La evaluación 2026 del World Justice Project revela un deterioro sostenido en México, con especial afectación en la justicia penal, los límites al poder gubernamental y la justicia civil. El país obtuvo 0.39 puntos, por debajo del promedio mundial de 0.55.
México se colocó como el cuarto país con mayor retroceso en el Índice de Estado de Derecho 2026, elaborado por el World Justice Project (WJP), al descender hasta el lugar 125 de un total de 143 países y jurisdicciones evaluados. La posición representa una pérdida de cuatro lugares respecto de la edición anterior y confirma el deterioro de la puntuación nacional en los últimos años.
De acuerdo con la ficha de México publicada por el organismo internacional, el país obtuvo una calificación general de 0.39 en una escala de cero a uno, en la que cero representa la menor adhesión al Estado de derecho y uno la mayor. Esta cifra se encuentra por debajo del promedio global, situado en 0.55, y refleja una tendencia descendente: en 2021, México registró 0.43 puntos, frente a 0.39 en 2026, lo que representa una disminución de 8.4 por ciento en el periodo.
El retroceso mexicano se produce en un contexto internacional de debilitamiento de las instituciones jurídicas. El informe global del WJP señala que, por noveno año consecutivo, los retrocesos en el Estado de derecho superan a las mejoras. En la edición 2026, 62 por ciento de los países evaluados registró un deterioro, frente a 38 por ciento que presentó avances.
La justicia penal, entre los resultados más desfavorables
Uno de los datos más preocupantes para México corresponde al factor de justicia penal, en el que obtuvo apenas 0.22 puntos y se ubicó en el lugar 139 de 143 países. La puntuación de este componente cayó 21.2 por ciento entre 2021 y 2026, la disminución más pronunciada entre los ocho factores evaluados en la ficha nacional.
Este apartado considera aspectos como la eficacia de las investigaciones, la oportunidad de las resoluciones judiciales, el funcionamiento del sistema penitenciario, la imparcialidad de la justicia penal, la ausencia de corrupción y el respeto al debido proceso y los derechos de las personas acusadas. Los resultados evidencian los desafíos que enfrenta el país para garantizar un sistema de justicia penal eficaz, imparcial y respetuoso de las garantías procesales.
La justicia civil tampoco presenta un panorama favorable. México obtuvo 0.34 puntos y ocupó el lugar 135 de 143 países, con una disminución de 7.6 por ciento respecto de 2021. El indicador comprende el acceso a la justicia, la ausencia de discriminación y corrupción, la independencia frente a influencias gubernamentales indebidas, la duración razonable de los procedimientos y la ejecución efectiva de las resoluciones.
Debilitamiento de los contrapesos y rezagos en seguridad
Otro de los rubros con mayor deterioro fue el de límites al poder gubernamental, cuya puntuación descendió 11.6 por ciento durante el periodo analizado, hasta alcanzar 0.39 puntos. México ocupó el lugar 109 mundial en este componente, que examina, entre otros aspectos, los controles legislativos y judiciales sobre el poder, la supervisión independiente, las sanciones por conductas indebidas de funcionarios y los mecanismos de vigilancia no gubernamentales.
En materia de ausencia de corrupción, el país obtuvo 0.26 puntos y se situó en el lugar 135 de 143. El indicador examina la utilización del poder público para obtener beneficios privados en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, así como en las instituciones policiales y militares. Este resultado coloca a la corrupción entre los rezagos estructurales más importantes de México en la medición internacional.
En el factor de orden y seguridad, la calificación nacional fue de 0.50 puntos, con el lugar 132 mundial. Aunque la puntuación descendió 5.7 por ciento desde 2021, el resultado mantiene a México entre los países con mayores dificultades en esta dimensión, que considera el control efectivo de la delincuencia, la contención de los conflictos civiles y la ausencia de violencia para resolver agravios.
Los derechos fundamentales también registraron un retroceso. México obtuvo 0.46 puntos, una disminución de 6.4 por ciento en cinco años, y ocupó el lugar 96 de la clasificación mundial. El componente incluye igualdad de trato, seguridad, debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, privacidad, libertad de reunión y asociación, así como derechos laborales fundamentales.
Gobierno abierto, el componente mejor posicionado
Entre los ocho factores analizados, el gobierno abierto constituye el mejor resultado relativo de México. El país alcanzó 0.54 puntos y ocupó el lugar 57 de 143 naciones, aunque su puntuación disminuyó 9.9 por ciento desde 2021.
Esta dimensión considera la publicidad de las leyes y los datos gubernamentales, el derecho de acceso a la información, la participación ciudadana y los mecanismos para presentar quejas. Su posición comparativamente más favorable no elimina, sin embargo, el deterioro registrado durante el periodo de cinco años.
En cuanto a la aplicación de las regulaciones, México obtuvo 0.41 puntos y se ubicó en el lugar 118 mundial, con una disminución de 6.1 por ciento desde 2021. Este rubro examina la aplicación efectiva de las normas, la ausencia de influencias indebidas, los plazos razonables en los procedimientos administrativos y el respeto al debido proceso.
Una evaluación que evidencia a las instituciones
El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project constituye una referencia internacional para examinar el funcionamiento de las instituciones, la vigencia de los derechos y la capacidad de los sistemas de justicia para ofrecer respuestas imparciales y efectivas. Su metodología contempla ocho dimensiones que permiten observar tanto las fortalezas como las debilidades institucionales de cada país.
En el caso mexicano, la caída hasta el lugar 125 de 143, el resultado general de 0.39 puntos y el deterioro acumulado desde 2021 plantean interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control del poder, el combate a la corrupción, la seguridad pública y el acceso a la justicia. La posición internacional, por sí sola, no explica las causas de cada retroceso, pero los resultados desagregados permiten identificar con precisión los ámbitos que requieren atención.
La evaluación 2026 deja así una señal de alerta para las autoridades y para los operadores jurídicos: fortalecer el Estado de derecho exige instituciones sujetas a controles efectivos, procedimientos judiciales oportunos, garantías procesales y mecanismos capaces de asegurar que las normas se apliquen sin discriminación ni influencias indebidas.
Fuente: World Justice Project, WJP Rule of Law Index 2026, ficha de México. Consulta de resultados y metodología: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2026/Mexico
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