado defensor de derechos humanos Zamir Andrés Fajardo Morales, la CIDH les dijo que el gobierno federal cuenta con un plazo máximo de cuatro meses para presentar sus observaciones frente a estas acusaciones.
La Corte Interamericana es consistente en sostener que la independencia judicial es un elemento esencial del Estado democrático de derecho y una garantía institucional para la protección de los derechos humanos, como lo estableció en casos como Apitz Barbera y Reverón Trujillo, ambos contra Venezuela.
Sin jueces independientes, el derecho deja de ser un límite al poder y se convierte en una herramienta del mismo.
La Corte Interamericana en precedentes como Yatama contra Nicaragua y Castañeda Gutman contra México exige autenticidad del sufragio, equidad en la contienda y ausencia de interferencias indebidas capaces de distorsionar la voluntad popular. Dejó claro que los derechos políticos no se agotan en la posibilidad abstracta de votar o ser votado, sino que requieren condiciones reales de igualdad.
Cuando el acceso a los cargos judiciales depende de un proceso electoral, la integridad de ese proceso se vuelve condición de legitimidad constitucional. No basta con que exista una elección formalmente válida. El estándar interamericano plantea algo más exigente.
