Hablar del ejido en México es hablar de una de las decisiones más profundas que tomó el Estado para reconstruir el país después de la Revolución. No fue únicamente una figura jurídica; fue una respuesta social frente a la concentración de la tierra y la desigualdad que marcaban al México rural.
Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el reparto agrario se consolidó como un instrumento de estabilidad. La tierra dejó de verse exclusivamente como propiedad privada para entenderse como un bien con función social. El ejido permitió que miles de familias accedieran a un patrimonio y dio cohesión a comunidades enteras. En su momento histórico, cumplió su cometido.
Pero el país que dio origen al ejido no es el mismo que hoy enfrenta desafíos urbanos, industriales y de integración económica global. Las ciudades crecieron, la infraestructura se expandió y la dinámica productiva se volvió más compleja. El suelo dejó de ser únicamente agrícola; comenzó a tener vocación urbana, energética, turística e industrial.
Esa transformación evidenció tensiones inevitables. Un régimen pensado para proteger la tierra colectiva comenzó a mostrar límites frente a la necesidad de movilidad patrimonial, acceso al crédito y certeza registral. La reforma constitucional de 1992 abrió la posibilidad del dominio pleno, permitiendo que las parcelas ejidales pudieran incorporarse al régimen de propiedad privada. Fue una decisión polémica, pero necesaria dentro del contexto económico de su tiempo.
Sin embargo, la desincorporación ejidal no debe verse como un simple trámite técnico. Cada asamblea, cada acuerdo, cada protocolización implica una decisión que puede modificar el destino de una comunidad. No se trata solamente de cambiar un régimen jurídico; se trata de transformar el futuro económico y social de quienes viven en esa tierra.
En Veracruz, el rezago en la regularización ejidal sigue siendo una realidad palpable. Existen zonas con alto potencial de desarrollo que permanecen atrapadas en procesos incompletos o poco claros. Esa indefinición genera incertidumbre, limita inversiones y, en ocasiones, abre la puerta a conflictos innecesarios.
El debate no debe centrarse en descalificar el pasado ni en idealizarlo. El ejido fue una herramienta de justicia social en su momento. La pregunta hoy es distinta: ¿cómo garantizar que esa figura evolucione sin perder su esencia protectora y, al mismo tiempo, permita el desarrollo ordenado del territorio?
Desde la práctica jurídica —y particularmente desde la función notarial— la responsabilidad es clara. No basta con validar actos; es indispensable acompañar a las comunidades, explicar implicaciones, asegurar el cumplimiento riguroso de la ley y evitar que la modernización derive en desinformación o especulación.
Modernizar no significa despojar. Significa dar certeza.
El suelo ejidal no puede permanecer inmóvil frente a las exigencias actuales, pero tampoco puede transformarse sin dirección jurídica responsable. El equilibrio entre justicia social y seguridad patrimonial es el verdadero reto.
Porque cuando la tierra cambia de régimen, no sólo cambia su naturaleza legal. Cambia la historia de quienes dependen de ella.
El notario veracruzano Israel Ramos Mange, titular de la Notaría Pública número 59 con sede en Alvarado, es doctor en Derecho por El Colegio de Veracruz, donde obtuvo mención honorífica por su investigación “Innovaciones en el derecho de familia y la función notarial”. Egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, cuenta además con dos maestrías: una en Derecho Fiscal y Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid y otra en Derecho Notarial por El Colegio de Veracruz. Con más de una década de ejercicio como fedatario, ha brindado asesoría y certeza jurídica a empresas, grupos corporativos, organismos federales y estatales, así como a particulares, consolidando una trayectoria académica y profesional que articula innovación jurídica, rigor técnico y compromiso institucional.
