Los acreditados reciben ofertas de liquidar, depositando el 50% de sus deudas a cuentas particulares
Xalapa, Ver., 24 de agosto de 2025.- Desde junio pasado, beneficiarios de los apoyos financieros a micro empresas familiares otorgados en el año 2020 a través de las delegaciones del Bienestar, están siendo víctimas de estafas para defraudarlos o robarlos.
La delegación, actualmente encabezada por el exdiputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, es la dependencia que cuenta con el padrón de beneficiarios a quienes supuestos abogados del “Consorcio Jurídico Finabien “, exigen el pago inmediato de los adeudos.
Los estafadores, que cuentan con datos personales y financieros exactos, llaman vía telefónica a quienes adeudan por Créditos a la Palabra y ofrecen descuentos de hasta el 55% para “liquidar” la deuda en una sola exhibición y prometen, a cambio, otorgarles un nuevo crédito de hasta 50 mil pesos.
La operación es ilegal y los pagos se solicitan fuera del sistema oficial, no a través del Banco del Bienestar, sino mediante depósitos en tiendas Oxxo o a cuentas del banco digital Albo y otros bancos, bajo nombres de personas físicas como Yolanda Danae Reyes Sánchez y Edit A. L. P.
Lo que distingue este caso de una simple estafa telefónica es el nivel de información al que los extorsionadores tienen acceso, ya que conocen con exactitud los datos del padrón de beneficiarios: nombres completos, CURP, fecha del crédito, monto otorgado, folio de registro e, incluso, domicilio.
Este tipo de información sólo está disponible al interior de las Delegaciones del Bienestar, por lo que el robo, fraude y extorsión no sería posible sin la complicidad de alguien de la dependencia, con participación o encubrimiento de servidores públicos.
Ante el tamaño de la operación, y por tratarse de recursos federales, deberá ser la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública, las que investiguen quién filtró o vendió el padrón de beneficiarios, quién está detrás del supuesto despacho jurídico, a cuánto asciende el monto defraudado y cuáles funcionarios están involucrados, pues miles de beneficiarios de programas sociales podrían estar en riesgo si no se actúa de inmediato.
En las imágenes se observan la forma que tienen de operar:
