Agencias
Después de un mes y una semana de paro laboral, y tras alcanzar un acuerdo entre el Tribunal Superior de Justicia y los representantes sindicales, este martes los empleados del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CDMX) reanudaron actividades y reabrieron los tribunales.
El paro afectó a más de un millón 500 mil usuarios y provocó la suspensión de aproximadamente 25 mil audiencias, según estimaciones oficiales. Desde primeras horas del día, cientos de abogados y ciudadanos acudieron a las distintas sedes judiciales para reactivar los procesos que quedaron detenidos, muchos de los cuales ocasionaron pérdidas económicas, materiales e incluso familiares.
“Nos atrasaron todo, todo. Ahora hay que esperar aún más a que empiecen a recuperar todos los expedientes y casos atrasados, entre ellos el mío”, expresó Mariana, quien no ha podido recibir el pago de pensión tras su separación debido al paro.
Pese a la reapertura general, algunas áreas continúan en protesta. En los juzgados laborales ubicados en Fray Servando Teresa de Mier número 32, las labores permanecen detenidas. Los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, así como insumos y herramientas adecuadas para desempeñar sus funciones.
“No tenemos impresoras, falta tinta, solo contamos con una máquina para escanear documentos. Se comprometieron a mejorar todo, pero aquí no han hecho nada aún. Esta es una de las áreas con mayor carga de trabajo, pero nos dijeron que esta misma semana se resolverá”, comentó uno de los empleados, mientras junto con sus compañeros comenzaban a limpiar las instalaciones.
El acuerdo entre autoridades y trabajadores, firmado el viernes pasado pero aplicado hasta hoy, contempla la entrega de un bono extraordinario en diciembre de 2025, independiente del bono anual. Además, se destinarán recursos por única ocasión para ser distribuidos en partes iguales entre el personal de menor nivel, también a ser depositados en diciembre.
El documento también incluye la basificación progresiva del personal de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas mediante convocatorias periódicas, así como el compromiso de establecer mesas de trabajo permanentes durante el año para discutir mejoras salariales, prestaciones y condiciones laborales dignas.
Finalmente, se garantizó que no habrá represalias económicas ni administrativas contra quienes participaron en el paro: no se aplicarán descuentos, sanciones ni medidas disciplinarias.
