Agencias
Un juez federal dictó prisión preventiva este jueves contra el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte en una nueva imputación por el presunto desvío de cinco millones de pesos, informó el abogado Pablo Campuzano. La decisión judicial alejó aún más la posibilidad de que el exfuncionario salga de prisión, cuando faltan dos meses para que termine de cumplir los nueve años de su primera condena por corrupción.
El juez indicó que se justificaba la medida cautelar de prisión preventiva tomando en cuenta que, en 2016, Duarte huyó a Guatemala, de donde fue extraditado un año después. Campuzano indicó que rebatiría la decisión del juez.
La salida del Reclusorio Norte de Duarte empezó a convertirse en un sueño distante a finales del año pasado, después de que su defensa intentó que le fuera concedido el beneficio de la libertad anticipada. La justicia federal le denegó la petición, argumentó que el exgobernador tenía pendiente un proceso por presuntamente obstruir una investigación por desaparición forzada. La Fiscalía General de la República (FGR) no solo combatió férreamente ante los tribunales la solicitud de preliberación de Duarte, sino que, además, presentó una serie de nuevas acusaciones contra él por corrupción.
En uno de los primeros movimientos de la fiscal general Ernestina Godoy, que reemplazó a Alejandro Gertz Manero, la FGR presentó el pasado 10 de diciembre una denuncia contra el priista por el desvío de 10 millones de pesos del erario veracruzano durante su mandato (2010-2016.
La defensa de Duarte achacó estas nuevas acusaciones a una maniobra política como castigo por el intento del ex gobernador de quedar libre de manera anticipada en noviembre del año pasado. El Gobierno federal negó que fuera un movimiento para frustrar la excarcelación del exmandatario y se remitió al enorme desfalco que este causó a su Estado.
El abogado Campuzano explicó que, en la acusación de los cinco millones contra Duarte, “no se le imputa haber obtenido directa o indirectamente un beneficio económico derivado de los hechos, o siquiera una indebida utilización de recursos públicos”. El letrado agregó que “su participación en los hechos consiste en la publicación de un decreto, previa a los hechos imputados y que nada tiene que ver con estos”.
Campuzano criticó la decisión de mantener en prisión a su cliente “con base en hechos que datan de hace más de diez años y que de ninguna manera resultan, ni mucho menos son suficientes para justificar dicha imposición”.
El Gobierno mexicano pidió autorización a Guatemala para poder acusar a Duarte de este desvío. Fue el paso correspondiente, porque el país centroamericano extraditó a Duarte en 2017.
Según la normativa de las extradiciones, un acusado solo puede ser juzgado por delitos expresamente indicados por el país requiriente. En el caso de Duarte, México lo acusó en su momento de blanqueo de capitales y asociación delictuosa, delitos por los que fue sentenciado a nueve años de prisión. Para poder juzgar a un extraditado por un delito distinto, se debe contar con la autorización del país que lo entregó.
La primera condena de Duarte concluye en abril de este año. Esa sentencia, que incluyó el pago de una multa de casi 59 mil pesos, además de la incautación de numerosas propiedades, no dimensionó, sin embargo, el tamaño real de los desvíos en Veracruz durante su gestión.
Un reportaje de Animal Político y MCCI recogió el uso de una red de 400 empresas de papel para desviar 3 mil 617 millones de pesos del erario estatal. Según Milenio, la Auditoría Superior de la Federación documentó que en el sexenio de Duarte se usaron de manera irregular más de 62 mil millones de pesos de fondos federales destinados a salud, educación, seguridad e infraestructura, uno de los mayores saqueos a nivel estatal del que se tiene registro, lo que convierte a Duarte en uno de los principales exponentes de la corrupción política del PRI.
