Comunicado 34 / 2026
Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresa su preocupación ante el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el cual reforma diversas disposiciones transitorias del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) para que entre en vigor hasta el 1 de abril de 2030, de manera automática y obligatoria, implementando medidas provisionales de operación.
A tres años de la expedición de este ordenamiento, cuyo propósito fundamental era unificar y agilizar los criterios procesales sin que hubiera dispersión, priorizando justicia digital, sigue habiendo pendientes y sin darle la importancia que merece la justicia, ya que la prórroga demuestra que existe una crisis operativa institucional. Lejos de consolidar un sistema de vanguardia, el dictamen reconoce que las entidades federativas y los poderes judiciales carecen de las condiciones presupuestales, tecnológicas y de infraestructura necesarias.
El retraso de casi tres años demuestra también, que la curva operativa y la expulsión del 60% de juzgadoras y juzgadores locales calificados, producto de la reforma judicial, ha provocado un serio bache en la continuidad institucional, obligando al Congreso a posponer una transición que debió planificarse con rigor técnico, con personal especializado y no con ocurrencias políticas.
JUFED insiste en que el desplazamiento y la salida masiva de juezas, jueces y operadores jurídicos con experiencia y alta especialización, que fueron removidos de sus cargos, reconocido incluso por el presidente de la Comisión de Justicia, Senador del oficialismo, Javier Corral, pone de manifiesto que la curva de aprendizaje obliga ahora a aplazar las mejoras al sistema de impartición de justicia civil y familiar, el cual concentra cerca del 70% de los expedientes en los tribunales locales, vulnerando el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa y expedita, evidenciando que al régimen parecería no importarle si los ciudadanos acceden o no a la justicia en condiciones de profesionalismo.
El dictamen legislativo reconoce que la implementación que sugiere requiere de una suficiencia presupuestaria importante (con estimaciones que superan los 10 mil millones de pesos a nivel nacional) y que los poderes judiciales locales destinan porcentajes muy bajos de sus recursos, por lo que se ajustan los calendarios para planificar las erogaciones fiscales entre 2027 y 2030.
Resulta un contrasentido que, mientras se presumía la llegada de la modernización, la unificación de plazos y las ventajas del expediente digital y los juicios orales, hoy la realidad demuestra que la improvisación se ha implementado como método de trabajo. Las decisiones que se han tomado, sólo confirman que la justicia civil y familiar está pagando las consecuencias de haber ignorado la experiencia acumulada que generaba la carrera judicial.
ATENTAMENTE
DIRECTIVA NACIONAL JUFED
2026-2027 –000–
