Compañías compartían socios y representantes legales, pero competían por separado
Funcionarios en activo también obtuvieron favores del Instituto Nacional Electoral
Con información de Cámara de Diputados, Infobae, El Universal y El País
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer avances de la investigación que lleva a cabo en el escándalo de la red de corrupción y conflictos de interés entre la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), y del resultado de tales indagaciones resulta la existencia de contratos del INE que ascienden a 8 mil 870 millones de pesos con diversas entidades públicas, principalmente electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de varios estados, de 2014 a 2026.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, informó que se inició un proceso de investigación por presuntas irregularidades en las operaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), entre 2014 y 2026.
Señaló que esto comprende a todos los OPLES del país, dependencias gubernamentales, a las empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar relacionadas con esto.
Dijo que se detectó que dos grupos empresariales concentraron contratos. La investigación comprende también a todos los organismos públicos locales, electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.
Se observaron actividades en la estructura y operación de estas empresas, tales como operaciones entre sociedades de los mismos grupos, es decir, la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados. Se detectaron registros laborales reducidos o nulos, es decir, empresas que a pesar de facturar cientos de millones cuentan con menos de cinco trabajadores y en algunos casos, ninguno, informó.
Las investigaciones de la ASF abarcan a todos los organismos públicos locales electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.
De acuerdo con el informe, los OPLE que han signado contratos con estas empresas son el de Veracruz, con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, 370.3 millones; Coahuila, 306.3 millones; Puebla, 286.6 millones; Nuevo León, 253.9 millones; Baja California, 223.3 millones; Aguascalientes, 211 millones; Estado de México, 163.7 millones; Jalisco, 159.5 millones, y Yucatán, 151.1 millones.
Los resultados de la auditoría se harán públicos en febrero de 2027, pero El Universal tuvo acceso a la misma. Destacan contratos con empresas fantasma o de reciente creación. La ASF detectó que, con el presupuesto de 2025, el INE otorgó más de 21 millones de pesos en contratos a 10 empresas que tenían menos de un año de haber sido constituidas.
La indagatoria revela casos graves de conflicto de interés, toda vez que se detectó que 57 personas físicas obtuvieron contratos del INE al mismo tiempo que ejercían como funcionarios activos.
Se descubrió que 131 proveedores del INE omitieron publicar sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y pese a ello se les continuó dando contratos.
Por su parte, el contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, aseguró que, en los últimos 15 años, 77% del monto total de los contratos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) han sido otorgados a un grupo de empresas que “han concentrado 2 mil 461 millones de pesos”. Reiteró que las empresas son Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas finas y materiales y Seriplast de México.
Carvente Contreras acudió ante la Cámara de Diputados para dar cuentas del perjuicio que supuso el escándalo de presunta corrupción que llevó a la renuncia de Guadalupe Taddei por sus acuerdos con el contratista José Alfredo Hernández Casillas. Los nombres de empresas y las cifras desfilaron en la presentación del contralor.
Cinco compañías vinculadas entre sí simularon competir, de acuerdo con el reporte del OIC, durante casi una década para obtener contratos de material electoral por 2,461 millones de pesos en 27 Organismos Públicos Locales (OPLE). La presentación ha confirmado que el organismo fiscalizador conocía desde mayo las irregularidades que comprometían la gestión de Taddei.
Carvente describió una ruta dolosa que apunta a cinco empresas. Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México aparecen en las pesquisas como compañías que compartían socios y representantes legales, pero competían por separado.
“Estamos ante un escenario de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”, ha dicho el contralor. Entre los vínculos mencionados figura Hernández Casillas, relacionado con Cajas Graf y Seriplast. Otros representantes, entre ellos el hermano del contratista favorito de Taddei, aparecen en varias de las compañías. La hipótesis que investiga el órgano de control es que esa estructura permitió presentar una apariencia de competencia en procedimientos que debían garantizar condiciones de igualdad para los proveedores.
Esos 2,461 millones de pesos de los contratos obtenidos por las cinco compañías se dieron entre 2014 y 2025 en 27 organismos electorales locales. El grupo concentró el 77% del mercado, ha dicho el funcionario. De esa cifra, en el periodo de 2021 a 2025, el monto de contratos identificado para dichas firmas asciende a 1,088 millones de pesos.
Entre los casos señalados figura un contrato superior a 48 millones de pesos adjudicado a Comercializadora JVLY para operar el sistema de voto electrónico desde el extranjero. Según Carvente, la documentación fiscal y las opiniones de cumplimiento presentadas supuestamente por la empresa correspondían en realidad a otra compañía, una inconsistencia que encendió las alarmas de los auditores.
