Entrevista publicada en el número 50 de la revista Jurista
*Ahora tendremos que plantearnos la reconstrucción de Estado constitucional, antes de que los derechos fundamentales también comiencen a caducar con motivo de la reforma judicial
*Desde hace tiempo fue identificable un déficit de gobernabilidad; pero en lugar de contrarrestar esa tendencia, se optó por acentuarla y actualmente nos encaminamos a la ingobernabilidad
*Deterioro de derechos fundamentales, afectación de la economía, tensiones sociales crecientes, no solución jurídica a conflictos, discrecionalidad de gobernantes, aparatos caciquiles, llevarán a exigir una reconstrucción
“Es un representante de la jurisprudencia elegante, que sabe fascinar a jóvenes y mayores a través de su gran carisma personal”, ha escrito el jurista alemán Peter Häberle sobre el doctor Diego Valadés Ríos, prueba de la trascendencia y el reconocimiento que la carrera del investigador mexicano ha alcanzado en el mundo. Esta admiración es patente también en México. Sobre su compatriota, el hoy extinto doctor Jorge Carpizo, señalaba que Valadés es un hombre culto, de fino hablar, de escritura precisa y elegante, quien ha construido una obra jurídica trascendente, y cuyo espíritu inquieto canaliza sus energías, talento y voluntad al servicio de su país, de su Universidad y de sus semejantes.
Jurista conversa con el eminente maestro, investigador y servidor público, que es dueño de una rica variedad temática, que maneja con destreza la elegancia del discurso, que tiene un gran conocimiento literario y una amplia capacidad para tratar cuestiones difíciles del Derecho Constitucional Comparado.
El doctor Diego Valadés nació en Mazatlán, Sinaloa, el 8 de mayo de 1945. Cursó la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Clásica de Lisboa y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario.
Es autor, entre otros, de los siguientes libros: La Dictadura Constitucional en América Latina; La Constitución Reformada; Constitución y Política; El Control del Poder; Constitución y Democracia; Problemas constitucionales del Estado de derecho; El gobierno de gabinete; La Parlamentarización de los sistemas presidenciales; Problemas y perspectivas del sistema presidencial mexicano; Perfiles académicos; La Constitución y la realidad; Gobernabilidad; La norma y la normalidad; Estado laico; Constitucionalismo crítico; Igualdad ante la ley y lenguaje claro; Constitución y gobernabilidad, consideraciones para reconstruir el Estado constitucional en México.
Además, es autor de numerosos capítulos de libros y ensayos en revistas especializadas, publicados en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Guatemala, Israel, Italia, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido y Venezuela.
Es miembro de número de las siguientes instituciones: El Colegio Nacional, El Colegio de Sinaloa, la Academia Mexicana de la Lengua y la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina; la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y la Real Academia de la Lengua. Es también miembro honorario de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y fue presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Comenzamos la charla con el tema de actualidad: respecto de la elección judicial, ¿qué era más recomendable, doctor, ir a votar o abstenerse de hacerlo?
Le agradezco mucho, estimado colega Ruiz Martínez, la oportunidad de dialogar con usted y con el público de Jurista.
No me puedo pronunciar en cuanto a lo que era más recomendable, sólo le diré que decidí no votar por dos razones: el procedimiento electoral para la designación de juzgadores me pareció una medida demagógica e irresponsable. La justica debe estar en manos de los más capacitados para hacer un trabajo tan delicado y profesional, no de los más populares. En segundo lugar, porque era imposible conocer a los candidatos. Por supuesto, respeto a quienes votaron por convicción.
Vemos que usted sugiere que debe haber una Secretaría de Justicia en el país, ¿cuáles serían sus características y funciones? ¿Sustituiría a la Fiscalía General de la República o en qué diferiría de ésta?
Las fiscalías y los tribunales tienen funciones muy bien determinadas que no incluyen las que corresponden a una Secretaría: definir la política del Estado en materia de justicia. Cuando la Constitución de 1917 suprimió las secretarías de Justicia y de Instrucción Pública (en el transitorio 14º), lo hizo para que las respectivas funciones quedaran como competencia de las entidades federativas. A partir de 1921 fue restablecida la Secretaría de Educación Pública, mediante una reforma promovida por el presidente Álvaro Obregón conforme a la propuesta del rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos.
En cuanto a la de Justicia, con el tiempo en algunos estados funcionaron secretarias con esa denominación, pero a la fecha no queda ninguna. En el ámbito federal es una omisión de la mayor relevancia porque el Estado carece de política de justicia. Una secretaría, o al menos una Comisión Nacional si no se quisiera reformar la Constitución, debería identificar los problemas que toda sociedad experimenta en esa materia: cuántos juzgadores se requieren, qué efectos reales tienen las normas, cómo se mide la eficacia de los tribunales, qué tan adecuada es la preparación de los abogados y cómo se facilita el acceso a la justicia de quienes lo necesitan, entre muchas otras cosas.
En México hay hospitales públicos, pero la política de salud no la determinan ellos; también hay escuelas, pero la política educativa del Estado la fija una secretaría. La justicia ha sido descuidada por décadas y la reforma de 2024 sólo contribuye a agravar esa situación.
Los resultados de las elecciones municipales en Veracruz y Durango indican un estancamiento o retroceso para Morena, pues en ambos estados obtuvo menos triunfos que en la elección previa ¿podría significar esto que Morena seguirá debilitándose y ello permitirá lograr una reversión a la Reforma Judicial?
La reforma judicial de 2024 está destinada a fracasar. En algún momento, y supongo que no tardará mucho en llegar, será indispensable abordar con seriedad y responsabilidad la cuestión de la justicia, y resolverla de manera adecuada. Una buena parte de los problemas de violencia que sufre la sociedad derivan de la impunidad, ocasionada por la corrupción y también por las deficiencias acumuladas en materia de justicia.
La justicia es una cuestión de la que muchos gobernantes hablan de manera rutinaria, pero de la que no se ocupan con verdadero interés. Las reformas se hacen sin medir sus resultados. Como un ejemplo: ni siquiera se ha hecho una evaluación de los efectos reales de la reforma de 2008 en cuanto al proceso penal acusatorio y oral.
¿De qué manera se puede lograr la reconstrucción del Estado a la que usted alude en su último libro?
En mi obra más reciente, Democracia y gobernabilidad, explico que las reformas llevadas a cabo entre 1977 y 1996 significaron un avance muy importante en varios aspectos. Se estableció en sistema electoral propio de una democracia; mejoró el sistema representativo en cuanto al pluralismo en la integración de los ayuntamientos, congresos locales y congreso federal, y la Suprema Corte se convirtió en un auténtico tribunal constitucional que, entre otras cosas, permitió que las minorías congresuales impugnaran las decisiones mayoritarias que consideraran inconstitucionales.
Empero, el sistema representativo quedó a medio camino en cuanto a su evolución democrática porque no se atribuyeron a los congresos instrumentos eficaces de control político; además, se dejó subsistente la primacía del poder presidencial.
En un sistema constitucional bien construido, todos los órganos del Estado deben contar con los instrumentos que les permitan ser eficaces, cooperativos, complementándose entre sí, controlándose de manera recíproca, pero sin obstruirse. Pero en México se mantuvo una asimetría muy pronunciada entre el poder extremo de la presidencia y las limitaciones de los demás órganos del poder; además, nuestro federalismo es muy débil y su diseño contribuye a acrecentar el poder de la presidencia de la República.
Esta situación debió y pudo remediarse mediante una reforma del Estado que culminara el ciclo de la reforma política llevada a cabo entre 1977 y 1996, pero no se hizo así. La exacerbación de lo que llamo “absolutismo presidencial” afectó lo que se había avanzado en esos veinte años y culminó su labor destructiva en 2024, con la desintegración del poder judicial en los niveles federal y local.
¿Cómo pudo haberse realizado una Reforma Judicial que mejorara la impartición de justicia, pero sin llegar al extremo de desarticular la institucionalidad?
La reforma judicial de 1995 tuvo muchos avances, pero dejó subsistentes numerosos problemas, entre otros el que ya le mencioné: la ausencia de un órgano encargado de elaborar y aplicar las políticas de justicia del Estado mexicano. Además, toda reforma tiene que ser revisada y sometida a ajustes. Los hubo, pero fueron insuficientes.
Debe tenerse en cuenta que las instituciones están expuestas a desviaciones y que incluso las soluciones de un día pueden generar nuevas dificultades con posterioridad. Una de las claves para toda reforma institucional es que los problemas y sus posibles remedios sean objeto de análisis y deliberación con todos los sectores interesados o afectados.
Así tendrá que hacerse cuando se restablezca la gobernabilidad democrática en el país. La reforma del futuro deberá resultar de una participación constructiva de la academia, el foro, la judicatura, la sociedad civil, las organizaciones políticas y el poder público.
Una imposición como la que se hizo en 2024 no puede dar resultados positivos. Si se quisieran enmendar los múltiples errores cometidos mediante un procedimiento similar, se volvería a fracasar, pues la unilateralidad denota decisiones intransigentes propias de criterios dogmáticos y no a soluciones razonables, sensatas, viables.
¿Cuáles serían o serán los fenómenos que indiquen que México llegó a la ingobernabilidad? ¿En qué tiempo podría ocurrir y cuál será el impacto para la sociedad?
Esos fenómenos ya están presentes; los padecemos día con día. Los gobernantes mexicanos no se someten a una evaluación y eventual reprobación por parte de los representantes de la nación con motivo de sus desaciertos, omisiones o desviaciones. Esto se conoce como irresponsabilidad política.
Cuando los altos funcionarios se saben intocables, pueden corromperse sin consecuencias para ellos, pero su impunidad sí tiene consecuencias para los gobernados. Por eso la violencia se ha vuelto parte de la normalidad en México. Pero además de lo que resulta muy visible: homicidios, enfrentamientos armados, incendio de vehículos, contrabando y robo sistemáticos de combustibles y bloqueos de las vías públicas, se dan casos menos visibles de desaparición de personas, que sólo se registran como una estadística más, y otros que en su mayoría desconoce la opinión pública: la extorsión, de la que son víctimas millares de personas y de empresas, sobre todo las más pequeñas.
Hay sectores del territorio nacional sustraídos al control Estado y también hay actividades de apariencia lícita que encubren a organizaciones delincuenciales.
Por otra parte, en el orden político, la autonomización de fuerzas que actúan al margen o en contra de las instituciones también tiende a multiplicarse. En el ámbito institucional se registra un empeoramiento de los servicios, como los de transporte, salud y educación, y de las funciones públicas, como las de seguridad y atención administrativa. A ese tipo de fenómenos se le conoce como anomia, o sea degradación en la observancia de las normas, sin que haya capacidad de las autoridades para hacerlas cumplir, e incluso las propias autoridades infringen las normas que ellas mismas emiten.
La sociedad sufre de varias maneras el impacto de la suma de esos fenómenos: deterioro en los niveles de vida en lo individual, familiar y colectivo; desprestigio de las instituciones públicas; desconfianza generalizada, desánimo y escepticismo, en especial entre los jóvenes, y varios síntomas más. Desde hace tiempo fue identificable un déficit de gobernabilidad; pero en lugar de contrarrestar esa tendencia se optó por acentuarla y ahora nos encaminamos a la ingobernabilidad. No será perceptible de inmediato, sin embargo, el efecto erosivo de la reforma judicial se hará sentir de forma progresiva y cada vez más acelerada.
En la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Valadés fue director de la Revista de la Universidad, director general de Difusión Cultural, Abogado General, coordinador de Humanidades y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
En el sector público ocupó, entre otros, los cargos de diputado federal, Subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, Procurador General de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Procurador General de la República, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Embajador en Guatemala.
Es Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Premio Nacional de Jurisprudencia y Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.
Es Doctor Honoris Causa por parte de las siguientes instituciones: Universidad de Buenos Aires; Universidad de Córdoba (Argentina); Universidad “Inca Garcilaso de la Vega” (Perú); Universidad de Santa María (Arequipa, Perú); Universidad Veracruzana, y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y Posdoctorado Honoris Causa por la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia.
De su colega, ha opinado el doctor Héctor Fix-Zamudio: Está consciente el doctor Valadés de las dificultades que deben enfrentarse para modificar nuestro régimen político, en virtud de que es preciso motivar el desarrollo cultural constitucional de los diversos sectores políticos de México, lo que incluye a las élites política, económica, así como a los partidos políticos, que no obstante el avance que han tenido, todavía les falta evolucionar hacia una práctica de colaboración, de equilibrio y de madurez, que incluye a los legisladores federales y locales, así como también a los ciudadanos, que han aumentado progresivamente su participación tanto en las elecciones como en su interés por hacer valer sus derechos políticos.
El doctor Sergio García Ramírez ha reconocido sus aportaciones a la academia: Es don Diego, buen cultivador de la amistad, generador de proyectos, animador de ideas que influyen en el pensamiento jurídico y político, ha hecho una aportación estupenda a la vida académica: estimuló y lo sigue haciendo, con visión y generosidad, los primeros pasos y el desarrollo inicial de muchos jóvenes maestros, que más tarde serán formadores de nuevos académicos.
El constitucionalista uruguayo Rubén Correa Freitas[1] le reconoce una enorme generosidad y espíritu americanista, y dice que es integrante de una pléyade de brillantes constitucionalistas mexicanos, que a lo largo de varias décadas han ejercido, y ejercen, una enorme influencia en el pensamiento constitucional latinoamericano, en defensa de las libertades públicas y de los derechos humanos.
¿De dónde partiría una iniciativa para intentar un diseño de las instituciones que revierta esta fractura institucional, habida cuenta de que la lideresa del país proclama la elección, pese al abstencionismo, como un gran triunfo y por lo tanto no estaría dispuesta a revertir la citada Reforma?
Es parte de lo que hacen los medios, la academia, las organizaciones sociales y profesionales, las fuerzas políticas, los dirigentes culturales. Además, México tiene una ciudadanía que ya está familiarizada con procedimientos democráticos y que pronto aumentará sus exigencias de respuestas y soluciones efectivas para sus problemas y expectativas.
Las condiciones objetivas del país se harán visibles. El deterioro de los derechos fundamentales, afectación de la economía, tensiones sociales crecientes, postergación en la solución jurídica de los conflictos, discrecionalidad de las decisiones de gobierno y fortalecimiento de los aparatos caciquiles, más otros signos de la decadencia institucional, harán que desde muchos sectores surja la exigencia de reconstruir la vida institucional. Es imposible predecir el momento, pero este tipo de procesos suele darse por acumulación de frustraciones. La sociedad mexicana está mucho mejor preparada y es mucho más consciente de los problemas de lo que cree buena parte de los gobernantes.
El nivel de abstención en la elección de los juzgadores, a pesar de la intensidad de la propaganda convocando a votar, es una muestra de que la sociedad no es tan manipulable como algunos dirigentes suponen.
Al mencionar usted que los grupos delincuenciales pueden ejercer presiones sobre jueces que permanecerán inamovibles en sus territorios electorales, ¿está de acuerdo con el criterio del presidente Trump sobre el predominio del narco en el país?
Mucho antes de que nuestra situación llamara la atención de los extranjeros, en nuestro país hubo voces que denunciaron la penetración de las organizaciones delincuenciales en la vida pública. Los atentados contra funcionarios civiles, policiales, militares e incluso candidatos políticos han hecho evidente este fenómeno desde hace años.
Mientras se focalizó la atención en los juzgadores, hasta llegar a una Reforma general, nada se dice sobre las fiscalías, que representan una gran fuente de ineficiencia y corrupción ¿Cuál es su opinión sobre esta lógica?
Las fiscalías, en su mayoría, carecen de los recursos mínimos para dar resultados. De acuerdo con los datos del INEGI, en 2023 fueron cometidos 31 millones de delitos y su investigación correspondió a tres mil cuatrocientos fiscales federales y catorce mil fiscales estatales. Es evidente la desproporción entre el volumen de actos delictivos y la capacidad técnica para investigarlos y procesarlos. En las fiscalías hay mucha gente preparada, pero sin instrumentos para llevar a cabo sus tareas. Otra vez vemos la falta de una política de justicia del Estado mexicano.
¿Qué acciones propone usted para mejorar el papel que realizan la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales?
Este es otro asunto que debería abordar una Secretaría o una Comisión Nacional de Justicia: escuchar a los fiscales, porque nadie conoce mejor las carencias que les afectan; evaluar su desempeño a partir de cotejar sus recursos y sus resultados; verificar qué tan efectiva ha sido su autonomía y qué nuevos problemas han surgido a partir de ella. En algunos estados, muy pocos, ha habido experiencias razonables; hay que estudiarlas y multiplicarlas.
Usted ha expresado que el gobierno no llegará a tener control sobre los elegidos ministros, magistrados y jueces, sino que éstos mantendrán autonomía en sus decisiones, pero ¿será posible que lo hagan cuando lo que se cuestiona es precisamente su falta de preparación, es decir, serán capaces de actuar con independencia, cuando además muchos o todos le deben su cargo al sistema político?
Los integrantes de la Suprema Corte podrán ejercer sus cargos con autonomía si así lo deciden. Con independencia de las afinidades políticas que puedan tener con el gobierno, confío en que sus criterios jurisdiccionales obedecerán a sus convicciones y conocimientos jurídicos. En cambio, los magistrados y jueces federales, sobre todo en materia penal, estarán muy expuestos a presiones y amenazas que afectarán su independencia. La materia es explosiva y la vulnerabilidad de los juzgadores será muy elevada.
Hay que tener en cuenta que el artículo 97 prohíbe que sean readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido elegidos, de manera que todo su periodo de nueve años, ellos, sus familiares e incluso sus amistades cercanas, correrán los riesgos a los que quieran someterlos los poderes fácticos, en especial los delincuenciales.
¿Cuál es su punto de vista sobre la opinión de la OEA respecto de la elección judicial mexicana?
El documento emitido por los observadores de la OEA es muy serio, está redactado de manera muy profesional y expresa, en términos prudentes, lo que nos consta a todos los mexicanos: que hubo una manipulación electoral sin precedentes.
En 2024 participó usted en el análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República. ¿Hubo posteriormente nuevas iniciativas dignas de comentarse?
No, ninguna hasta este momento.
¿Cuál es su opinión sobre el empleo de las herramientas de Inteligencia Artificial en el mundo del Derecho?
Este es un campo tan prometedor como riesgoso. Sin duda ofrece múltiples posibilidades en el desarrollo de la democracia y en el funcionamiento de las administraciones públicas; también contribuirá a mejorar la procuración, impartición y administración de justicia, pero implicará asimismo incógnitas que se tendrán que ir identificando y resolviendo. Aunque ese tema se viene estudiando desde hace varios lustros, en los años más recientes se ha hecho muy atractivo para los juristas, en especial para los más jóvenes.
¿Nos puede comentar qué investigaciones está usted realizando o qué obras va a publicar?
Con gusto. Mi próxima publicación será de carácter histórico constitucional, y luego proseguiré con mi línea de trabajo relacionada con los sistemas de gobierno. Le agradezco mucho su interés por mi trabajo y por esta tan grata conversación.
[1] Las opiniones de Peter Häberle, Jorge Carpizo, Héctor Fix Zamudio, Sergio García Ramírez y Rubén Correa Freitas aquí mencionadas constan en el libro El control del poder. Homenaje a Diego Valadés, 2011, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
