Legalmente podía suspendérsele por 6 meses: lleva un año
Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifiesta su indignación ante la decisión del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de dar vista a la Fiscalía General de la República del caso del doctor Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima.
Lo que inició como un procedimiento de responsabilidad administrativa (Expediente OIRA/136/2025 / 76/2025-V) podría trasladarse al ámbito penal. Llevar las diferencias de criterio jurisdiccional a ese terreno, representa una clara maniobra de persecución institucional, con toda la maquinaria del Estado, en contra personas juzgadoras de carrera judicial. Este paso hacia la vía penal muestra la pérdida total de neutralidad por parte del órgano disciplinario, enviando un mensaje directo e intimidatorio a quienes ejercen la función de juzgar.
El juez Sigales Obrador Garrido se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones desde hace casi un año, habiendo vencido con exceso el plazo máximo de seis meses que la propia normativa fija para este tipo de medidas provisionales. Que el organismo encargado de vigilar la disciplina mantenga a un juzgador apartado de su cargo en abierta contravención a la ley no sólo evidencia arbitrariedad, sino que demuestra que el TDJ actúa al margen del Estado de derecho.
Haciendo un recuento de las irregularidades que han rodeado este caso, se debe recordar que la medida cautelar provisional fue dictada originalmente por una Comisión de Investigación que carecía de atribuciones legales para ello. Además, dicha actuación se consumó inmediatamente después de una petición por escrito de la Presidencia de la República, reconocida públicamente por la titular del Ejecutivo federal al admitir el envío de una carta a la Corte y al Tribunal de Disciplina tras la liberación de un imputado, lo que confirma que las decisiones del TDJ responden a instrucciones políticas y no a la legalidad.
La existencia de la denuncia penal promovida por el propio TDJ se ocultó deliberadamente y sólo se conoció cuando la defensa del juez tuvo acceso formal a la acusación. Del mismo modo, las autoridades han omitido responder a las reiteradas solicitudes presentadas el 22 de abril y el 6 de octubre de 2026 para obtener las actas y justificaciones de la sesión del 30 de octubre de 2025, bloqueando deliberadamente el acceso a la información defensiva. La presión institucional culminó el pasado 22 de septiembre de 2026 cuando, mediante el acuerdo AJ/SECCSOJ/UCNSJP/56/2026, se habilitó de manera exprés a un juez de control con residencia en Tepic, Nayarit, para resolver la formulación de imputación en la causa penal 104/2026 seguida contra el juez Sigales en Colima.
JUFED reafirma su solidaridad y respaldo al juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido y pide el cese de las acciones de amedrentamiento penal y de la persecución política en contra personas juzgadoras de carrera judicial. Defender la libertad e independencia de juezas y jueces, magistradas y magistrados es defender las garantías fundamentales de toda la sociedad mexicana.
ATENTAMENTE
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