Observatorio Constitucional
José Ramón González Chávez
El día de ayer un grupo integrado por ciudadanos, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y juristas especializados en derecho internacional, entregaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una carpeta con documentación que prueba el apoyo militar económico y diplomático proporcionado por Donald Trump y Marco Rubio a Israel en su ofensiva genocida contra la franja de Gaza, donde militares sionistas han asesinado a casi 75 mil civiles y herido a más de 175 mil, en una clara y permanente violación a los acuerdos de cese el fuego suscritos desde octubre del año pasado.
Si bien se ha empeorado con Trump, la relación entre EUA y la CPI no ha sido buena desde hace tiempo, pero ahora el presidente norteamericano ha insistido en reafirmar su desconocimiento a la jurisdicción de la CPI y ésta en respuesta, ha llevado a cabo acciones judiciales contra el presidente y su secretario de Estado por violaciones a los derechos humanos.
Recientemente, Trump ha intensificado su hostigamiento hacia la CPI: pidió a los países de la comunidad internacional que se retiren oficialmente del organismo al que calificó de deshonesto, antiamericano y fuera de control; y en general le ha impuesto sanciones y diferentes restricciones para toda la institución y en particular demandas y bloqueos de cuentas y servicios financieros contra sus jueces y fiscales, incluida su presidenta, Tomoko Akane. Incluso a los ciudadanos y empresas norteamericanos les ha prohibido colaborar con la CPI sin autorización expresa del Departamento del Tesoro. La actitud del Ejecutivo norteamericano se debe principalmente a las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán, así como a órdenes de arresto emitidas contra líderes israelíes, como Benjamin Netanyahu y todavía más grave contra el mismo Trump y marco rubio por el apoyo que han dado a israel principalmente por el genocidio que han cometido contra población civil -niños jóvenes hombres mujeres ancianos- habitantes de la franja de Gaza, territorio palestino.
Además, se han interpuesto demandas en los tribunales de estados unidos alegando que las sanciones impuestas a la CPI violan derechos fundamentales y buscan coaccionar decisiones judiciales que por su naturaleza son autónomas. El rechazo a esta lamentable actitud del gobierno norteamericano ha sido secundada por la Unión Europea, Japón y otros países, que han señalado que estas decisiones debilitan sensiblemente el orden jurídico internacional, lo cual es verdaderamente crítico a nivel mundial pues afectan decisiones que tiene la CPI sobre casos graves de violaciones a derechos humanos en otros países, generando con ello una tensión que puede llegar a convertirse en un conflicto internacional.
Esta es quizá la razón por la cual el gobierno mexicano no ha mencionado una sola palabra al respecto, al igual que los medios controlados por el ejecutivo federal, ya que existen demandas interpuestas ante esa jurisdicción por diversos organismos nacionales a causa de los asesinatos que suman ya más de 250 mil, las 150 mil desapariciones forzadas, las muertes innecesarias por COVID debidas a la negligencia gubernamental, los asesinatos de periodistas, todas estas tristes realidades sin precedentes en la historia de México, que desde el pulpito presidencial, los mecanismos oficiales de comunicación social y los actores políticos del régimen se empeñan en negar y tratar de diluir una y otra vez con infinidad de distractores, la gran mayoría de cuales falaces y hasta pueriles; e igualmente con acciones jurisdiccionales penales contra funcionarios y dependencias del actual gobierno y su movimiento en todos los poderes y en todas las escalas de gobierno.
