Una interpretación judicial puede ser correcta o equivocada. Lo que no puede hacerse es convertir automáticamente ese error en una falta disciplinaria grave
José Manuel de Alba de Alba
Magistrado en retiro forzado del Poder Judicial de la Federación
El juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, de Colima, fue destituido e inhabilitado durante un año por haber impuesto, en cuatro procedimientos penales abreviados, penas menores a las solicitadas por el Ministerio Público.
El Tribunal de Disciplina Judicial consideró que había cometido un error inexcusable y que, por tanto, incurrió en una falta administrativa grave denominada notorio descuido.
Pero hay un aspecto fundamental que merece explicarse con claridad: el juez no actuó por desconocimiento de la ley. Interpretó la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y diversos criterios judiciales para justificar sus decisiones.
¿Esa interpretación fue correcta? Es discutible.
¿Puede una interpretación equivocada justificar automáticamente la destitución de un juez? No.
1. ¿Qué decía el juez Sigales?
El artículo 21 de la Constitución establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son facultades propias y exclusivas de la autoridad judicial.
A partir de esta disposición, el juez Sigales sostuvo que su función no consistía simplemente en aceptar las penas propuestas por el Ministerio Público.
Consideraba que tenía la obligación de revisar su legalidad y proteger los derechos de las personas acusadas.
Ésa es una interpretación garantista: entiende al juez como una autoridad que debe controlar el ejercicio del poder, no limitarse a aprobar sus decisiones.
2. ¿Qué decía el Tribunal de Disciplina?
El Tribunal sostuvo una interpretación diferente.
Se apoyó en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que impide imponer una pena distinta o de mayor alcance a la solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado.
Para el Tribunal, el juez podía admitir o rechazar el procedimiento abreviado, pero no modificar por su cuenta la pena acordada, aunque fuera para reducirla.
Así tenemos dos posiciones jurídicas:
La del juez: la Constitución le confiere facultades para ejercer un control judicial sobre la pena.
La del Tribunal: esas facultades deben ejercerse dentro de las limitaciones del procedimiento abreviado.
Ambas posiciones exigen interpretar normas. La controversia consiste en determinar cuál interpretación se ajusta al derecho.
3. ¿El juez ignoró la jurisprudencia de la Suprema Corte?
Éste es un punto decisivo.
No. El juez conocía criterios de la Suprema Corte y explicó por qué consideraba que no impedían su actuación.
En algunas audiencias sostuvo que determinada jurisprudencia se refería al acceso al procedimiento abreviado, pero no resolvía específicamente la facultad judicial de imponer penas.
También invocó ejecutorias y un voto particular de la Suprema Corte para justificar un control judicial más amplio.
Es verdad que existía jurisprudencia obligatoria que señalaba que el juez de control no podía modificar la reducción de pena acordada por las partes.
Ese criterio constituye una objeción importante a la interpretación de Sigales.
Pero una cosa es que el juez haya interpretado equivocadamente el alcance de una jurisprudencia y otra que haya actuado con negligencia disciplinaria.
Conocer un criterio, estudiarlo e intentar distinguir su aplicación es una actividad de interpretación jurídica. Que la distinción resulte equivocada no la transforma automáticamente en descuido.
4. ¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad de los jueces?
Aquí aparece una disposición que no debemos olvidar.
El artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 2021, vigente cuando ocurrieron los hechos, establecía:
«Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito y las y los jueces de distrito, solo serán responsables por sus interpretaciones o resoluciones cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe».
En cambio, el artículo 110, fracción III, sancionaba la notoria ineptitud o descuido.
Son dos cosas diferentes: interpretar equivocadamente una norma y desempeñar negligentemente una función.
Que un juez fundamente una decisión no lo exime automáticamente de responsabilidad. Pero tampoco puede presumirse la negligencia simplemente porque su interpretación haya sido rechazada.
5. El verdadero problema del caso Sigales
El Tribunal de Disciplina examinó los argumentos del juez y los consideró incorrectos.
Sin embargo, demostrar que una interpretación es incorrecta no equivale a demostrar todos los elementos de una falta disciplinaria grave.
El Tribunal debía justificar por qué las decisiones eran jurídicamente inexcusables y cómo podía sancionarlas frente a la protección especial que establecía el artículo 109.
No basta decir que el juez se equivocó. Debe acreditarse que incurrió en la conducta administrativa prevista por la ley.
Conclusión. Una interpretación equivocada no es, por sí sola, negligencia
El caso Sigales nos deja una lección importante.
Un juez puede interpretar correctamente la Constitución. También puede equivocarse al interpretarla. Para corregir esos errores existen los recursos judiciales y los tribunales superiores.
Lo que no debe permitirse es que toda interpretación equivocada se transforme automáticamente en una causa de destitución.
En el caso concreto, el juez conocía la jurisprudencia, intentó distinguir su alcance y expuso argumentos para defender su facultad constitucional de imponer penas.
Esos hechos muestran una controversia de interpretación jurídica. No descartan por sí solos cualquier negligencia, pero tampoco permiten tenerla por acreditada sin una justificación adicional y rigurosa.
La independencia judicial no consiste en proteger únicamente a los jueces que aciertan, sino también en impedir que sean castigados por sus interpretaciones sin demostrar que verdaderamente cometieron una falta disciplinaria.
Porque una sentencia equivocada puede corregirse; una independencia judicial perdida es mucho más difícil de recuperar.
