Con información de Le Monde. Imagen de Ciencias Ambientales & Medio Ambiente.
En 2015, Francia se convirtió en el primer país del mundo en tipificar la obsolescencia programada como delito dentro de su Código de Consumo. La norma sanciona a los fabricantes que recurran deliberadamente a técnicas destinadas a acortar la vida útil de sus productos con el fin de acelerar su reemplazo, lo que produce basura electrónica, desechos electrónicos o e-waste. Las penas previstas alcanzan hasta dos años de prisión y multas de 300.000 euros, que pueden incrementarse si la práctica ha generado beneficios económicos.
Una década después de su aprobación, el balance resulta inquietante: ninguna sentencia se ha pronunciado todavía en aplicación de esta disposición, pese a que desde hace años existen denuncias formales, admisibles y sólidamente documentadas.
La organización Stop Planned Obsolescence (HOP), impulsora del reconocimiento legal de esta figura, presentó en 2017 una denuncia contra Epson, en 2022 contra Apple y en 2024 contra HP. Los casos plantean cuestiones de gran relevancia: bloqueos o limitaciones mediante software, restricciones técnicas que reducen la capacidad de impresión e información insuficiente proporcionada al consumidor. Si se probaran estos hechos, encajarían claramente dentro del tipo penal previsto por la ley.
No obstante, aunque la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude ha realizado investigaciones preliminares y los medios han dado amplia cobertura a los casos, ninguno ha avanzado hacia una investigación judicial formal ni ha sido examinado en audiencia pública. Algunos expedientes llevan más de siete años sin una decisión definitiva.
El problema es evidente: una ley que no se aplica pierde fuerza. Esta inacción no solo cuestiona la eficacia del propio delito de obsolescencia programada, sino que debilita la credibilidad del conjunto del marco normativo. La ausencia de decisiones judiciales envía una señal de tolerancia que puede erosionar las políticas ambientales, sociales y económicas adoptadas en los últimos años. Sin aplicación efectiva, no hay verdadera protección del consumidor ni avance real hacia la transición ecológica.
