Comunicado TI/16/2026
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) destaca que, conforme al comunicado de prensa 82/2026 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitido en el Caso Moliné O’Connor Vs. Argentina, el Tribunal internacional determinó que un Estado incurre en responsabilidad internacional al destituir a un juez fundamentándose en el criterio jurídico expresado en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales.
Esta línea argumentativa del tribunal internacional coincide plenamente con los estándares que salvaguardan la independencia judicial y que JUFED ha venido defendiendo frente al hostigamiento, las presiones políticas y las destituciones arbitrarias que enfrentan diversas personas juzgadoras en nuestro país.
La referida sentencia de la Corte IDH establece que el Estado argentino vulneró los derechos políticos y los derechos a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, concluyendo que el Estado es responsable por la afectación al proyecto de vida de la víctima, esto es, establece con toda claridad que sancionar, destituir o atribuir “mal desempeño” a un impartidor de justicia por el contenido de sus interpretaciones y decisiones dictadas en el ejercicio de su autonomía, vulnera las garantías judiciales, la protección judicial y los principios democráticos elementales.
Para JUFED, este criterio del tribunal internacional reafirma que nuestras denuncias tienen sustento, ante los procedimientos de responsabilidad administrativa disciplinaria y las denuncias por la vía penal, seguidas contra personas juzgadoras federales de carrera judicial en México, demostrando que perseguir y sancionar administrativamente la labor interpretativa y la autonomía jurisdiccional constituye una grave violación a los derechos humanos y al Estado de derecho.
Por ello, JUFED ratifica que la independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan, sino la única salvaguarda efectiva para proteger los derechos de toda la ciudadanía frente a los excesos del poder. De persistir este tipo de actuaciones arbitrarias en contra de las y los juzgadores nacionales, lo que se avizora a futuro son condenas internacionales contra el Estado mexicano, advirtiendo que de seguir en la línea en la que opera el Tribunal del Disciplina Judicial, el Estado enfrentará sentencias de índole similar a la dictada contra Argentina.
ATENTAMENTE
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