Por unanimidad, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió desechar el amparo directo en revisión 6321/2024, promovido por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Con esta decisión, el empresario deberá cubrir un crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, correspondiente al ejercicio 2013, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Los ministros aprobaron el recurso de reclamación 544/2024, interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otras autoridades fiscales, en contra de la admisión del amparo promovido por Elektra, la cual había sido autorizada durante la administración anterior de la Corte.
La ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García concluyó que la admisión del amparo fue improcedente, al considerar que el planteamiento de la empresa sobre el régimen de consolidación fiscal y otras normas no presentaba un interés excepcional, ya que existen precedentes judiciales que resuelven los mismos temas.
“Se considera fundado el recurso de revisión porque no debió admitirse el amparo directo en revisión. Aun cuando se cuestionan normas de carácter general, el caso carece de excepcionalidad, pues la Corte ya ha emitido criterios sobre las problemáticas planteadas”, expuso el ministro durante la sesión.
En consecuencia, las ministras y ministros declararon fundado el recurso de reclamación de Hacienda, revocaron el acuerdo de admisión y desecharon el amparo directo en revisión, confirmando así la obligación de pago del crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos, el mayor adeudo que mantiene Grupo Salinas con el gobierno federal.
Durante la misma sesión, el Pleno resolvió también, por mayoría de votos, que fue legal el impedimento 33/2024 promovido por Grupo Elektra, mediante el cual se solicitó que las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa se abstuvieran de conocer tanto del amparo directo en revisión 6321/2024 como del recurso de reclamación 159/2025, relacionados con el mismo asunto.
El caso se origina en una auditoría practicada a Grupo Elektra en 2015, derivada de la Ley del ISR vigente en ese entonces, la cual culminó en septiembre de 2018 con la determinación del mencionado crédito fiscal.
Finalmente, se prevé que durante la sesión de este jueves, el máximo tribunal del país resuelva otros tres amparos promovidos por Salinas Pliego, en los que están en juego más de 50 mil millones de pesos adicionales.
la actuación del Alto Tribunal ha convalidado el proceder de los tribunales colegiados, que ya fallaron contra el millonario. Salinas Pliego, en plena embestida contra el Gobierno morenista de Claudia Sheinbaum, afirmó el día anterior desde El Salvador que no esperaba “nada distinto” al sentido en el que se han pronunciado los juzgadores. “La Corte, espuria y politizada, ya tomó su decisión”, esgrimió.
Las instancias inferiores, no obstante, resolvieron en general sus procesos antes de que tuvieran lugar las elecciones judiciales y lo hicieron en la misma dirección. Los diversos tribunales han argumentado que los agravios planteados por la empresa son “inoperantes” porque hacen recaer la inconstitucionalidad de las normas recurridas en cuestiones circunstanciales, como una situación particular de la compañía, el presunto uso abusivo de una ley o la imprecisión de una redacción. Es decir, no tocan el corazón de la norma.
Los juicios que enfrentaba Elektra en esta jornada, que se antoja histórica por la dimensión pública y simbólica que ha adquirido, abarcan ejercicios fiscales que van del 2008 al 2013 y tienen que ver con un cálculo indebido en las pérdidas de la empresa.
Ese cálculo, que el servicio tributario ha considerado inflado, rebajó los impuestos que debía pagar la compañía, que se vio favorecida de un beneficio fiscal que no le correspondía. El SAT entonces le reclamó la diferencia que restaba por pagar, pero la compañía lo ha litigado hasta el final. Aunque las vías nacionales han sido agotadas este jueves, el conglomerado empresarial ha anunciado que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no descarta demandar a la dependencia pública, a quien acusa de implementar “extorsiones fiscales”.
