Reflexiones sobre la audiencia
Martha Magaña
Jueza cesada
Madrid, España, 15 de octubre de 2026.- La audiencia comenzó 8 minutos más tarde de lo esperado por que el enlace que nos proporcionaron no me permitía el acceso a mí ni a mi abogado, se enviaron los correos respectivos para avisar de esa situación y fue solucionada.
Al iniciar la grabación solicité que la audiencia fuera pública y pedí se permitiera el acceso de los medios de comunicación y las personas que estaban esperando afuera del edificio; sin embargo, se me negó. No estuvieron presentes la secretaria ejecutiva ni los integrantes de la comisión, lo cual pedí se hiciera constar en el acta, finalmente entregue mi informe que contiene las razones de mi defensa e hice unas manifestaciones:
Reiteré que la independencia judicial, que es un derecho de todas las personas, establece que ningún juez o jueza puede ser sancionado solo por el sentido de sus decisiones. No estar de acuerdo con una resolución no basta para convertirlo en una falta disciplinaria.
Mi resolución no fue un desafío al presidente de la República ni a su bancada. Fue el ejercicio de mi deber como jueza: proteger los derechos de las personas frente a los actos de autoridad.
Las cuestiones jurisdiccionales deben atacarse a través de los recursos que la ley prevé, tal como se establece en los estándares internacionales a los que el propio Tribunal de Disciplina Judicial hace referencia en su taller de capacitación.
Admitir y conceder suspensiones durante mi encargo como jueza federal era parte de mis funciones. La diferencia, con la que ahora genera este procedimiento, fue su relevancia nacional: se interponía en el propósito de los legisladores de publicar la reforma constitucional el 15 de septiembre de 2024.
Para ellos, esa fecha representaba un hecho histórico. Para mi como jueza, la urgencia de cumplir ese propósito no podía determinar el sentido de una resolución. Menos aún cuando estaba en juego la modificación de todo un sistema de justicia: su estructura, la forma de designar a sus integrantes y el derecho de las personas a contar con juezas y jueces independientes.
Este procedimiento va más allá de mi caso y lo hemos visto en estos días que la ciudadanía, la academia, las barras de abogados, Jueces y Juezas han puesto el tema en la agenda de comunicación a nivel nacional: Si jueces y juezas temen recibir una sanción por proteger derechos frente al poder, ¿quién protegerá a la ciudadanía? Hoy decenas de jueces y juezas federales de carrera judicial están en mi misma situación.
