La gobernadora Rocío Nahle encabeza una sesión del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), de cuyo Consejo Directivo es la Presidenta.
*Ordena arresto de José Manuel Pozos del Ángel si el 28 de octubre no paga y reinstala trabajadores
*Les serían aplicables a ambos los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo
El Poder Judicial Federal ordena que el gerente del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), José Manuel Pozos del Ángel, termine con subterfugios y evasivas en el cumplimiento de un laudo laboral para reinstalar a trabajadores en los puestos en que fueron despedidos y les pague el adeudo, o deberá ser arrestado.
A esta suerte fue vinculada la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, en caso de que su subalterno siga incumpliendo tal orden y, en un caso extremo, ambos serían destituidos de los cargos de director y titular del Poder Ejecutivo de Veracruz.
La fecha límite que establece el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, dentro del expediente 5/2026 es el 28 de octubre de este año.
El apercibimiento a Pozos del Ángel deriva de que se niega a cumplir la sentencia dictada a favor de 8 trabajadores del Invivienda que fueron despedidos en el año 2009. Tal resolución ordenó al organismo a reinstalarlos y pagarles. El juicio, en este momento, se encuentra radicado en la Junta Especial Número Siete, y es el 187/III/2009-V-VII.
El laudo definitivo se dictó en las postrimerías del gobierno que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, pero ni Cuitláhuac García ni Rocío Nahle lo hubieron acatado.
El juicio ha sido patrocinado por el Despacho Viades, Llanes y Asociados, uno de los bufetes más importantes en materia laboral, que hace algunos años llevó a un caso donde una autoridad judicial federal vinculó al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, con la posibilidad de ser destituido.
En 2025, los trabajadores promovieron una demanda de amparo indirecto, que se radicó ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con sede en Xalapa bajo el número 922/2025. El juez federal forzó a la Junta a actuar de inmediato, pero no avanzó más. Sólo de manera recurrente, acudieron los trabajadores con un actuario a requerir que los reinstalaran y pagaran, pero sus gestiones, respaldadas por la ley, fueron repetidamente burladas.
En manos de José Manuel Pozos del Ángel, Invivienda ha seguido la tónica de sus antecesores panistas y morenistas, argumentando que “no tiene espacio” en donde poner a los trabajadores, y que se encuentra haciendo “trámites” ante la Secretaría de Finanzas (Sefiplan).
Los trabajadores promovieron un Recurso de Revisión ante la ineficacia del juez de Distrito, por lo que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, el cual consideró que está siendo violentado el derecho de acceso a la justicia de los trabajadores, ya que Invivienda ha impulsado recursos e incidentes sin sentido, y ha actuado con simulación.
Por su parte, la Junta de Conciliación ha actuado en aras de paralizar la ejecución de un fallo, lo cual conculca Derechos Humanos.
Ahora, el Poder Judicial Federal definió que, si continúa el desacato, se usaran medios de apremio como el arresto. Así pues, forzada por el PJF la Junta de Conciliación y Arbitraje tuvo que apercibir a José Manuel Pozos del Ángel para que el 28 de octubre reinstale y pague a trabajadores dado que, en caso contrario, “…se hará efectivo el medio de apremio…consistente en arresto por treinta y seis horas…”
El 14 de octubre pasado el juez federal vinculó al cumplimiento de la sentencia de amparo a la Gobernadora del Estado. Apercibió -de entrada- con una multa, pero precisó que la vinculación se realizaba en términos de los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo.
Tales artículos de la Ley de Amparo se refieren al cumplimiento de las sentencias de amparo y a las consecuencias legales cuando las autoridades no las cumplen debidamente.
El 193 señala que las consecuencias, que incluyen multas y, bajo los requisitos legales, la separación del cargo de las personas titulares responsables.
El artículo 197 amplía la obligación de cumplimiento, de la autoridad directamente señalada como responsable, hacia todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia. En este caso, la superior jerárquico de Pozos del Ángel es Rocío Nahle, quien además es la presidenta del Consejo Directivo de ese Instituto.
