Un ciudadano curiosea en la publicidad de candidatos en la Ciudad de México (Foto: The New York Times en Español)
Agencias y redes
Al menos 13 candidatos participantes y ganadores en la elección judicial en México ostentan el estigma de estar relacionados con liderazgos del crimen organizado, robo de combustible, trata de personas, tortura, feminicidio, acoso, violencia sexual y malas practicas en el servicio público.
Los aspirantes han sido denunciados por organizaciones sociales, consejeros electorales y especialistas en temas electorales.
Los cuestionados ganadores están a punto de convertirse en jueces y magistrados federales o locales, si antes el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral no revierten sus triunfos.
En Yucatán, Hernán Vega Burgos sería magistrado en el Tribunal Superior de Justicia. Él es acusado de proteger una red de trata y explotación sexual en su Estado en su periodo como delegado del Instituto Nacional de Migración, en 2009. Dos mujeres, originarias de Costa Rica, acusaron a Vega Burgos de cobrarles una cuota por prostituirse.
En Chihuahua, será jueza penal Silvia Delgado y ya recibió la constancia de mayoría del Instituto Electoral. Ella fue abogada de Joaquín El Chapo Guzmán.
“Se nos fueron algunos casos”, dijo Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, a los periodistas en abril.
En Veracruz, Héctor Ulises Orduña ganó para ser juez de distrito, pero él está encarcelado desde hace casi dos meses, acusado de abuso sexual de menores y de pornografía infantile, presuntamente realizados en 2011. La presidenta del INE, ha dicho que el caso se analiza toda vez que no existe sentencia firme. Aunque ha confirmado que, mientras permanezca en prisión, no podrá recibir la constancia de mayoría.
En Nuevo León, Jaime Cisneros ganó el cargo de magistrado de circuito. Sobre él hay acusaciones de acoso a estudiantes mientras fungía como docente en la universidad del Estado. Este y dos casos más han sido exhibidos por la consejera Carla Humphrey, quien propuso no entregarle la constancia de mayoría, aunque su propuesta fue desechada por mayoría de votos.
También en Nuevo León, Sergio Díaz, candidato a magistrado a la Sala Regional Monterrey, es acusado de ser deudor alimentario.
En Sonora, Genaro Antonio Valerio, aspirante a magistrado en materia Civil, tiene diversas denuncias por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder.
En Jalisco, Madián Sinaí Menchaca Sierra, es hija del obispo Nicolás Menchaca, defensor legal del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín, preso en Estados Unidos por abuso infantil.
También en Jalisco, Eluzai Rafael Aguilar, es abogada e hija de Samuel Rafael Quintana, ministro de culto de la misma iglesia.
En Coahuila, Salma Jaanai Martínez Macías, ganó la elección a jueza penal federal por Coahuila, impulsada por correligionarios de la fe, lo que indicaría intervención de una institución religiosa en temas del Estado laico.
En Iztapalapa, Irlanda Gabriela Pacheco Torres asumiría como jueza de distrito en materia penal por esa alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La aspirante fue acusada de fraude procesal y uso de documento falso. Además, hasta hace un par de meses, la penalista, se desempeñaba, presuntamente, como abogada de Luis Erick Barajas García, alias El Trompas, presunto integrante de la Unión Tepito, detenido en julio de año pasado.
Igualmente en la Ciudad de México, Alejandra Lozano Maya ganó los comicios para ser los comicios para ser jueza penal local. Ella está acusada de tortura, abuso sexual y extorsión. Fue agente de la Fiscalía del Estado de México durante dos décadas, y en dos ocasiones fue denunciada por haber cometido detenciones arbitrarias y tortura, lo que le valió la apertura de dos carpetas de investigación, de acuerdo con una investigación de Animal Político. Lozano ya recibió su constancia.
En Baja California, Norma Alicia Sandoval Torres fue la candidata la más votada para jueza en materia penal. Sandoval fue cesada como ministerio público en 2017 por supuestamente fabricar pruebas en contra de cuatro personas detenidas por narcotráfico.
En Tamaulipas, Tania Contreras, ganó un cargo de magistrada local y, por ser la más votada, se perfila para presidir el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Pero es señalada de ser el enlace entre el Ejecutivo estatal y una red de corrupción, sobornos y tráfico de huachicol en la Agencia aduanera, según el informe de la organización Defensorxs.
Al puñado de candidatos sospechosos, se añaden otros que incumplen el requisito de promedio mínimo de ocho en licenciatura y de nueve en la especialidad.
Unos 40 lograron ganar sin acreditar la exigencia mínima de calificación escolar, según los consejeros electorales.
