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El Senado de la República aprobó el dictamen para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo cual se incrementarán las penas vinculadas a este delito. La reforma fue avalada en lo general con 110 votos a favor, e incluye cambios al Código Penal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otras disposiciones, para garantizar su implementación.
El Senado mexicano aprobó este miércoles en lo general y en lo particular una veintena de cambios al proyecto enviado por la Cámara de Diputados.
La nueva ley establece la homologación del delito para que se persiga en las 32 entidades del país y que sea investigado de oficio, es decir, sin necesidad de que exista un denunciante plenamente identificado. Senadores oficialistas y opositores han aupado el endurecimiento de las penas para extorsionadores, con un tope máximo de 42 años de prisión, dependiendo de la treintena de agravantes en las que se incurra, según han considerado.
Durante la votación en lo particular, que obtuvo 95 votos a favor, se incorporaron propuestas de Malu Micher e Ignacio Mier, legisladores de Morena, con el fin de integrar la perspectiva de género en la atención de mujeres víctimas de extorsión. Otra reserva aprobada prevé el aumento de sanciones cuando el delito se cometa mediante dispositivos electrónicos.
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados, donde será discutido y votado antes de su eventual firma por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sanciones y alcances de la ley
La nueva Ley General contempla no solo un incremento en las penas por extorsión, sino también diversas medidas orientadas a proteger los derechos humanos de las víctimas. Entre sus principales disposiciones se encuentran:
Perseguir el derecho de piso, la cuota que cobran los grupos criminales para permitir a los negocios trabajar sin ser molestados que pega a comercios y servicios, al transporte y la distribución de mercancías, a medianas y grandes empresas, a gobiernos municipales y a vendedores ambulantes. Los accidentes de tránsito —conocidos como montachoques— y las llamadas telefónicas de coacción que salen desde centros penitenciarios también son consideradas como variantes del delito.
Las penas contra funcionarios -policías, ministerios públicos, directores de centros penitenciarios y más que omitan denunciar delitos de extorsión conocidos, también han sido modificadas. La propuesta original enviada por Sheinbaum, que propuso de 10 a 20 años de cárcel, se ha recuperado en lugar de los cinco a 12 años aprobados por los diputados.
Se ha incluido como agravante de las sanciones el uso de dispositivos, medios o plataformas como medios de extorsión. “Se trata de cerrar las grietas a las plataformas digitales y las telecomunicaciones para evitar que sean medios que faciliten la extorsión”, ha dicho Ignacio Mier, el vicecoordinador de la bancada guinda y autor de la enmienda. El proyecto ha sido regresado a la Cámara de Diputados, en donde darán luz verde a los cambios aprobados este miércoles, según ha dicho Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.
Además:
- Las fiscalías deberán contar con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión, además de homologar criterios y procedimientos para garantizar un trato uniforme a este tipo de conductas.
- La pena por extorsión se eleva a un rango de 15 a 25 años de prisión, en comparación con los 6 a 15 años actuales.
- Los recursos obtenidos mediante extinción de dominio se destinarán a la restitución de los derechos de las víctimas.
- Los funcionarios de seguridad que omitan denunciar casos de extorsión ante el Ministerio Público enfrentarán sanciones de 10 a 20 años de prisión.
- Se impondrán de 6 a 12 años de cárcel por introducir celulares u otros dispositivos electrónicos en centros penitenciarios.
- Las autoridades deberán otorgar medidas de protección a las víctimas de extorsión, especialmente cuando su vida, libertad, integridad física o mental se encuentren en riesgo.
La reforma recibió el respaldo de legisladores de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PT y PRI, aunque este último advirtió que será necesario incrementar el presupuesto en materia de seguridad para asegurar su aplicación efectiva.
