Información publicada por EL UNIVERSAL
De acuerdo con la investigación que este domingo publica el diario El Universal, al menos seis compañías bajo investigación por diversas irregularidades vinculadas a la trama de huachicol fiscal tienen contratos millonarios con dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que culminó en la causa penal 325/2025 y órdenes de captura contra 13 personas —entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán— ha puesto bajo la lupa a diversas compañías del sector energético. Todas ellas están vinculadas a posibles delitos relacionados con la importación y distribución irregular de hidrocarburos en México.
Entre las empresas señaladas destaca Constructora y Perforadora Latina S.A. de C.V., con más de una década arrendando plataformas de perforación a Pemex. En 2022, obtuvo un contrato por 57.6 millones de dólares para operar una plataforma marina en el Golfo de México. Esta empresa, además de contar con permisos vigentes de la Secretaría de Marina para operar sus plataformas Santa María y Covadonga, es relacionada con Galem Energy, firma acusada de ingresar combustibles al país sin documentos válidos de origen.
También se identifica a Abastecedora de Combustibles del Pacífico S.A. de C.V., la cual suministró diésel marino al buque El Puma de la UNAM entre 2022 y 2024, por un monto de hasta 27 millones de pesos. Aunque su permiso de importación fue revocado por incumplir la Ley de Hidrocarburos, la empresa continúa operando en puertos estratégicos como Mazatlán, Topolobampo, Manzanillo y Guaymas, donde presta servicios de suministro y transporte de combustibles.
Otra firma involucrada es Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V., autorizada para recolectar y disponer residuos de hidrocarburos en puertos de Tabasco. Esta empresa figura en la causa penal por presuntamente comprar combustible a proveedores que falsificaban documentos para internar el producto en territorio nacional.
La red también incluye a Comercializadora de Combustible Gutasa S.A. de C.V., beneficiada con una adjudicación directa de Conagua en 2019 por casi 10 millones de pesos, así como a Ecocarburante S.A. de C.V., que suministró más de 27 millones de litros de diésel para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ambas compañías están vinculadas comercialmente con Galem Energy, considerada pieza clave en las irregularidades detectadas.
Por su parte, el gobierno de Chihuahua contrató a Energética Carvel S.A. de C.V. en dos ocasiones, en 2019 y 2023, para la provisión de gasolina y diésel. Esta empresa también es parte de la indagatoria por operar con permisos vencidos para comercializar petrolíferos.
La causa penal revela una compleja red de empresas energéticas que, pese a mantener relaciones contractuales con entidades públicas, habrían incurrido en prácticas ilícitas como el contrabando, falsificación de documentos y operación con permisos caducos.
