Comunicado 38 / 2026
Ciudad de México, 09 de noviembre de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifiesta su respaldo y solidaridad con el doctor Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, quien se desempeñaba como titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, tras la resolución emitida por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 158/2025-OJ-V (antes 76/2025-V).
En dicho fallo, aprobado por mayoría del TDJ el 29 de septiembre de 2026, el órgano disciplinario impuso al juez, con casi veinticinco años de trayectoria judicial, una sanción consistente en inhabilitación temporal por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la cual lleva implícita la destitución inmediata del cargo que ocupaba.
JUFED expresa con profunda preocupación la posibilidad de que a partir de esta resolución se refuerce un ánimo represor que, con sanciones definitivas hacia personas juzgadoras de carrera judicial, genere un clima de incertidumbre y zozobra que de alguna manera socave la independencia judicial. Más aún cuando este procedimiento estuvo precedido por señalamientos y descalificaciones públicas emitidas desde las conferencias matutinas de la titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que genera la sospecha de que el Tribunal de Disciplina Judicial esté actuando por consigna política, atendiendo a intereses de esa índole y no bajo parámetros de imparcialidad e independencia.
Es inadmisible que la decisión de separar de sus funciones al juez Sergio Alberto Sigales derive de un ejercicio estrictamente interpretativo y de arbitrio judicial en la conducción de audiencias de procedimiento abreviado durante el año 2022, en las que privilegió el debido proceso, el principio pro persona y la tutela de los derechos humanos vinculados a la libertad personal frente a medidas restrictivas como la prisión preventiva oficiosa, cuando la propia resolución reconoce que no existió daño patrimonial alguno, ni beneficio personal, ni antecedentes de desempeño irregular en su expediente.
Criminalizar o sancionar administrativamente con la máxima severidad la labor interpretativa, la sana crítica y el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional envía un mensaje intimidatorio a todas las personas juzgadoras federales del país y socava los cimientos de la independencia judicial.
JUFED refrenda su acompañamiento irrestricto al juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido en la defensa de sus derechos humanos, laborales y profesionales frente a esta determinación, y reitera que defender la autonomía y la estabilidad de quienes imparten justicia es defender el Estado de derecho y las garantías de toda la sociedad mexicana.
ATENTAMENTE
DIRECTIVA NACIONAL JUFED
2026-2027
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