Dra. Adriana Alicia Rodríguez Azuara
Licenciada en Derecho, Maestra en Derecho Procesal Penal, Maestra en Derecho Penal, Maestra en Administración y Procuración de Justicia, Doctora en Derecho Penal, con Especialidad en Justicia Penal para Adolescentes.
Su perfil profesional se define por una rigurosa preparación en el área penal que trasciende el ejercicio práctico mediante un continuo perfeccionamiento académico internacional. Sobresalen sus especializaciones en compliance penal y en motivación de decisiones probatorias por las universidades de Salamanca y Girona, respectivamente. Dicho bagaje técnico la constituye como una especialista idónea y competitiva para la gestión de litigios complejos y el desarrollo estratégico de políticas de procuración de justicia.
Reforma Constitucional
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 no se limitó a sustituir un modelo procesal por otro; transformó la manera en que el Estado mexicano dirige a una persona el reproche penal y la forma en que esa persona puede resistirlo. En el sistema acusatorio, cuyo desarrollo legislativo culminó con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de marzo de 2014, el primer acto en el que el Ministerio Público comunica formalmente a una persona, ante la autoridad judicial, que desarrolla una investigación en su contra es la formulación de la imputación.[1] Se trata de un acto aparentemente sencillo, de naturaleza oral y de breve duración, que con frecuencia se reduce en la práctica a la lectura de un relato y a la mención de un tipo penal. El presente artículo sostiene una tesis distinta: la imputación es un acto de alta densidad jurídica cuya corrección depende, de manera inmediata, de la teoría del delito, pues sólo a través de ella el relato de un acontecimiento se convierte en la atribución de un hecho penalmente relevante, comprensible para quien lo recibe y controlable por quien lo juzga.
El artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que, una vez que el imputado se encuentre presente en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público le expondrá el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo y el nombre de su acusador, salvo los casos en que proceda reservar su identidad. La disposición agrega que el Juez de control, a petición del imputado o de su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto de la imputación formulada.[2] La lectura atenta del precepto revela que el legislador no exigió únicamente una narración, sino una narración jurídicamente orientada: el hecho debe exponerse junto con su calificación, con las circunstancias de modo que le dan relevancia típica y con la forma de intervención del sujeto. Cada uno de esos componentes es, en rigor, una categoría dogmática. La calificación jurídica remite al tipo penal; el modo de comisión, a los elementos objetivos, normativos y subjetivos que lo integran; la forma de intervención, a la teoría de la autoría y la participación. La ley procesal, por tanto, presupone la teoría del delito aun cuando no la mencione por su nombre.
Esta exigencia encuentra su fundamento último en el orden constitucional y convencional. El artículo 20, apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona imputada a que se le informe, desde el momento de su detención y en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y de los derechos que le asisten. A su vez, el artículo 8.2, inciso b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada.[3] La palabra «detallada» no es un adorno retórico. Una comunicación es detallada cuando permite a su destinatario conocer no sólo qué se dice que hizo, sino por qué eso que hizo constituye, a juicio del órgano acusador, un delito determinado. Sin esa segunda dimensión, el derecho de defensa queda reducido a la posibilidad de negar los hechos, y se le priva de la posibilidad, igualmente legítima, de discutir su relevancia penal. La teoría del delito es precisamente el lenguaje en que esa discusión se vuelve posible.
Conviene precisar qué se entiende aquí por teoría del delito. Con esta expresión se designa el sistema de categorías mediante el cual la ciencia penal ordena los presupuestos generales de la responsabilidad criminal: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, a las que suelen añadirse, según la orientación que se adopte, la punibilidad y ciertos presupuestos procesales. Las grandes construcciones de los últimos cien años, desde el sistema causalista hasta el finalismo de Welzel y el funcionalismo de Roxin y Jakobs, discrepan en la ubicación de algunos elementos, señaladamente el dolo y la culpa, pero coinciden en una premisa metodológica: el análisis de la responsabilidad debe realizarse de forma escalonada, de modo que cada nivel presuponga el anterior y que ninguna conclusión se alcance sin haber superado los filtros que la preceden.[4] Esa estructura no tiene un valor meramente académico. Como advirtió Gimbernat Ordeig, la dogmática penal hace previsible la aplicación del derecho, sustrae la decisión judicial de la improvisación y del azar y, con ello, opera como una garantía de igualdad y de seguridad jurídica.[5] Si esto es cierto respecto de la sentencia, lo es con mayor razón respecto del acto que fija, desde el inicio, el objeto sobre el cual versará todo el proceso.
Podría objetarse que la reforma de 2008 quiso, deliberadamente, aligerar el contenido dogmático de las primeras etapas del procedimiento. El texto constitucional abandonó la exigencia de acreditar el «cuerpo del delito» y la sustituyó por la de contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.[6] En esa línea, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que, para dictar el auto de vinculación a proceso, no es exigible el análisis de los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo, sino que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo aplicable.[7] Una lectura apresurada de este criterio ha llevado a sostener que la teoría del delito carece de lugar en la audiencia inicial y que su empleo debe reservarse para la etapa de juicio.
Esa conclusión confunde dos planos que deben mantenerse separados: el estándar probatorio y el rigor conceptual. Lo que la reforma constitucional y la jurisprudencia citada redujeron es la intensidad de la prueba exigida en las etapas preliminares, no la precisión con que debe identificarse el objeto de la imputación. Para afirmar que existen indicios razonables de un hecho que la ley señala como delito no es necesario probar plenamente cada elemento del tipo, pero sí es indispensable saber cuáles son esos elementos, pues de otro modo no podría determinarse si los datos de prueba se refieren a ellos. El propio ejercicio de «encuadrar» la conducta en la norma es una operación dogmática: supone descomponer el hecho, confrontarlo con la descripción legal y concluir que ambos se corresponden. La Primera Sala lo reconoció así al precisar, en la ejecutoria que dio origen al criterio, que el juzgador debe expresar con claridad el delito y sus agravantes como parte de la clasificación legal de la conducta, según la metodología que elija para adecuar la norma al caso concreto.[8] La jurisprudencia, en suma, no proscribe la dogmática; la presupone y le concede libertad metodológica.
Si la imputación ha de ser jurídicamente orientada, cada categoría de la teoría del delito debe reflejarse en ella de manera concreta. El propio Código Nacional confirma esta lectura cuando, en su artículo 406, exige que en la sentencia condenatoria queden plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica, esto es, el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, y que se argumente por qué el sentenciado no está favorecido por causa alguna de atipicidad, justificación o inculpabilidad.[9] Esa estructura, que el legislador impone al acto que cierra el proceso, es la misma que debe anunciarse, en forma preliminar, en el acto que lo abre. El primer nivel, el de la conducta, obliga al Ministerio Público a definir si atribuye una acción o una omisión. La distinción no es trivial. En los delitos de resultado material, el artículo 7o. del Código Penal Federal, al igual que la generalidad de los códigos de las entidades federativas, sólo permite atribuir el resultado a quien omitió impedirlo cuando tenía el deber jurídico de evitarlo, y precisa las fuentes de ese deber.[10] Una imputación que atribuya a una persona la muerte de otra por no haber actuado, sin expresar de dónde surge su posición de garante, es una imputación incompleta: deja al imputado sin conocer el fundamento mismo de su presunta responsabilidad y lo obliga a defenderse de una omisión cuya relevancia jurídica no se ha explicado.
El nivel de la tipicidad es el que mayor exigencia impone a la formulación de la imputación. La calificación jurídica preliminar a la que alude el artículo 311 no se satisface con la mención del nombre del delito o del número del artículo que lo prevé. Requiere que el relato fáctico contenga, en forma de proposiciones concretas, cada uno de los elementos que la descripción típica exige: la calidad de los sujetos cuando el tipo la requiere, el objeto material, la conducta descrita por el verbo rector, el resultado y su vinculación con la conducta, así como los elementos normativos cuya valoración jurídica o cultural es necesaria para comprender el alcance de la prohibición. Las corrientes contemporáneas añaden la exigencia de que el resultado sea objetivamente imputable a la conducta, esto es, que ésta haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se realice en el resultado y que quede comprendido en el ámbito de protección de la norma.[11] Cuando el Ministerio Público omite alguno de estos elementos en su exposición, el defecto no es formal: el imputado ignora sobre qué extremo deberá concentrar su defensa y el juez carece de un parámetro para contrastar los datos de prueba que posteriormente se le presenten.
Dentro de la tipicidad, el elemento subjetivo merece una mención particular. El artículo 8o. del Código Penal Federal establece que las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente, y el artículo 9o. define ambas formas de comisión.[12] La imputación debe expresar cuál de ellas se atribuye, y no puede hacerlo de manera implícita o alternativa sin afectar la defensa. La consecuencia práctica es considerable: de esa determinación depende la punibilidad aplicable, la procedencia de ciertas soluciones alternas y, en no pocos casos, la procedencia de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional, que distingue, por ejemplo, el homicidio doloso de su forma culposa. Lo mismo ocurre con los elementos subjetivos específicos distintos del dolo, como los ánimos o propósitos que ciertos tipos exigen, y con las circunstancias calificativas, cuya imputación requiere hechos concretos que las sustenten y no la mera invocación de su denominación legal. La premeditación, la ventaja, la alevosía o la traición no son etiquetas que se añaden a un relato; son hechos que deben narrarse, porque sin ellos la agravante es una afirmación vacía.
El grado de ejecución constituye otro aspecto que la teoría del delito obliga a precisar. La distinción entre delito consumado y tentativa, regulada en el artículo 12 del Código Penal Federal, supone determinar en qué momento la conducta exteriorizó la resolución de cometer el delito y por qué el resultado no se produjo.[13] En una imputación por tentativa, la narración debe permitir identificar los actos ejecutivos realizados y la causa ajena a la voluntad del agente que impidió la consumación, pues son precisamente esos extremos los que separan la tentativa punible de los actos preparatorios impunes y del desistimiento. Una imputación que se limite a afirmar que el imputado «intentó» cometer un delito, sin describir el umbral alcanzado, reproduce en el plano procesal la indeterminación que el principio de legalidad proscribe en el plano sustantivo.
La forma de intervención es, quizá, el componente del artículo 311 cuya conexión con la teoría del delito resulta más evidente y, al mismo tiempo, más descuidada en la práctica. El artículo 13 del Código Penal Federal distingue entre quienes acuerdan o preparan la realización del delito, quienes lo realizan por sí, quienes lo realizan conjuntamente, quienes lo llevan a cabo sirviéndose de otro, quienes determinan dolosamente a otro a cometerlo, quienes prestan ayuda o auxilio y quienes, con posterioridad a su ejecución, auxilian al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior.[14] Cada una de estas figuras responde a una construcción dogmática diferenciada; la teoría del dominio del hecho, desarrollada principalmente por Roxin, permite distinguir al autor, que domina la realización típica, del partícipe, que contribuye a un hecho ajeno.[15] La imputación que atribuye a varios sujetos haber «participado» en un hecho, sin especificar el aporte de cada uno ni la figura en que se subsume, impide al imputado conocer si se le reprocha haber dominado el acontecimiento o haber prestado una colaboración accesoria, con todas las diferencias de punibilidad y de estrategia defensiva que ello implica. En los casos de coautoría, la imputación debe además describir el acuerdo común y la división funcional del trabajo; en los de autoría mediata, el instrumento utilizado y el fundamento del dominio sobre él.
Los niveles de la antijuridicidad y de la culpabilidad tienen, en la imputación, una presencia distinta pero no menos relevante. No corresponde al Ministerio Público, en esta etapa, desvirtuar de manera exhaustiva todas las causas de exclusión del delito previstas en el artículo 15 del Código Penal Federal, cuya concurrencia se presume ausente mientras no exista dato que la sugiera. Sin embargo, el artículo 316, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales condiciona la vinculación a proceso a que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o una excluyente del delito.[16] De ahí que, cuando los propios antecedentes de la investigación revelan la posible existencia de una legítima defensa, de un estado de necesidad o de un error invencible, la imputación que los ignora no sólo resulta técnicamente deficiente, sino que expone a la fiscalía a una resolución adversa que pudo prever. El conocimiento de la estructura completa del delito permite al órgano acusador anticipar esas objeciones, depurar la investigación y, en su caso, abstenerse de formular una imputación destinada al fracaso.
La trascendencia de una imputación dogmáticamente correcta se aprecia con mayor nitidez cuando se considera su función delimitadora del objeto del proceso. El artículo 19 constitucional dispone que todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso, y que si en la secuela del proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada. El Código Nacional de Procedimientos Penales desarrolla esa regla en cadena: el auto de vinculación sólo puede dictarse por los hechos que fueron motivo de la imputación, aunque el juez de control puede otorgarles una clasificación jurídica distinta; la acusación sólo puede formularse por los hechos y personas señalados en el auto de vinculación, aunque se efectúe una distinta clasificación; y la sentencia de condena no puede sobrepasar los hechos probados en juicio.[17] La imputación es, así, el primer eslabón de una cadena de congruencia que recorre todo el procedimiento. Los hechos que en ella no se narren difícilmente podrán incorporarse después; los elementos típicos que en ella se omitan se convertirán en un flanco abierto durante la etapa intermedia y el juicio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a esta cadena de congruencia el rango de garantía fundamental del debido proceso. En el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, el tribunal examinó un proceso en el que la persona acusada por violación agravada fue condenada por asesinato, con base en circunstancias que no figuraban en la acusación y sin que hubiera tenido oportunidad de defenderse de ellas. La Corte sostuvo que la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa, y que el principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia, por ser corolario de ese derecho, constituye una garantía fundamental del debido proceso en materia penal.[18] Aunque el criterio se formuló respecto de la acusación y la sentencia, su lógica alcanza con mayor fuerza al acto que da origen a ambas. Si la defensa sólo puede ejercerse frente a una descripción material de la conducta, la calidad de esa descripción en el momento de la imputación condiciona la eficacia de todas las oportunidades de defensa posteriores. Un relato construido sin el auxilio de la teoría del delito no ofrece esa referencia indispensable, pues omite precisamente los datos que, por corresponder a elementos del tipo, serán después objeto de prueba y de debate.
Un ejemplo permite apreciar la diferencia. Supóngase que el Ministerio Público imputa a una persona haber privado de la vida a otra, y que se limita a señalar la fecha, el lugar y el instrumento empleado, para calificar después el hecho como homicidio calificado con ventaja. Esa imputación deja sin respuesta las preguntas que la dogmática obliga a formular: si la muerte se atribuye a título de dolo o de culpa, qué hechos concretos actualizan la ventaja y cuál de las hipótesis legales de esa calificativa se invoca, si el imputado actuó solo o con otros y, en este último caso, cuál fue su aporte. En cambio, una imputación que narra que el imputado, con conocimiento y voluntad de causar la muerte, disparó contra la víctima cuando ésta se encontraba desarmada y sin posibilidad de repeler la agresión, y que precisa que lo hizo por sí y sin intervención de terceros, enuncia en lenguaje fáctico el dolo, el resultado, el nexo de atribución, el sustento de la calificativa y la forma de autoría. Ambas versiones pueden durar lo mismo en la audiencia; sólo la segunda permite al imputado saber de qué se defiende y al juez de control verificar si los datos de prueba se refieren a cada uno de esos extremos.
Esta función delimitadora explica por qué la doctrina procesal ha concebido la imputación como el presupuesto de la defensa. Maier lo expresó con claridad al señalar que el derecho a ser oído carecería de sentido si la persona perseguida no conociera previamente, de manera clara, precisa y circunstanciada, el hecho concreto que se le atribuye, pues sólo puede defenderse de aquello que conoce.[19] La exigencia de precisión, sin embargo, no puede satisfacerse con la sola acumulación de datos fácticos. Un relato puede ser extenso, detallado en fechas y lugares, y aun así carecer de relevancia penal comprensible si no está organizado en torno a los elementos del tipo que se pretende atribuir. La teoría del delito proporciona el criterio de selección: indica qué hechos importan, en qué orden deben exponerse y qué relación debe establecerse entre ellos para que la narración tenga sentido jurídico.
Desde la perspectiva de la litigación oral, esta idea coincide con la noción de teoría del caso. La imputación constituye la primera versión pública de la teoría del caso del Ministerio Público, y como toda teoría del caso se integra por un componente fáctico, un componente jurídico y un componente probatorio. Baytelman y Duce han explicado que la teoría jurídica sólo se vuelve operativa cuando se traduce en proposiciones fácticas, esto es, en afirmaciones de hecho que, de ser creídas, satisfacen un elemento de la norma invocada.[20] Ese tránsito del elemento normativo a la proposición fáctica es, en esencia, un ejercicio de teoría del delito aplicado al litigio. Una fiscalía que formula la imputación a partir de esa metodología no sólo cumple con el artículo 311; construye desde el inicio la estructura que habrá de sostener su acusación y su alegato final, y reduce el riesgo de que el proceso se desvíe hacia hechos o calificaciones que no fueron debidamente comunicados.
La teoría del delito cumple también una función esencial para la defensa. El defensor que recibe una imputación debe evaluar, en un lapso breve, si los hechos narrados configuran efectivamente el delito atribuido, si la forma de intervención corresponde al aporte descrito, si existen datos que sugieran una causa de exclusión y si la calificación propuesta es la que técnicamente procede. Esa evaluación sólo es posible con un dominio sólido de las categorías dogmáticas. Es también la que le permite ejercer con eficacia la facultad, prevista en el propio artículo 311, de solicitar al juez de control que requiera al Ministerio Público aclaraciones o precisiones. Esta facultad, con frecuencia subutilizada, es el mecanismo procesal mediante el cual la teoría del delito se incorpora al debate desde la primera audiencia: la defensa que advierte la ausencia de un elemento típico, la indeterminación de la forma de intervención o la falta de expresión del elemento subjetivo puede exigir que se subsane antes de que el imputado decida si declara, si se acoge a su derecho a guardar silencio o si solicita la duplicidad del plazo constitucional.
Al juez de control corresponde, por su parte, la tarea de garantizar que la imputación cumpla su función. Su intervención no consiste en sustituir al Ministerio Público en la construcción del caso, lo que comprometería la distribución de funciones propia del sistema acusatorio, sino en verificar que el acto de comunicación satisfaga las exigencias legales y constitucionales. El artículo 316 le permite otorgar a los hechos una clasificación jurídica distinta de la propuesta por la fiscalía, con la obligación de hacerla saber al imputado para los efectos de su defensa.[21] Esa facultad sólo puede ejercerse con responsabilidad si el juzgador domina la estructura del delito, pues la reclasificación supone reconocer que los mismos hechos satisfacen los elementos de un tipo distinto. Así entendida, la teoría del delito no es un instrumento al servicio de una de las partes, sino un lenguaje común que hace posible el contradictorio y que permite a todos los intervinientes discutir sobre una base racional y verificable.
Los efectos de una imputación deficiente se proyectan, por último, sobre la eficacia misma del sistema. Las imputaciones vagas generan autos de vinculación frágiles, que son impugnados con éxito en apelación o en amparo; propician acusaciones que no guardan congruencia con los hechos vinculados; obligan a reclasificaciones tardías que alteran la estrategia de las partes; y, en el peor de los casos, conducen a sentencias que se anulan por violación al derecho de defensa. Cada uno de estos desenlaces implica un costo para las víctimas, que ven postergada la resolución de su caso, para los imputados, que permanecen sujetos a un proceso cuyo objeto no conocen con certeza, y para la credibilidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Una inversión de rigor dogmático en el momento inicial produce, en cambio, procesos más ordenados, debates más claros y resoluciones más estables. La teoría del delito, lejos de ser un lujo académico, se revela como una herramienta de eficiencia institucional.
Esta perspectiva interesa también a la víctima u ofendido, cuya posición en el proceso acusatorio no es la de un mero espectador. El artículo 20, apartado C, de la Constitución le reconoce, entre otros, los derechos a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban los datos o elementos de prueba con los que cuente y a que se le repare el daño.[22] Una imputación que no recoge con precisión los elementos del delito y las circunstancias que lo agravan compromete, desde el inicio, la posibilidad de que el hecho sea juzgado en toda su dimensión. Si la calificativa no se narra, si la forma de intervención de cada partícipe no se describe o si el elemento subjetivo se deja indeterminado, la víctima corre el riesgo de que el proceso concluya con una condena por un hecho de menor gravedad que el realmente ocurrido, o con una absolución derivada de una falla técnica que pudo evitarse. El rigor dogmático en la imputación no es, por tanto, una exigencia que favorezca exclusivamente al imputado; es una condición de la tutela judicial efectiva para todas las partes, y una forma concreta de honrar el principio, consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución, de que el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
No se pretende con ello que la audiencia inicial se convierta en un juicio anticipado ni que el Ministerio Público deba exponer, en la imputación, un tratado de dogmática penal. La oralidad impone concisión y la etapa de investigación tolera un grado razonable de provisionalidad, como lo reconoce la propia expresión «calificación jurídica preliminar». Lo que se exige es que esa provisionalidad no se confunda con indeterminación. La imputación puede ser breve y, al mismo tiempo, completa, si está construida de manera que cada proposición de hecho corresponda a un elemento del delito y que ningún elemento quede sin su correspondiente sustento fáctico. Esa síntesis sólo es posible cuando quien la formula ha realizado previamente, en el trabajo de gabinete, el análisis escalonado que la teoría del delito propone: conducta, tipicidad objetiva y subjetiva, grado de ejecución, forma de intervención y ausencia aparente de causas de exclusión.
En conclusión, la teoría del delito constituye el presupuesto metodológico y garantista de la formulación de la imputación. Metodológico, porque proporciona al Ministerio Público el método para transformar un acontecimiento en un hecho jurídicamente relevante y para comunicarlo de manera ordenada, completa y verificable. Garantista, porque sólo una imputación así construida satisface el derecho constitucional y convencional del imputado a conocer de manera detallada los hechos que se le atribuyen y su significado jurídico, y porque sólo ella permite al juez de control ejercer un control efectivo sobre el acto que fijará el objeto de todo el proceso. La reforma de 2008 redujo el estándar probatorio de las etapas preliminares, pero no autorizó la imprecisión. Al contrario, al colocar la imputación en el centro de la audiencia inicial y al vincular a ella la congruencia de todo el procedimiento, elevó la exigencia de que el primer acto de la persecución penal sea, también, el más cuidadosamente construido. Reconocer esta realidad y actuar en consecuencia es una responsabilidad compartida por fiscales, defensores y jueces, y constituye una de las condiciones para que el sistema acusatorio mexicano cumpla la promesa de justicia con la que fue concebido.
Etiquetas y Temas Relacionados:
#AdrianaAliciaRodríguezAzuara #AbogadoPenalista
#DerechoPenal #Tipicidad
#TeoríadelDelito #Antijuricidad
#ImputaciónObjetiva #Culpabilidad
#DogmáticaPenal #RiesgoPermitido
Ciencias Penales Prohibición de Regreso
Nexo Causal
[1]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, artículos 307 a 311.
[2]Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 311. La oportunidad para formular la imputación a personas detenidas y en libertad se regula, respectivamente, en los artículos 309 y 310 del mismo ordenamiento.
[3]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado B, fracciones III y VIII; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.2, incisos b y c.
[4]Hans Welzel, Derecho penal alemán. Parte general, 11a. ed., trad. de Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Pérez, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1970; Claus Roxin, Derecho penal. Parte general, t. I, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, trad. de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Madrid, Civitas, 1997.
[5]Enrique Gimbernat Ordeig, «¿Tiene un futuro la dogmática jurídicopenal?», en Estudios de derecho penal, 3a. ed., Madrid, Tecnos, 1990, pp. 140 y ss.
[6]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19, primer párrafo; Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 316, fracción III.
[7]Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de título y subtítulo «Auto de vinculación a proceso. Para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable (nuevo sistema de justicia penal)», Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, registro digital 2014800, derivada de la contradicción de tesis 87/2016.
[8]Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, contradicción de tesis 87/2016, y comunicado de prensa número 023/2017, de 1 de febrero de 2017, relativo a los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso.
[9]Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 406, párrafos séptimo a noveno.
[10]Código Penal Federal, artículo 7o., párrafos segundo y tercero, conforme a los cuales el resultado se considera consecuencia de una conducta omisiva cuando quien omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.
[11]Claus Roxin, Derecho penal. Parte general, t. I, cit., en el apartado relativo a la imputación al tipo objetivo; Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho penal. Parte general, 10a. ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.
[12]Código Penal Federal, artículos 8o. y 9o.; véase también el artículo 60 del mismo ordenamiento, que establece el régimen de punibilidad de los delitos culposos y su catálogo de procedencia.
[13]Código Penal Federal, artículo 12, que exige para la tentativa la exteriorización de la resolución de cometer un delito mediante actos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo, cuando aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.
[14]Código Penal Federal, artículo 13, fracciones I a VIII, y artículo 64 bis, que establece la punibilidad atenuada aplicable a determinadas formas de participación.
[15]Claus Roxin, Autoría y dominio del hecho en derecho penal, trad. de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, 7a. ed., Madrid, Marcial Pons, 2000.
[16]Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 316, fracción IV; Código Penal Federal, artículo 15, fracciones I a X.
[17]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19; Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 316, párrafos finales, 335, último párrafo, y 407.
[18]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 20 de junio de 2005, Serie C, núm. 126, párrafos 67 y 68.
[19]Julio B. J. Maier, Derecho procesal penal, t. I, Fundamentos, 2a. ed., Buenos Aires, Editores del Puerto, 1996.
[20]Andrés Baytelman A. y Mauricio Duce J., Litigación penal. Juicio oral y prueba, Santiago, Universidad Diego Portales, 2004, en el capítulo dedicado a la teoría del caso.
[21]Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 316, penúltimo párrafo; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, jurisprudencia 1a./J. 30/2020 (10a.), de título y subtítulo «Modificación de la calificación del hecho delictivo materia de la imputación. La facultad del juez de control al dictar auto de vinculación a proceso, no vulnera el principio de imparcialidad, en su vertiente de distribución de funciones (interpretación del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales)», Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 79, octubre de 2020, Tomo I, p. 204, registro digital 2022168, derivada de la contradicción de tesis 190/2019.
[22]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado C, fracciones II y IV.
