El costo de seguir en conflicto
«Yo no voy a ceder porque tengo la razón».
La frase aparece en discusiones entre socios, problemas de vecinos, deudas pendientes y diferencias familiares. A veces se pronuncia con enojo; otras, con la convicción de que aceptar cualquier propuesta sería permitir una injusticia.
Es comprensible. Cuando alguien incumple su palabra o afecta nuestro patrimonio, queremos recuperar lo que nos corresponde. También queremos que se reconozca lo ocurrido. El problema comienza cuando la necesidad de resolver se convierte en la necesidad de derrotar al otro.
Entonces dejamos de preguntarnos qué solución nos conviene y empezamos a pensar cuánto tendría que perder la otra persona para sentir que ganamos.
Tener la razón merece una defensa. Pero también merece una estrategia.
Pensemos en un ejemplo hipotético: una persona reclama el pago de quinientos mil pesos. Quien debe reconoce el adeudo, pero afirma que no puede cubrirlo de inmediato. Después de varios intentos de cobro, ambos aceptan participar en una mediación.
Sobre la mesa aparecen distintas posibilidades: un pago inicial, mensualidades, garantías y consecuencias claras ante un incumplimiento. El acreedor puede valorar si acepta un plazo o ajusta alguna condición a cambio de una recuperación más pronta y con mayor respaldo. El deudor puede asumir obligaciones compatibles con su capacidad de pago.
Nada de eso debe aceptarse a ciegas. Hay que revisar documentos, conocer la situación de las partes y evaluar si la propuesta ofrece condiciones razonables de cumplimiento.
Pero si ambas personas consiguen una solución voluntaria, jurídicamente segura y viable, ¿quién perdió?
La respuesta exige mirar algo más que la cantidad originalmente reclamada. También cuentan el tiempo para recuperarla, los gastos de continuar la controversia, los riesgos del procedimiento y la posibilidad real de cobrar.
Aceptar menos dinero no siempre será conveniente. Reclamar hasta el último peso tampoco será, en todos los casos, la mejor decisión. Lo responsable es comparar alternativas con información suficiente, sin confundir firmeza con prolongación del conflicto.
Hay una pregunta que pocas veces hacemos al comienzo: ¿cuánto nos cuesta seguir como estamos?
Una deuda puede impedir que un negocio compre mercancía. Una diferencia entre socios puede detener decisiones urgentes. Un problema entre vecinos puede volver incómodo llegar a casa. Además del dinero, están las horas dedicadas al asunto, la atención que dejamos de prestar a otras responsabilidades y la incertidumbre que acompaña cada nueva discusión.
Esos costos no siempre aparecen en el expediente, pero forman parte de la vida de quienes están involucrados.
Por eso, la mediación merece entenderse con seriedad. Su propósito es abrir un espacio para que las personas examinen alternativas y decidan si alguna protege adecuadamente sus intereses. La legislación mexicana la reconoce como un procedimiento voluntario con asistencia de una persona facilitadora imparcial, dentro de los límites que establece la ley.
Escuchar una propuesta no obliga a aceptarla. Sentarse a dialogar tampoco significa reconocer que la otra parte tiene la razón.
Lo que permite es conocer opciones antes de decidir.
También debemos hablar con claridad sobre sus límites. Un acuerdo obtenido mediante presión, engaño o desconocimiento difícilmente puede presentarse como una buena solución. La autonomía de las partes exige libertad para decidir, y los mecanismos alternativos no pueden utilizarse para disponer de derechos que la ley protege como indisponibles.
Habrá asuntos que deban resolverse ante los tribunales. Habrá propuestas que convenga rechazar. Y habrá ocasiones en que continuar un juicio sea la decisión adecuada. La mediación no necesita prometer que resolverá todos los conflictos para demostrar su utilidad.
Necesita ofrecer condiciones para una decisión informada.
Desde la abogacía, esto también nos obliga a revisar qué entendemos por una buena defensa. Nuestro trabajo exige explicar las fortalezas del asunto y sus dificultades; distinguir lo que puede reclamarse de lo que probablemente podrá recuperarse; hablar de tiempos, costos y riesgos con la misma claridad con la que hablamos de derechos.
La persona que busca asesoría necesita elementos para decidir sobre su problema y sobre su futuro.
A veces querrá continuar hasta obtener una sentencia. Otras veces preferirá un acuerdo que le permita recuperar recursos, cerrar una relación o retomar una actividad. Ambas decisiones merecen respeto cuando se toman libremente y con conocimiento de sus consecuencias.
Durante mucho tiempo nos enseñaron que ganar un conflicto significaba derrotar al otro. Pero la justicia no debería medirse solamente por quién gana o quién pierde.
También vale preguntarnos qué logramos proteger, qué recuperamos y qué podemos hacer una vez que termina la controversia.
A veces, la decisión más inteligente es encontrar una solución que nos permita recuperar la tranquilidad, proteger nuestros derechos y seguir adelante.
Porque llegar a un acuerdo no necesariamente es perder.
En ocasiones, es dejar de perder.
Dr. Octavio Ruiz Méndez es abogado, mediador privado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Ambiental y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Su trayectoria combina la investigación jurídica con la promoción de una cultura de paz y justicia ecológica. Ha participado en proyectos de innovación normativa y mediación socioambiental, impulsando la integración de los principios de sostenibilidad y empatía inter-especie en el ámbito jurídico. Su trabajo académico se centra en la transformación del derecho hacia modelos más inclusivos, participativos y respetuosos con todas las formas de vida
